Dos exregidores del PSC aceptan una pena menor por coacciones a hoteles del 1-O

Los exregidores del PSC en el Ayuntamiento de Pineda de Mar, Carmen Aragones y Jordi Masnou, del PSC, han aceptado este martes la pena de un año de prisión e inhabilitación por las coacciones ejercidas ante los dueños de dos hoteles de esta localidad en la que dormían miembros de las fuerzas del orden público desplazado a Cataluña con motivo del referéndum unilateral del 1-0. La defensa de estos de estos dos imputados han llegado antes del juicio, que se celebra en la Audiencia de Barcelona, a un acuerdo con el fiscal contra los delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, que les ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas y rebajó la petición de condena, que inicialmente era de tres años de cárcel. La vista, por lo tanto, solo continuara contra el que en el 2017 era jefe de la policía municipal, Carles Santacreu, que no ha pactado con el ministerio público.

La fiscalía sostiene que en dos hotel de la localidad, Checkin Pineda y el Checkin Montpalau, fueron alojados a finales de septiembre del 2017 un total de 486 miembros de la Policía Nacional desplazados a Cataluña por la consulta soberanista. Durante los primeros días no hubieron problemas y el hospedaje y los servicios contratados se prestaron con normalidad, hasta al día siguiente del referéndum unilateral, el 2 de octubre. Esa noche los entonces regidores acusados se presentaron en uno de los establecimientos con el "firme propósito" de conminar a  los propietarios de la cadena hotelera, "prevaliéndose de la autoridad que representaban", a que expulsaran a los agentes que se alojaban en sus locales.

Máxima autoridad

La acusación pública sostiene que Carmen Aragonés, como máxima autoridad municipal, por cuanto el alcalde se hallaba ausente de la población, se dirigió directamente hacia el director del hotel Checkin Pineda y le conminó para que desalojara al contingente de policías nacionales albergados en los dos establecimientos. Ante dicha exigencia, el director le puso al teléfono con el gerente de la cadena, que le manifestó su negativa a cumplir con su petición, pues no había ningún problema con los agentes. El director de la cadena ha admitido este martes en el juicio que la discusión fue subiendo de tono.

La acusada, "para incrementar su apremio" sobre el directivo, subraya el fiscal, le pasó el teléfono al otro imputado, Jordi Masnou, "quien en su calidad de responsable del urbanismo municipal", dijo al gerente, "en todo desafiante y conminatorio", que tenía que echar a "esos clientes sí o sí". Al recibir un no por respuesta, el imputado, "dando gritos", le aseguró que "él era el que mandaba allí, que si él decía blanco es blanco"", amenazando que si no desalojaba a los policías "le iba a cerrar el hotel al día siguiente e iba estar cerrado cinco años". Posteriormente, en la calle se convocó una manifestación en la que participaron unas 800 personas.