La Diputación de León defiende la legalidad de su gestión en el juicio de Púnica

El que fuera responsable de la Turismo de la Diputación de León entre 2011 y 2015, Miguel Ángel del Egido, ha defendido este martes, en el juicio a los seis acusados de la trama leonesa del caso Púnica en la Audiencia Nacional, la legalidad de los de los contratos que firmaba la institución provincial y ha respaldado la gestión del expresidente Marcos Martínez Barazón, del que ha dicho que nunca le presionó para cometer irregularidades de ningún tipo.

Así lo ha destacado Del Egido durante su declaración en esta vista oral que juzga a Martínez Barazón y a otras cinco personas supuestamente implicadas en esta trama de corrupción, que tuvo una de las principales ramificaciones en la provincia leonesa.

En concreto, el exdiputado de Turismo se ha referido a los contratos cuya legalidad está en cuestión referidos a las estaciones de esquí de la provincia, y ha recordado que le trasladó al presidente de la institución que uno de los puntos no se ajustaba a la legalidad, a lo que Martínez Barazón reaccionó diciendo que si era ilegal había que quitarlo.

Ha insistido en que durante el tiempo que coincidió en la Diputación con Martínez Barazón, una vez que este asumiera la Presidencia de la institución tras el asesinato de Isabel Carrasco, nunca se sintió presionado ni recibió directrices para hacer cosas al margen de la legalidad.

Así lo ha remarcado ante una pregunta de la Fiscalía sobre si recibió presiones para que una determinada empresa fuera la adjudicataria de los servicios en la estación de San Isidro.

Muy al contrario, ha explicado que el proceder la institución era invitar a los empresarios de la zona a que concurrieran a esos contratos.

Respecto a la acusación de la Guardia Civil que pesa sobre Martínez Barazón de que urdió un entramado de intereses con el objetivo de lograr los apoyos necesarios para perpetuarse en el cargo y medrar en el PP a cambio de conceder contrataciones públicas de forma irregular, Del Egido ha asegurado que el entonces presidente de la Diputación contaba con suficiente respaldo para alcanzar la Presidencia del partido en la provincia.

En el juicio de la pieza de León se sientan en el banquillo, además de Martínez Barazón, actual alcalde la localidad leonesa de Cuadros por una agrupación independiente, los empresarios Alejandro De Pedro y José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena.

También están acusados el excoordinador del gabinete de prensa de la Diputación Pedro Vicente Sánchez, que fue alcalde del PP de Puebla de Lillo (León), cargo que ostenta en la actualidad como independiente, y el exinterventor de la institución provincial Manuel Jesús López,

La Fiscalía pide para ellos entre tres y ocho años de prisión por la supuesta autoría de delitos de malversación, falsedad, fraude y tráfico de influencias y que indemnicen a la citada administración provincial con 171.000 euros.

Además, está acusada una trabajadora de las empresas investigadas para la que se reclama una pena de tres años y cinco meses.

La sala que juzga el caso ha acordado que, de forma excepcional, los seis acusados declaren al final de la vista, tras el paso de testigos y peritos, al considerar que se han presentado nuevas pruebas que desconocían y evitar así una posible indefensión que podría incluso anular el proceso.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que en abril de 2012 el presunto "conseguidor" de la red Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa "captaron como cliente" a la entonces presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco y, tras su asesinato en 2014, a su sucesor, Marcos Martínez Barazón, para mejorar su imagen pública a través de las empresas EICO y Madiva.

El objetivo inicial era que EICO limpiase la reputación de Carrasco en las redes sociales y difundiese una imagen suya positiva para neutralizar noticias sobre su supuesta implicación en casos judiciales y denuncias de supuesta corrupción, todo ello a cargo del presupuesto de la Diputación, cuyos organismos de contratación ni siquiera conocían estos servicios.

Según la Fiscalía, cuando Martínez Barazón llegó a la Presidencia de la Diputación tras el crimen de Isabel Carrasco se concertó "un nuevo plan" para que las empresas de la trama le construyesen una imagen positiva ante los ciudadanos leoneses, trabajos que "fueron abonados de forma irregular".