El juez sienta en el banquillo por un fraude de 2,5 millones al exlíder de Vox en Andalucía

El juez en excedencia Francisco Serrano, que fue líder de Vox Andalucía y candidato de este partido en las autonómicas de 2015 y 2018, será juzgado, junto a sus dos socios, por un delito de fraude en subvenciones públicas y estafa por el presunto desvío de 2,5 millones de euros.

Terminada la instrucción, el juez ha decidido procesar a Serrano, junto a sus socios Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, por una ayuda que pidieron al Ministerio de Industria para montar una fábrica de pellet. El magistrado considera que se concertó junto a sus dos socios “sin la debida solvencia” para pedir esta subvención pública que finalmente fue destinada a “fines distintos” a la construcción de esa fábrica, que nunca llegó a ponerse en marcha.

La investigación se inició hace dos años tras la denuncia del líder de Facua, Rubén Sánchez, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. En el auto, al que tuvo acceso este periódico, el juez Juan Gutiérrez Casillas sostiene que “se concertaron en el año 2016 con el propósito de obtener, sin la debida solvencia, un préstamo Reindus, cuyo importe (2,4 millones de euros) se ha destinado a fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla”.

En el auto, el juez refleja que los investigados "conocen de la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia" porque así son informados por Ecobanca, que los asesora en el proceso. "Por ello, constituyen la empresa no ajustándose a la realidad", señala el auto de procesamiento. "La aportación a los fondos propios de la sociedad que realizan Serrano Abogados y Don Enrique Pelegrín Díaz además de 7.000 euros, son respectivamente un secadero rotativo (que valoran en 742.800 €) y tres granuladoras (que valoran en 495.200 €). Afirman en la escritura pública que le pertenecen por justo y legitimo título que nada se adeuda por su adquisición y que dejo unida a esta matriz la factura de compra. Esta maquinaría nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que la declaración no era ajustada a la verdad. Las facturas proforma incorporadas son presupuestos de la empresa Wood Sims, pero la venta no se llegó a efectuar nunca", advierte el auto. El juez concluye que "con dicha inclusión se pretende dar imagen de solvencia y poseer unos fondos propios no reales que faciliten acceder a la subvención Reindus".

Préstamos a clientes

Además para pedir la ayuda indican que el suelo donde se construirá la fabrica ha sido cedido por el Ayuntamiento de Niebla bajo una concesión administrativa de suelo de 30 años, "lo que no tampoco se ajusta a la realidad". En diciembre de 2016 se concede el préstamo por importe de 2.489.000 euros, estableciendo un plazo para las inversiones de 18 meses.

Esa ayuda fue destinada a fines no comprendidos en las condiciones del préstamo del Ministerio de Industria. La instrucción concluye que se destinan 82.500 euros y 114.500 euros en un préstamo a un cliente de Serrano Abogados que estaba necesitado de financiación. Serrano y sus socios, sostiene el instructor, se reunieron en distintas ocasiones con este cliente y "tenían conocimiento de que el dinero se iba a destinar a pagar deudas de las empresas del prestatario". "El préstamo ha sido devuelto, en un importe de 230.150 euros con los intereses", advierte el auto.

El dinero se destina además a formalizar préstamos a empresas del exlíder de Vox en Andalucía como “XYZ”, Comunicaciones Serrano Abogados y Serralba y se constituyen otras empresas. También hay un préstamo de 30.000 euros a Serano Abogados "no devuelto". El juez advierte además que "ante los requerimientos realizados por el Ministerio de Industria, se ha simulado la continuación del proyecto, aportando continua documentación procedente de Woodsims, sin que la fabricación, instalación y puesta en funcionamiento se haya ni tan siquiera comenzado cuando su ejecución dura entre siete meses y un año". "En consecuencia, de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de fabrica de pellets de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros", concluye, para disponer procesar a los tres socios de la empresa por indicios racionales de participación en un fraude de subvenciones públicas y sobreseer el caso para el notario que participó en el proceso al no acreditarse que hubiera perpetrado ningún delito.

Limpiar su historial

En julio de 2020 Vox apartó del partido a Serrano, cuando una investigación policial y una querella de la Fiscalía cercaban al hombre que azuzó en Vox el discurso contra “la ideología de género”, “los chiringuitos” feministas, las “paguitas” y las denuncias falsas por violencia de género. El juez en excedencia fue quien llevó a Vox al Parlamento andaluz con 12 escaños en las elecciones autonómicas de diciembre de 2018.

Fue un año más tarde, según consta en la instrucción, cuando Serrano tuvo conocimiento de que la Fiscalía había abierto una investigación por la ayuda del Ministerio de Industria. El exlíder de Vox respondió alegando una denuncia que había formulado contra sus socios en junio de 2018, con la que trataba de eximir su responsabilidad pero la Policía no da crédito a esa denuncia con la que trataba de limpiar su historial para volver a ser candidato de Vox. "Una vez obtuvo la rehabilitación en la carrera judicial y se abría camino la posibilidad de obtener un cargo político, necesitó desvincularse de los negocios fraudulentos en los que participó mientras estaba inhabilitado en su carrera judicial y antes de iniciar su carrera política", concluye uno de los atestados. Serrano había sido expulsado y posteriormente readmitido en la carrera judicial tras cumplir una sentencia por prevaricación en el caso de la custodia de un niño con sus padres separados, donde dio la razón al progenitor. El Supremo le denegó una indemnización de medio millón de euros que Serrano había solicitado por retrasos en ser readmitido en la carrera judicial.