El socio minoritario del Gobierno pisa el acelerador para intentar desatascar la ley de bebés robados, que lleva casi dos años y medio bloqueada en el Congreso y acumula 95 prórrogas del periodo de enmiendas. Unidas Podemos trata de presionar al PSOE, tanto a nivel parlamentario como de coalición, para dar un empujón a esta norma, que supone un impulso a la investigación de casos y la reparación a las víctimas.

Los casos de bebés robados en España han estado en el foco internacional y han sido protagonistas de reportajes especiales del New York Times, pero a nivel nacional nada parece haber cambiado. El bloqueo depende directamente del PSOE, que dirige la comisión de Justicia donde la norma lleva meses atascada, y que ostenta los principales ministerios competentes: Presidencia, de Félix Bolaños, y Justicia, dirigido por Pilar Llop; también se ha implicado en el texto el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, secretaria general de Podemos.

Ha sido este último ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Agenda 2030 de Lilith Verstrynge, quien ha cerrado una reunión con los colectivos de bebés robados el próximo 17 de enero. Un encuentro a nivel Gobierno que las organizaciones solicitaron en verano y que volverá a visibilizar la necesidad de dar luz verde al trámite de esta norma en el Congreso.

El grupo confederal continúa en contacto con las asociaciones de bebés robados, que hace un año ya se reunieron por primera vez con el Ministerio de Belarra. Por entonces, los colectivos también mantuvieron un encuentro con Justicia y Presidencia, en unos encuentros donde determinaron que el principal departamento competente era el de Pilar Llop. Desde el espacio morado avanzan que "en cuanto se reanude la actividad legislativa" del Congreso, a final de enero o principios de febrero, aumentarán la presión hacia el PSOE con este asunto, dirigiéndose directamente al área de la ministra de Justicia, por ser el más implicado.

El PSOE ignora las solicitudes de los colectivos

En verano, a la vista de que no había avances, solicitaron una segunda reunión a Justicia, sin haber obtenido a día de hoy ninguna respuesta. También la solicitaron con Presidencia, con el mismo éxito. Volvieron a intentarlo con el grupo parlamentario del PSOE; que a día de hoy no ha respondido a ninguna de las solicitudes de las organizaciones de afectados, según relatan desde los colectivos a este medio. De la 'segunda ronda' de reuniones que requirieron en verano, sólo el ministerio de Unidas Podemos ha accedido a cerrar un encuentro.

Esta petición, al igual que la nueva reunión, va encaminada a añadir presión al PSOE ante la preocupación creciente porque esta norma decaiga con el fin de legislatura y un posible adelanto electoral de Pedro Sánchez, una posibilidad que contemplan algunas voces del espacio confederal. "A esta ley hay que darle un empujón ya mismo", aseguran desde UP, que defienden que "no podemos ir con calma" ante la posibilidad de que la norma vuelva a decaer, como ya sucedió con las elecciones de 2019.

Además, apuntan a que las resistencias del PSOE a desbloquear esta ley puede deberse a que "las leyes vinculadas con temas de memoria histórica o cuestiones de tipo histórico que muevan algunos cimientos o puedan afectar a determinadas instituciones históricas son temas que suelen costar, porque se tiene un poco de miedo a remover determinadas estructuras".

En este sentido, desde el grupo parlamentario insisten en que "el PSOE ha estado dando largas", pero se muestran optimistas: "Con la Ley de Memoria Histórica, el PSOE también la fue posponiendo, pero al final conseguimos que saliera adelante". En este sentido, avanzan que además de la ley de bebés robados, tratarán de presionar para que salga adelante la ley de secretos oficiales. "Aunque sean temas conflictivos, no se soluciona nada con posponerlas".

A consultas de este periódico, el PSOE asegura que los retrasos en las negociaciones vienen en ocasiones producidas por "el volumen de leyes con las que estamos, que obliga a prorrogar los tiempos", porque las negociaciones se atascan con los grupos minoritarios, que tienen menos diputados para llevar a cabo las negociaciones del texto.

En el grupo parlamentario de Unidas Podemos dan por hecho que la redacción actual tendrá que modificarse y someterse a negociación, porque el texto fue redactado por las asociaciones y necesita una mayor seguridad jurídica. Sin embargo, las enmiendas aún no pueden debatirse o transaccionarse al no haberse cerrado, tras más de dos años, el plazo para la presentación de enmiendas.

Respaldo mayoritario

Hasta donde se ha podido acreditar, las prácticas que dieron origen a los bebés robados en nuestro país se iniciaron tras la guerra civil, continuaron durante todo el franquismo y siguieron cometiéndose más allá de la transición, hasta la década de los noventa del pasado siglo. 

Frente a esta realidad, y pese a haber recibido el respaldo mayoritario en el Congreso hasta en dos ocasiones, la proposición de ley presentada para hacer frente a esta realidad se mantiene paralizada tras llegar a la Comisión de Justicia hace ahora más de dos años, en septiembre de 2020. Los plazos de enmiendas para que los grupos mayoritarios hagan sus aportaciones se ha prorrogado ya un total de 96 veces. El último concluye el próximo 1 de febrero. 

 El texto propuesto fue presentado en el Congreso mucho antes, en septiembre de 2018. Un mes más tarde, el 20 de noviembre, se aprobó de forma unánime su toma en consideración. El problema es que la legislatura decayó sin que la propuesta avanzara y, tras dos elecciones legislativas y la constitución del Gobierno de coalición PSOE-Podemos, el texto tuvo que volver a ser registrado y volver a valorarse. En junio de 2020, el Pleno del Congreso volvió a aprobar el inicio de los trámites de esta norma, con la única oposición de los diputados de Vox, que acaban de entrar en el Hemiciclo. PP y Ciudadanos también votaron 'sí' a dar luz verde al proceso parlamentario.

Acceso a documentación y banco único de ADN

La norma presentada contempla la creación de una unidad policial y una fiscalía especializada para investigar la trama de bebés rogados, además de facilitar a las víctimas acceder a la documentación que les pueda ser de interés, ya sea de la Administración o de archivos privados. También recoge la creación de una base de datos estatal de afectados y de un banco único de ADN gratuito con "toda la información relevante" en relación estos casos.

En cuanto a las medidas de reparación, los reconocidos como víctimas de esta trama buscan que la ley les reconozca derecho a asistencia médica, jurídica y psicológica gratuita, así como a conocer su verdadera identidad y a ejercer acciones de reparación de daños y perjuicios contra las personas o instituciones responsables de su privación de derechos. El texto tomado en consideración también incluye la posibilidad de conceder indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes se les reconozca la condición de víctimas. 

Otro frente son las investigaciones judiciales, un asunto que según esta asociación tuvo un "boom tremendo" entre 2011 y 2019 y que en la actualidad también parece haberse quedado en pausa.