Partido Popular
Feijóo es citado a declarar en un juzgado de Salamanca por el retraso en el congreso provincial del PP
Los afiliados demandantes acusan al partido de presunta vulneración de los derechos de participación política y sufragio pasivo
EFE
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido citado a comparecer como testigo por el Juzgado número 5 de Salamanca para aclarar por qué su partido no ha convocado en casi dos años el congreso provincial de Salamanca.
Esta citación responde a una demanda de un grupo de afiliados -alcaldes y concejales-, que solicitan como medida cautelar que el cónclave se convoque antes de las elecciones municipales.
La demanda denuncia la presunta vulneración de los derechos de participación política y sufragio pasivo, según la información adelantada este viernes por la Cadena Ser acerca de una resolución del juzgado a la que ha tenido acceso EFE.
El abogado que les representa, Enrique Herrera, ha detallado que esta demanda fue presentada dos días después de que otro juzgado de Salamanca archivara la denuncia formulada por este mismo grupo de afiliados, pero que firmaba una persona que cambió de abogado y llegó a un acuerdo con el PP para retirar la demanda a principios de diciembre.
A través de este nuevo procedimiento, Feijoó está citado como testigo para comparecer el próximo 20 de enero a mediodía en los juzgados de Salamanca, donde por otra parte sigue su curso la causa por supuesta financiación irregular en el PP de Salamanca.
Esta otra causa figuran como investigados el ya expresidente provincial Javier Iglesias, la gerente provincial y el propio PP como persona jurídica, por el pago de cuotas atrasadas de afiliados para que participaran en las primarias que convirtieron a Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente regional, en presidente del PP-CyL.
En su demanda, los afiliados denuncian que ante la alta de un congreso provincial es "flagrante el incumplimiento" del PP de sus propios estatutos, a la vez que relatan la falta de respuesta dada por el partido en su ámbito provincial, autonómico y nacional, a cuyos Comités de Derechos y Garantías recurrieron sin éxito.
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