Paralización inédita
Los cuatro despropósitos que han conducido a la crisis que se vive entre el TC y las Cortes
Desde el bloqueo de la renovación del CGPJ, pendiente desde hace cuatro, a las distintas reformas con las que se trató de paliarlo
Ángeles Vázquez, Miguel Ángel Rodríguez
Con la anormalidad que supone que una institución, como es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debe renovarse cada cinco años, lleve ya más de cuatro con el mandato caducado como telón de fondo, el Tribunal Constitucional acordó en la noche del lunes, en una decisión inédita en democracia, paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma que pretendía cambiar el sistema para elegir a dos de sus magistrados. Estos son los cuatro 'despropósitos' que nos han conducido a la crisis institucional surgida de esta anómala situación.
1. El CGPJ, bloqueado desde hace cuatro años
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debía haber sido renovado el 4 de diciembre de 2018. Tras el primer intento fallido de negociación, al filtrarse el whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, diciendo que con Manuel Marchena como presidente del órgano "controlarían la Sala Segunda del Supremo por detrás", los fracasos se han ido sucediendo, al ir imponiendo distintas condiciones el PP, como que el acuerdo no coincidiera con elecciones autonómicas o no se derogara el delito de sedición. Las reformas legislativas con las que el Gobierno ha intentado salvar la situación solo han logrado enfadar más a los jueces, al no servir más que para bloquear los nombramientos del Consejo y con ello impedir la cobertura de las vacantes que se producen en el Tribunal Supremo y ya suponen un cuarto de sus plazas de magistrado.
2. El efecto sobre el Constitucional
El bloqueo del CGPJ y la reforma para impedirle hacer nombramientos tuvo una derivada inesperada para el Gobierno, que le llevó a modificar a toda prisa la anterior para que el órgano de Gobierno de los jueces pudiera designar a los dos magistrados que le tocan. Este cambio legislativo obligaba al Consejo a hacer sus nombramientos antes del pasado 13 de septiembre, pero cuando se produjo la última ruptura de negociaciones entre el PP y el PSOE para renovar todo el órgano, un sector duro de vocales conservadores rechazó hacer los nombramientos. Al no elegir el CGPJ a los dos magistrados que le tocan, el Gobierno tiene más complicado hacer los dos suyos, lo que le obligó a una nueva reforma de la ley orgánica el poder judicial y de la ley reguladora del propio Constitucional para tratar de sortear el bloqueo. Lo hizo a través de enmiendas a la reforma del Código Penal de la sedición y la malversación. Son las que ha paralizado ahora el TC en el Senado.
3. Tramitación exprés y sin homogeneidad
PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso una proposición de ley orgánica para reformar el Código Penal y, en un principio, derogar el delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados. No obstante, en un trámite parlamentario exprés, los dos partidos del Gobierno, apoyados por sus socios parlamentarios habituales, introdujeron mediante el proceso de enmienda nuevos artículos que modificaban la malversación o creaban nuevos delitos.
En este procedimiento, en el que apenas pasaron seis días desde que finalizó el plazo para presentar enmiendas y se aprobó la ley en el pleno del Congreso, se introdujeron dos disposiciones adicionales que pretendían reformar el sistema de elección de los magistrados del Constitucional. El PP presentó un recurso ante la Mesa de la Comisión de Justicia por la "falta de conexión de homogeneidad con el texto de la proposición de ley" de ambas enmienda. El mismo argumento esgrimieron en su recurso ante el TC.
4. Una recusación cuando menos cuestionable
La polémica decisión del pleno del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de una reforma legislativa se vio enturbiada por el acuerdo de la mayoría de los magistrados que lo componen de rechazar las recusaciones presentadas contra su presidente, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez, por Unidas Podemos y PSOE. Ninguno se apartó de la deliberación porque se decidió que quienes cuestionaban su imparcialidad para pronunciarse sobre la reforma eran "cuadyuvantes" (que contribuyen a ayudar a la consecución de una causa), por lo que no estaban legitimados para recusarles. De tal forma que la recusación fue rechazada en la práctica con el voto de los cuestionados aprovechando un resorte legal y con sus votos se produjo la paralización de las enmiendas que cambiaban el sistema de elección de dos de los magistrados del propio Constitucional.
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