Un juez de Barcelona pide al Reino Unido poder interrogar a un amigo del rey Juan Carlos

Un juzgado de Barcelona ha solicitado colaboración a las autoridades del Reino Unido para poder interrogar a un amigo íntimo de Juan Carlos I, el millonario mexicano Allen Sanginés-Krauser, que está siendo investigado como colaborador de un presunto fraude a Hacienda por un importe de unos 600.000 euros, caso en el que está implicado también uno de los médicos del rey emérito en Barcelona, el facultativo Manuel Sánchez Sánchez, como autor directo, según ha podido saber EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica. Las pesquisas se iniciaron a raíz de una querella de la fiscalía.

El Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, que instruye el proceso judicial, tramitó a principios del pasado mes de noviembre una comisión rogatoria (solicitud de ayuda y cooperación internacional) a través del Ministerio de Justicia para poder interrogar a Sanginés-Krauser en el Reino Unido, al no haberlo podido citar para declarar en calidad de imputado en el supuesto domicilio que tenía en España.

Según las fuentes consultadas por este diario, el empresario mejicano vive en Gran Bretaña, aunque no se descarta que tenga su residencia en otro país europeo. Por lo tanto, en el caso de que no se le localizara, se deberían extender su búsqueda en otros lugares. Como consecuencia del Brexit, las peticiones judiciales españolas se tramitan por comisión rogatorias. Para poner en marcha este procedimiento en el extranjero, la fiscalía ha tenido que presentar en el juzgado las preguntas que se trasladarán al magnate investigado.

En la querella de la fiscalía por el presunto fraude a Hacienda aparece Sanginès-Krauser, el médico Manuel Sánchez, que ya ha declarado como imputado, y su esposa. Se les atribuye presuntamente haber simulado la ampliación de capital de la sociedad que gestiona el centro del ese facultativo, la Cínica DeSánchez, situada en la parte alta de la capital catalana. Sánchez es uno de los médicos de confianza del rey emérito y uno de los especialistas más reconocidos de la medicina preventiva y de longevidad. Su relación con Juan Carlos I se remonta a cuando trabajaba en la Clínica Planas de Barcelona como jefe del departamento de estética y nutrición. Eran habituales las visitas del entonces jefe del Estado para someterse a tratamientos.

La posible simulación

Cuando el médico abrió su propia clínica en un palacete modernista, la Casa Alemany, esta relación continuó. De su mano, el emérito lucha contra el envejecimiento. Algunos tratamientos no fueron pagados por Juan Carlos I, sino por su íntimo amigo, el magnate Sanginés-Krause. Las donaciones del empresario al rey emérito fueron investigadas en su día, pero la Fiscalía del Tribunal Supremo las archivó porque el exjefe de Estado había presentando una regularización ante la Agencia Tributaria.

El empresario mexicano declaró como testigo en esas pesquisas. Las diligencias judiciales que se siguen ahora en el juzgado de Barcelona no se basan en esas donaciones, aunque en el texto de la fiscalía se menciona la existencia de facturas giradas por la clínica de Sánchez a este empresario por los servicios prestados al rey emérito. Se centra en una supuesta simulación de aplicaciones de capital de la clínica suscritas por Sanginés-Krause. En opinión de la fiscalía, estas operaciones “no fueron tales”.

La fiscalía concreta en su querella que las rentas reflejadas en las declaraciones de IRPF del periodo 2016 a 2018 presentadas por el médico investigado “fueron solo una mínima parte de las que realmente percibió”, pues, a su entender, “ocultó” en esos ejercicios otras retribuciones por un importe de 1,3 millones de euros, que realmente provenían de la prestación de sus servicios profesionales como facultativo “de reconocido prestigio y con una clientela con elevada capacidad económica”.

A su entender, para “ocultar” estas rentas, Sánchez recurrió a una “estrategia defrautatoria” para cuya “ejecución fue imprescindible la colaboración” de los otros dos querellados: su mujer y el empresario mexicano. Esta “estrategia”, apunta la acusación pública, consistió en “camuflar” esos importes como ampliaciones de capital de la sociedad que gestiona la clínica y que fueron suscritas entre 2016 y 2018 por la empresa de Sanginés-Krause. En su opinión, estas operaciones “no fueron tales, sino que se simularon”.

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