El mar canario copa la batalla ante la ONU para ampliar la plataforma continental

España tiene abiertos tres frentes en la ONU en su intento por aumentar el territorio marítimo sobre el que ejercer, aunque sea dentro de muchos años, algún tipo de soberanía y por tanto de actividad económica. De ellos, el más importante con mucha diferencia es el que se despliega bajo las aguas al oeste de Canarias más allá de las 200 millas náuticas que configuran su Zona Económica Exclusiva (ZEE) sobre las que ahora mismo el derecho marítimo internacional le tiene concedido ese derecho. Se trata de un área de en torno a 296.500 kilómetros cuadrados de suelo y subsuelo marino que se asientan sobre la plataforma continental del Archipiélago pero que se solapa con el que correspondería al Sáhara Occidental y, por la situación jurídica y política que afecta a este territorio, al reino de Marruecos.

Las otras dos zonas sobre la que España tiene solicitadas ante el organismo internacional ampliaciones de la plataforma continental, en este caso de la Península, se sitúan en el Atlántico noroccidental frente a las costas de Galicia, que suman sendas áreas de 79.000 y entre 45.000 y 50.000 kilómetros cuadrados respectivamente. En conjunto, de lograr la incorporación de las tres zonas solicitadas, España incorporaría a su territorio 425.000 kilómetros cuadrados, lo que prácticamente duplicaría su extensión emergida, y prologaría 150 millas más allá de la ZEE, hasta las 350 millas desde la costa más cercana, sus posibilidades de acceso a unos fondos marinos en los que, sobre todo en el caso de la plataforma continental canaria, diversas investigaciones han mostrado ser ricos en minerales de alto valor estratégico por su uso en las nuevas tecnologías y la transición energética.

La batalla emprendida hace años por España para la ampliación de la plataforma continental en cada una de las zonas mencionadas coloca así a Canarias en el centro de la estrategia del país a este respecto. No en vano el territorio afectado, esos casi 300.000 kilómetros cuadrados al suroeste del Archipiélago, representa prácticamente el 70 % del total sobre el que se reclaman derechos de acceso y explotación. Pero es que además, es el que, también con mucha diferencia respecto a las otras dos zonas, presenta una mayor dificultad a la hora de establecer derechos en relación a los países ribereños vecinos, y por tanto una mayor complejidad jurídica en el ámbito internacional.

Subsuelo rico

El acceso por tanto a ese subsuelo rico en cobalto, manganeso, telurio, níquel y otros metales, cuya explotación sin embargo es por ahora inviable, copa la batalla española ante la ONU por la ampliación de la plataforma continental a que da derecho el derecho marítimo internacional surgido de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la llamada Convención de Montego Bay de 1982.

Para muchos de los especialistas en la materia, la ampliación de la plataforma continental canaria se erige como un excelente modelo de análisis por su complejidad técnica y por despertar controversias y tensiones con los Estados limítrofes, en este caso con Marruecos, aderezado además por la situación que afecta al Sáhara Occidental, territorio ‘no autónomo’ a efectos de legalidad internacional marítima, por estar aún sin resolver su proceso de descolonización. Esto complica el proceso de delimitación de espacios marítimos entre ambos países, cuyos gobiernos han reemprendido en los últimos meses en el ámbito bilateral con la mediana marítima en aguas canarias también como asunto a resolver.

La doctrina internacional señala que en caso de solapamiento de las pretensiones de ampliación de las respectivas plataformas continentales deben intentar un acuerdo de reparto, algo que ya ha pasado en uno de los casos frente a la costa gallega entre España, Francia, Reino Unido e Irlanda (en la denominada área FISU) pero que parece difícil que ocurra en el caso canario con Marruecos, y que sólo si el litigio persiste intervengan las instancias internacionales.

El mar gallego, a escena

España se encuentra inmersa por tanto en estos tres casos y prepara ya una defensa de la ampliación de los dos que quedan sin resolver. En febrero una delegación se desplazará a la sede de la ONU en Nueva York para hacerlo ante una subcomisión creada al efecto por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, pero por ahora solo para el caso del mar gallego en el que se pretenden ampliar hasta entre 45.000 y 50.000 kilómetros. En esa zona ya hay, desde hace unas semanas, una primera concesión a los argumentos españoles para ‘anexionarse’ 20.000 kilómetros cuadrados, en los que las investigaciones también han detectado recursos minerales. Pero la ampliación de la plataforma canaria tendrá que esperar hasta que se constituya una subcomisión que dirima la solicitud española y para la que el Ministerio de Asuntos Exteriores aún no tiene previsión de fecha consciente de los largos plazos que afectan a estos procesos.

