El Gobierno de Canarias estudia acciones legales contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de declarar la protección cautelar del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, situado en la confluencia de la avenida de Anaga y la Rambla. Así lo anuncia el viceconsejero de Patrimonio Cultural, Juan Márquez, quien indica que esta sentencia ha sido un "duro golpe" contra el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Asimismo, muestra su sorpresa ante "ciertas afirmaciones" realizadas por la Sala, como que la "escultura carece de símbolos franquistas, cuando los informes, documentos y estudios realizados,y hasta el NO-DO de la época, dicen lo contrario".

"Es como si se defendiera en Alemania, por supuestos valores artísticos, la permanencia de un monumento de Adolf Hitler en la calle, lo que es algo impensable. La carga simbólica de la escultura de un criminal, de un asesino, prevalece sobre todo lo demás. Pero es que, además, en el caso del monumento a Franco de la capital tinerfeña, ha quedado demostrado que no existen valores artísticos", asevera el viceconsejero. Por lo tanto, agrega, «debe ser retirado y almacenado», como se establece en el catálogo de vestigios franquistas. «Se podría plantear colocarlo en la Sala del TSJC, pero allí estaría expuesta al público, por lo que tampoco sería un lugar adecuado», manifiesta con ironía Márquez.

El viceconsejero de Patrimonio Cultural del Ejecutivo Canario informa de que en estos días se reunirá con la Secretaría de Estado de Memoria Histórica para analizar "las posibilidades jurídicas que tenemos" y tomar medidas al respecto. Critica que esta sentencia se dicte justo después de que la Comunidad Autónoma hubiese anunciado, a través de EL DÍA, del grupo Prensa Ibérica, que estaba consultando con sus Servicios Jurídicos la posiblidad de incoar de oficio el procedimiento para retirar los símbolos franquistas en Santa Cruz, ante "la negativa del Ayuntamiento chicharrero de hacerlo".

Comenta que tanto la denuncia presentada por el Consistorio capitalino contra el catálogo de símbolos franquistas aprobado por el Gobierno de Canarias, alegando que éste debe ser regional, como la presentada por la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel contra la decisión del Cabildo de no incoar el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el monumento "solo forman parte de una estrategia evidente de intentar dilatar la aplicación de una obligación democrática y el cumplimiento de la ley".

Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado en declaraciones a Televisión Canaria que se deben eliminar las reminiscencias de la etapa más oscura de España.Ha indicado que las leyes de Memoria Histórica y Democrática son "contundentes" en este sentido. Recuerda que la legislación establece que "no puede haber vestigios de la época del totalitarismo y la dictadura. "No ocurre en Alemania, no ocurre en Italia, no puede ocurrir, no ocurre, no debe ocurrir en España. Se tiene que eliminar todo aquello que lleve a cualquier reminiscencia de una época donde la sangre y la violencia se puso por encima de las democracias y las urnas", ha zanjado.

Tal y como informó este martes, 17 de enero, El Día, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado la protección cautelar del monumento a Franco situado en Santa Cruz, impidiendo, de momento, su eliminación hasta que se resuelva el procedimiento judicial abierto sobre la posible declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del mismo, por parte del Cabildo.

En concreto, el TSJC ha estimado un recurso presentado por la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que defiende el interés cultural de la estatua realizada por el artista Juan de Ávalos García-Taborda. Por lo tanto, de momento, el monumento a Franco ubicado en la avenida de Anaga, denominado Monumento del Ángel, no podrá ser derribado, a pesar de estar incluido en el catálogo de vestigios franquistas de la capital tinerfeña elaborado por el Gobierno de Canarias, y a pesar de que la Corporación insular rechazó incoar un expediente de declaración de BIC "por carecer de valores artísticos".

La Sala del TSJC, presidida por Juan Ignacio Moreno-Luque, considera que el monumento debe ser protegido de manera cautelar y, además, señala que carece de símbolos franquistas. El juez Moreno-Luque, y según lo adelantó La Razón, condenó en su momento al Ayuntamiento de Santa Cruz a revisar de oficio la retirada de los honores a Franco, que se llevó a cabo en el año 2009. En el fallo se señaló que esa decisión "puede afectar a la honorabilidad de quien lo recibió en su momento".