Pedraz abre juicio oral a 17 exaltos cargos de CiU y empresarios en la pieza Infraestructures del caso 3%

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto juicio oral para 17 exaltos cargos de la Generalitat durante el Gobierno de Artur Mas (CiU) y empresarios imputados en la pieza separada del caso 3% relativa a Infraestructures, en la que se ha investigado una presunta organización criminal que tenía por objeto concertar precios para la adjudicación de contratos públicos de la empresa pública Gestió D’Infraestructures (GISA), luego Infraestructures de la Generalitat.

El auto de apertura de juicio oral designa para ello a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y da un plazo de tres meses a las defensas para presentar su escrito de conformidad o disconformidad con el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita penas de hasta ocho años y nueve meses de prisión por un delito de organización criminal, otro continuado de fraude a las Administraciones Públicas y prevaricación continuada.

En esta parte del caso 3% se ha investigado un cartel colusorio, denominado 'Nuria Bofill', que consiguió repartirse y fijar los precios, de forma indirecta, en las licitaciones públicas de ciertos organismos públicos de Cataluña, mediante el establecimiento o concierto de precios idénticos o muy similares con el objetivo de anular la competencia de los no integrantes del pacto, sostenía el auto de pase a procedimiento abreviado, dictado por el anterior instructor de la causa, el juez José de la Mata, en julio de 2020.

A los 17 imputados se les atribuye haberse puesto de acuerdo para presuntamente conseguir y amañar entre 2011 y 2015 adjudicaciones de obras de la Generalitat, desde carreteras hasta líneas ferroviarias. Para ello contaron con los que eran máximos responsables de la empresa pública de la Generalitat para infraestructures, Joan Lluis Quer (como presidente) y Josep Antoni Rosell (como director general).

Alterar los precios

El concierto entre estas mercantiles para pactar el precio de las licitaciones alteró las cuantías desembolsadas por la Administración Pública por los proyectos de obra pública ofertados en los que las referidas empresas se presentaban, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas, según el magistrado.

Los integrantes de este pacto, indicaba el anterior instructor de la causa, llegaron a pactar las normas o directrices a seguir cuando optasen a licitaciones de ciertas Administraciones, con el objetivo de evitar la libre competencia y así obtener un contrato más beneficioso que aquél que habrían obtenido en condiciones de igualdad, es decir, si cada mercantil hubiese preparado su oferta de forma totalmente independiente.