En principio, la escasa distancia entre las islas que conforman el archipiélago canario genera una plataforma continental que se extiende hasta las 200 millas marinas y que las rodea con una circunferencia casi completa donde ejercitar sus derechos. Pero en las aguas adyacentes al suroeste del Archipiélago se encuentra un conjunto de montes submarinos de origen magmático (Bimbache, The Paps, Echo, Hijas, Drago, Tropic, Ico, Malpaso, Pelican, Tortuga y otras elevaciones menores pertenecen a la misma región geológica, las llamadas abuelas canarias en el argot geológico), lo cual permite aplicar el argumento de prolongación natural para solicitar la ampliación de la plataforma continental en esa área.

A ese efecto España ha llevado a cabo en los últimos años expediciones marinas para demostrar con una argumentación técnica, geomorfológica y geológica que esos montes, en especial el monte Tropic donde los recursos minerales son más evidentes, forman parte de la plataforma continental canaria.

Esta es la clave que sustenta las dos solicitudes españolas, de 2009 y 2014, a este respecto y que ya fue objeto de una defensa ante la comisión de límites en 2015. El problema para la resolución de esta solicitud estriba en la consideración marroquí de tomar como propia la plataforma continental sahariana y aspirar a la parte en que ésta se solapa con la canaria. En un intento de llevar el agua a su molino, Rabat aprobó en 2020 dos leyes por las que ampliaba de forma unilateral su soberanía sobre estos espacios marítimos y por tanto hacerse con los fondos marinos que España solicita.

Sin embargo, España ha mostrado siempre «su disposición a delimitar con Marruecos, Portugal [hay otra zona de la ampliación que entraría en aguas portuguesas] o cualquier otro Estado ribereño sus espacios marinos». El documento registrado en 2009 por el entonces gobierno de Rodríguez Zapatero apuntaba a que, en la zona sur, la extensión «podría superponerse con una eventual ampliación (...) de la plataforma continental del margen saharaui». Y se indicaba que esta disputa se resolvería en el futuro con una negociación bilateral entre Estados, sin especificar el país. Del texto definitivo presentado en diciembre de 2014, con gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, se suprimió la referencia expresa al Sáhara, haciendo una mención genérica a «los derechos de terceros que puedan ser reclamados en su día». El argumento que defendía España era que, en el futuro, cuando exista un Estado con el que negociar, se abrirán las conversaciones sobre aguas saharauis.

Un marroquí ‘infiltrado’

La última controversia surgida, a primeros de año, fue la designación de un marroquí como integrante de la comisión que debe decidir esta cuestión, Se trata d Miloud Loukili, un jurista que no cuenta con los conocimientos y la formación científica que se exige para formar parte de este grupo de trabajo, integrado por geólogos, geógrafos e hidrógrafos, y que además es un férreo defensor de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y sus aguas. Una postura contraria a la resolución de 1991 de la ONU, que defiende el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación y apuesta porque el conflicto se resuelva con un compromiso pleno de las partes, enmarcado en un proceso político encabezado por las Naciones Unidas. Pero el actual Gobierno de Pedro Sánchez ha restado importancia a este hecho recordando que «los miembros de la Comisión no participan en los casos que afectan a su país» y que, de acuerdo con el artículo 11 del reglamento de dicho órgano, «en el cumplimiento de sus obligaciones no pedirán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna otra autoridad externa a la Comisión».

Además, resalta que los representantes de España dejaron claro en una reunión de la Comisión celebrada en 2015 que el Sáhara Occidental «es un territorio no autónomo objeto de un proceso de descolonización» y por tanto el Gobierno negociaría la delimitación «con la entidad en control soberano de la costa y el territorio del Sáhara Occidental, una vez el proceso de descolonización se dé por concluido».

Suscríbete para seguir leyendo