La última sesión de la ponencia de la Comisión de Interior que está negociando la derogación de la ley mordaza, reunida el jueves pasado, duró menos de una hora. El Gobierno y sus aliados aquí, que son ERC, PNV y EH Bildu, preferentemente, cerraron un texto que casi configura una nueva norma. El “casi” obedece a una serie de escollos que, como cuentan fuentes presenciales a este medio, no hay manera de zanjar. Por eso, el acuerdo no es definitivo. Por eso, donde socialistas y “morados” encuentran optimismo, las formaciones independentistas hallan escepticismo.

Tales escollos se han cronificado. Desde que a finales de 2021 el PSOE y Unidas Podemos pactaran un proyecto legislativo muy parecido al que actualmente están cerrando junto a sus aliados parlamentarios, siguen ahí, infranqueables. Son muros que no puede saltar el Gobierno por ahora. Las fuentes parlamentarias consultadas creen que antes de enero habrá resultados concretos.

Las líneas rojas son en realidad círculos rojos alrededor de los siguientes artículos de la normativa aún vigente. Por un lado, el artículo 30, sobre “sujetos responsables”, porque la mayoría progresista quiere delimitar de otro modo la responsabilidad de los organizadores de manifestaciones o concentraciones que, durante su desarrollo, se tornan violentas. Por otro, la consideración de la “desobediencia o resistencia a la autoridad” como infracción grave. Además, la catalogación de las faltas de respeto a los agentes como infracción leve. 

Igualmente hay que dirimir qué redacción se da al artículo 23, pues en él podría caber el uso de pelotas de goma en manifestaciones, a lo que se oponen ERC y EH Bildu sin matices. Por último, la disposición final que canaliza las “devoluciones en caliente” en Ceuta y en Melilla hacia la ley de extranjería.

A los preceptos enumerados conviene sumar discrepancias sobre el 32.3, que faculta a los alcaldes a “imponer sanciones” si las infracciones se producen en espacios públicos municipales, y el 4, que enmarca los principios rectores de los poderes públicos. Las diferencias no son tan ostensibles en estos dos artículos. El nudo gordiano se localiza en los párrafos anteriores.

Al cierre de esta edición no había constancia de que durante la semana en curso, en el Congreso, se celebre otra sesión de la ponencia. Las conversaciones, sin embargo, son frecuentes. Una fuente al tanto de la negociación confía en que el margen que queda, en enero, sea suficiente. Otra fuente conocedora de los contactos se muestra más cautelosa. Opina que los escollos no caerán mientras el PSOE no logre sortear la presión de sindicatos policiales y las susceptibilidades de la cúpula del Ministerio de Interior.

Tampoco hay constancia de que se haya convocado la ponencia de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que estudiará la ley de viviendaLos contactos también son frecuentes al respecto. Al igual que para la derogación de la normativa de seguridad ciudadana, perviven una serie de escollos, sobre todo el de la limitación de la subida de los precios de alquiler en zonas tensionadas (barrios de Madrid y Barcelona, principalmente) o el plazo que dar a los fondos de inversión para que se adapten a las cláusulas legislativas. Sobre ambos, y sobre otros muchos, hablan Gobierno y aliados, en especial ERC y EH Bildu.

Ahora bien, además de barreras como las comentadas, persiste un problema sobre la filosofía de la regulación. ¿Hasta dónde puede llegar la norma en un ámbito que competencialmente pertenece a las legislaciones autonómicas? Las fuentes de los grupos aliados reclaman prudencia tras destacar que los avances no terminan de llegar. Se está limando la redacción, pero se está limando despacio. La ministra del ramo, Raquel Sánchez, subrayó la semana pasada que el objetivo primordial pasa por dar seguridad jurídica a una regulación que, a tenor de las advertencias del PP y de Cs, puede terminar en el Tribunal Constitucional.

El futuro de la mayoría progresista

Para el PSOE, a finales del verano de 2022, era tan perentoria la derogación de la ‘ley mordaza’ como la aprobación de una nueva ley de vivienda, así que la dirección parlamentaria se marcó otoño, el otoño pasado, como periodo clave para cumplir sendos propósitos. 

Sin embargo, no se detectaron motivos que invitaran al desbloqueo de ambas normas, que en el Congreso acumulan semanas sin avances de ninguna clase. El Gobierno, en consecuencia, se centró en la aprobación de los presupuestos y en una serie de proyectos pendientes que no quería demorar, como la ley del deporte o una trastabillada reforma del código penal.

La derogación de la ley mordaza y la puesta de largo de la nueva ley de vivienda son nuevamente los objetivos primordiales. La motivación de Pedro Sánchez es explícita: reforzar el ‘escudo social’ y ahondar en la protección de las clases medias trabajadoras. Los decretos leyes que ya han salido del Consejo de Ministros y que a primeros de febrero tiene que convalidar el Congreso siguen la misma línea.

Con ello el presidente quiere tapar un mensaje de la oposición que le está hiriendo electoralmente: que está a merced de ERC y EH Bildu. La reforma del delito de malversación y la derogación de la sedición, y las dos cosas junto a las secuelas judiciales de la ley del ‘sólo sí es sí’, han ensombrecido el cierre del año 22 por parte de Sánchez. Nuevas medidas sociales ayudarán a expulsar los nubarrones.

Necesita, por tanto, símbolos y argumentos que animen a la ciudadanía progresista. La derogación de la ‘ley mordaza’ y la aprobación de la de vivienda serán claves. Conscientes de la trascendencia, ERC y EH Bildu están negociando férreamente. No ceden con facilidad en los escollos de la nueva normativa de seguridad ciudadana ni en los que embarrancan la de vivienda. Gobierno, en concreto el PSOE, y las formaciones independentistas están midiendo sus fuerzas.

De cómo se solventen ambos exámenes dependerá el resto del período de sesiones en el Parlamento, hasta el 31 de junio, y muy probablemente lo que queda de legislatura, es decir, el año entero.

Fuentes parlamentarias implicadas en las negociaciones con ERC y EH Bildu coinciden en que desatascar las leyes de vivienda y la ‘mordaza’ allanará el camino. “Será un arranque bien prometedor” si eso sucede, afirma un diputado. Coinciden las otras dos fuentes consultadas, aunque con un matiz. Mientras una recalca que tanto si fracasan las dos normas como si terminan en el BOE habrá que ir “semana a semana” y ley a ley con las negociaciones, sin compromisos de apoyo más allá de una concreta, la otra está convencida de que el diálogo continuará seguro, aunque se pueda resentir por la incapacidad de zanjar las dos leyes. 

Será así, al menos, hasta las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Luego, otro río, y por tanto, ya se verá qué puente, si es que hay puente.