La tensión aflora en plena cuenta atrás para llegar a un acuerdo que desconvoque la huelga de la atención primaria en Andalucía convocada por el Sindicato Médico el próximo 27 de enero. Una semana antes, este mismo viernes 20 es el Sindicato de Atención Primaria, de reciente creación y sin presencia aún en la mesa sectorial con la Junta, el que ha convocado a los facultativos a una huelga indefinida, coincidiendo con un calendario de paros que alcanza a un total de ocho comunidades autónomas y que arrancó en Madrid. En esta contrarreloj es llamativo el choque entre la Consejería de Salud y el Sindicato Médico en Sevilla por las agresiones a los sanitarios.

Días después de que los médicos se concentraran a las puertas del Gobierno andaluz para protestar por la precariedad y el deterioro de la atención primaria, el motivo del desencuentro es una última agresión a un veterano facultativo en el área de Urgencias del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El responsable del Sindicato Médico en Sevilla, Rafael Ojeda, lamentó lo ocurrido y denunció que el colapso que viven las urgencias es “caldo de cultivo perfecto” para que suban las agresiones a los sanitarios.

“Sin justificar lo ocurrido”, consideró el portavoz que las altas esperas y “el retraso considerable que soportan” los pacientes elevan las agresiones y la tensión en los centros sanitarios. En el último caso registrado en el Hospital Virgen del Rocío tuvo mucho que ver “una demora que terminó de desquiciar al paciente”. “Por suerte, son casos muy puntuales, y la inmensa mayoría tiene una conducta cívica, lo que no esconde el malestar generalizado por esos retrasos", añadió Ojeda.

Desmentido de salud

La Consejería de Salud emitió un comunicado expresamente para negar estas apreciaciones. “Los datos reflejan claramente que en Andalucía no hay colapso en ningún nivel asistencial, vincular las agresiones a cualquier motivo ajeno a la falta de civismo y educación, no es de recibo”, sostuvo la Junta. Salud se aferró a datos de frecuentación de urgencias y de demoras en la atención primaria para negar que haya problemas.

“En Andalucía la demora media para consulta presencial de medicina de familia ha pasado desde su pico máximo de 5,87 días el 28 de diciembre del 2021, a 3,48 días el día 11 de enero de 2023”, justificó Salud, que añadió que no hay ningún tipo de colapso en las urgencias pese a las informaciones que llegan del personal de distintos hospitales andaluces.

Desde el Sindicato Médico de Andalucía admiten sorpresa por la “crispada” reacción y el tono del comunicado de Salud ante una realidad que consideran “incontestable”. La denuncia de que el plan puesto en marcha para prevenir las agresiones no ha funcionado no es nueva. Ya se elevó esa crítica con los datos oficiales proporcionados sobre agresiones a sanitarios correspondientes al primer semestre de 2022, con un importante incremento respecto a 2019.

Solo en Sevilla de enero a julio de 2022 se contaron 175 agresiones a trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que serían 300 de extrapolarse al año completo, informó el Sindicato. Se registraría un incremento con respecto a 2021 (242 agresiones) y 2020 (279 agresiones), aunque no se alcanza el triste récord de 2019 (388 agresiones). “Estas cifras revelan que el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, de 2020, no ha funcionado”, denunciaron los médicos.

A MUJERES SANITARIAS

Las agresiones afectan más al personal sanitario que al de gestión y servicios (77% frente al 23%) y a las mujeres más que a los hombres (73% frente al 27%). También son más frecuentes en atención primaria que en hospitalaria (61% frente al 39%). Los agresores suelen ser hombres (59%), que agreden con más del doble de frecuencia a mujeres que a otros hombres.

Los sanitarios denuncian que “no hay mecanismos eficaces de identificación y control de los reincidentes” y que falta personal de seguridad y medidas disuasorias como cámaras o un botón del pánico. “No existe un apoyo adecuado al profesional agredido en los ámbitos legislativo, judicial o laboral, hasta el punto de que sus ingresos disminuyen si la agresión es causa de una baja laboral, y no existe un castigo adecuado a los agresores, ni desde el punto de vista administrativo ni desde el judicial. En definitiva, no se protege al profesional del acoso o ataques futuros del agresor”, sostienen desde el Sindicato Médico.