La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha acordado que el Ministerio de Justicia debe indemnizar con 86.000 euros al ciudadano marroquí Farid Hilali, quien permaneció 1.710 días en prisión preventiva tras ser vinculado con los atentados del 11-S en Estados Unidos, según consta en una sentencia del pasado tres de noviembre, que de esta forma establece un pago de 50 euros por cada jornada que permaneció privado de libertad.

Hilali acabó exonerado, pero las autoridades españolas le relacionaron con los actos terroristas de las Torres Gemelas de Nueva York y de la sede del Pentágono. Y lo hicieron tras detectar que días antes de llevarse a cabo los atentados había realizado una llamada de teléfono al salafista sirio español Imad Eddin Barakat, conocido como el apodo de Abu Dahdah, entonces considerado el máximo responsable de Al Qaeda en España.

Según las transcripciones policiales, le dijo, de forma literal, que “habían entrado en el campo de la aviación” y que “habían degollado el pájaro”. Las autoridades judiciales y policiales españolas consideraron muy sospechosas estas crípticas frases, ya que podrían indicar que tenía alguna relación o conocimiento de los actos terroristas, que provocaron 2.996 muertos.

Hasta 2009

El entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón emitió una orden de detención del sospechoso, a quien identificó de forma indiciaria como "Shukri", un ex mujahidin. Y este fue el inicio de un calvario para Hilali, quien fue detenido en el Reino Unido el 28 de junio de 2004, y que no fue entregado a España hasta el 8 de febrero de 2008. Sin embargo, tras su llegada a Madrid, siguió en situación de prisión provisional hasta el 4 de marzo de 2009, casi cinco años después de su arresto.

Tras recaer sobre este ciudadano marroquí el 17 de octubre de 2012 el sobreseimiento libre, una decisión que equivale a causa juzgada sin condena, los abogados del ciudadano marroquí reclamaron al Ministerio de Justicia una indemnización de 1,8 millones de euros, que fue rechazada por la Secretaría de Estado. Al recurrir esta decisión a la Audiencia Nacional, los magistrados decretaron que la compensación debía de ser únicamente de 2.000 euros, según la información adelantada por 'El Confidencial'.

Hilali, que estuvo imputado en total ocho años y medio investigado, justificó la elevada reclamación pues aseguraba que 1.500.000 euros debían abonársele por "la prisión provisional indebida", pues superó los cuatro años que permite la ley procesal en España, pero también porque los hechos que se le atribuyeron eran muy graves: "Conspiración en el asesinato de más de tres mil personas, tratándose del delito que quizá haya tenido mayor repercusión en la historia de la Humanidad; y habiendo tenido la privación de libertad una gravísima repercusión en las relaciones familiares y sociales", decía el escrito de este ciudadano marroquí.

Tribunal Constitucional

Los otros 315.825 euros eran por "funcionamiento anormal" de la Justicia española, de los que 15.825 euros correspondían a la minuta de los servicios profesionales de sus letrados y procurador tras los daños producidos tras su puesta en libertad.

Al no estar de acuerdo Hilali con la decisión de indemnizarle con 2.000 euros, este recurrió al Tribunal Constitucional, que obligó a la Audiencia Nacional a recalcular al alza la indemnización, que ahora es de 86.000 euros, según la sentencia a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, sobre la que cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.