El presidente del Tribunal ConstitucionalCándido Conde-Pumpido, quiere poner fin a la imagen de lentitud que arrastra el máximo garante de la carta magna, con recursos pendientes desde hace años, como el presentado hace 12 contra la actual ley del aborto. Para ello ha encargado la elaboración de un plan de choque para poner al día, en seis meses, la tramitación de los recursos de amparo.

El plan se confeccionará por un equipo de trabajo integrado por el secretario general del tribunal, Andrés Gutiérrez, el secretario general adjunto, Juan Carlos Duque, y el letrado adscrito al presidente, Ignacio Sánchez Yllera. Su realización fue acordada miércoles en una reunión con todos los letrados coordinadores de las diversas especialidades del tribunal(Civil, Penal, Social, Contencioso-administrativo y Parlamentario).

Más letrados

Para colaborar en esta puesta al día, el pleno gubernativo celebrado el pasado martes acordó la contratación de ocho nuevos letrados, plazas cuya convocatoria ya ha sido remitida al Boletín Oficial del Estado. También se anunció que la ponencia para resolver el recurso presentado en su día por 50 diputados del PP contra la vigente ley del aborto irá al próximo pleno, cuyo comienzo está previsto para el 7 de febrero.

En esta línea, en el pleno en el que se produjo la asignación de ponencias a los cuatro nuevos magistrados, que por tradición asumen las que tenían los compañeros a los que reemplazan, también se acordó que la resolución del recurso contra la ley de eutanasia vaya al pleno siguiente, que se celebrará como es habitual dos semanas después. En el primero de marzo se intentará dictar la sentencia contra la ley de educación del Gobierno de Pedro Sánchez, conocida como ley Celáa.

Por su parte, la magistrada Laura Díez ha decidido comunicar a Conde-Pumpido que se abstendrá de participar en la deliberación de los recursos del PP y Cs contra las leyes catalanas con las que se intentaba evitar cumplir con el 25% de castellano en las escuelas, impuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El motivo es que ella participó como asesora en el desarrollo de esas leyes. Su decisión debe ser avalada por el pleno.