La investigación que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción con la ayuda de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en el seno del caso Tándem, en el que hay más de una treintena de piezas separadas o investigaciones independientes, ha descubierto que la empresa Pérez y Cía, de los navieros Pérez-Maura, también realizó tres transferencias de un total de 2.001.619 euros a la empresa Serena Middle East, FZ LLC; radicada en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). Esta firma está vinculada a Adrián de la Joya, socio del comisario José Manuel Villarejo.

En concreto, la Policía ha detectado esta nueva suma de dinero en la contabilidad de la firma Pérez y Cía, imputada en el denominado "Proyecto Pit", que buscaba frustrar la extradición a Guatemala de Ángel Pérez-Maura. En concreto, detectó el rastro de los fondos en una provisión que había sido dotada el 31 de marzo de 2016 con un importe inicial de veinte millones de euros por la compañía de los navieros.

Villarejo

Sin embargo, hasta el momento Hacienda solo había detectado que José Manuel Villarejo y otro de sus socios, Enrique Maestre Cavanna, habían ingresado 12,6 millones de euros de los Pérez-Maura, según consta en un informe de la Agencia Tributaria, adelantado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Además, la instrucción no había logrado determinar si Adrián de la Joya se había beneficiado de la operación parapolicial liderada por el comisario jubilado, algo que este empresario ha negado en todo momento.

14,7 millones

Únicamente se había detectado que Villarejo había enviado 121.000 euros a Serena Digital SL, compañía en la que De la Joya había sido presidente. Con los dos millones conocidos ahora, el montante de presuntas comisiones abonados por los navieros se eleva hasta los 14.729.173 euros.

De la Joya, a quien el Ministerio Público le identifica como socio de Villarejo en el denominado Proyecto Pit, participó en las reuniones entre los navieros y el ex mando policial, según se constata en las grabaciones incluidas en el procedimiento. Este último empresario español había sido reclamado por las autoridades del país centroamericano como presunto responsable del pago de hasta 30 millones de euros en mordidas destinadas al expresidente de este país Otto Pérez Molina y a su entonces número dos, Roxana Baldetti. A cambio, los navieros habría obtenido la adjudicación de varias obras en el Puerto Quetzal, ubicado en la costa del Pacífico.

Al tener conocimiento de este supuesto pago millonario, los magistrados que componen la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazaron archivar la causa contra Adrián de la Joya, tal y como reclamaba el abogado del "facilitador de negocios". En un auto del pasado 21 de octubre, los jueces aseguran que las actuaciones realizadas hasta el momento aportan indicios de la participación de De la Joya en la actuación parapolicial de Villarejo en reuniones grabadas por este último, celebradas en fechas 20, 21 y 26 de abril de 2016.

Servicios jurídicos

En la primera de las reuniones, los investigados ofrecieron dinero a cambio de que se evitara la detención y extradición a Guatemala de uno de ellos: Ángel Pérez-Maura: "En la segunda, se abordó la estrategia para lograr lo anterior, y se acordó la emisión de facturas de supuestos servicios jurídicos, para dar apariencia legal a los servicios reales pactados. En la tercera, se trató de la participación del recurrente [Adrián de la Joya] en las ganancias obtenidas por Cenyt, como consecuencia de tales servicios, pero sin que aquel figurara formalmente como vinculado a dicha compañía", completa el auto de la Audiencia Nacional.

Esta resolución judicial también se alude a una última reunión grabada, celebrada el 10 de enero de 2017, cuyo contenido, al igual que las anteriores, refleja que De la Joya reconoce haber percibido "parte de los rendimientos derivados de los servicios prestados por Cenyt", la empresa de Villarejo.

Por otra parte, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del 11 de enero al abogado Enrique Maestre Cavanna, que se enfrenta a una petición de diez años de cárcel por un delito fiscal de 2,6 millones de euros. También se sentarán en el banquillo de los acusados Joaquín de Arespacochaga, hijo del exalcalde franquista de Madrid Juan de Arespacochaga, con una petición de pena de ocho años de cárcel; y el empresario Diego Alonso de Noriega Satrústegui, como cooperadores necesarios en dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.