"Antes de fin de año no se acaba el mundo". La velocidad legislativa sume al Congreso en una crisis interna

El pasado lunes, en una sala del Congreso, reunión a puerta cerrada, hubo 10 minutos de tensión. Siete personas los protagonizaron.

Fue la convocatoria de la Mesa de la Comisión de Justicia. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, ha accedido al acta de la sesión. En el orden del día, un escrito del Gobierno para tumbar una serie de enmiendas al proyecto de ley de eficiencia organizativa del servicio de Justicia por exceder las previsiones presupuestarias, y otros dos del PP y de Cs para expulsar de la tramitación de la reforma del Código Penal las enmiendas 61 y 62 del PSOE y de Unidas Podemos, las que cambian las leyes del poder judicial y del Tribunal Constitucional, y en concreto, las mayorías de la segunda de las instancias. 

12 de diciembre de 2022

16.50 horas. En una sala de la primera planta del edificio I de ampliación del Congreso, dispuestos a debatir ambas cuestiones, se encuentran los cinco integrantes de la Mesa, que son Felipe Sicilia (presidente, del PSOE), Roberto Uriarte (vicepresidente primero, de Unidas Podemos), Carlos Rojas (vicepresidente segundo, del PP), Carolina Telechea (secretaria primera, de ERC) y Javier Merino (secretario segundo, del PP). Además, están una letrada y un letrado del Congreso de los Diputados.

Deliberan sobre el primer punto del orden del día, el escrito del Gobierno. Se zanja en seguida. El segundo, no. Carlos Rojas pide la exclusión de las enmiendas sobre la mayoría del Tribunal Constitucional por “falta de conexión material y de homogeneidad” con el texto que se iba a enmendar. Incluirlas en el dictamen contravendría la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto, advierte. Por último, aboga por que los letrados redacten un informe. Javier Merino, el otro representante del PP en la Mesa, pregunta a los letrados si existe conexión jurídica enmiendas-texto.

Sicilia replica que sí hay conexión “mínima” y solicita la admisión a trámite en virtud de la jurisprudencia constitucional que sobre la aceptación de propuestas así se ha producido. Rojas no está de acuerdo, así lo manifiesta, ya que las enmiendas afectan a leyes que forman parte del “bloque de constitucionalidad”. Insiste en solicitar un informe a los letrados, presentes ambos en la reunión.

El presidente destaca que no hay “dudas” sobre la conveniencia de que las dos enmiendas de la discordia sean asumidas, y subraya a continuación que nada más terminar la reunión se celebrará la sesión de la ponencia parlamentaria que habrá de elevar dictamen a la Comisión. Comisión que, puntualiza, se congregará al día siguiente, martes, para ratificar el texto y trasladarlo al pleno.

Tiene lugar, al filo de las 17.00 horas, la votación de dos cuestiones: la admisión o no de las enmiendas 61 y 62 y la petición de informe de los letrados al respecto. Los tres representantes del PSOE, Unidas Podemos y ERC hacen valer su mayoría y rechazan ambos puntos.

3-2: la combinación que permite al Gobierno hacer reformas exprés y obviar a los letrados

A continuación, los letrados, como es habitual, es su trabajo al fin y al cabo, advierten de que “otras enmiendas” presentadas podrían no tener conexión material con el texto de la proposición de ley ni una “relación mínima de homogeneidad”. Puntualizan que tal advertencia la comunicarán a los ponentes de los grupos parlamentarios durante la reunión concertada dentro de unos instantes, en una sala contigua.

A las 17.00 horas acaba la reunión.

Durante la ponencia posterior, como informó este medio, se reprodujo la controversia sobre la conexión temática de las enmiendas que ‘tocan’ las leyes del poder judicial y del Tribunal Constitucional. Se añadió una más: la velocidad de la tramitación de una proposición que abordaba una ley orgánica como el Código Penal. Claro que es una norma que se remodela con frecuencia, está expuesta a constantes cambios, y claro que ha habido antes procedimientos rápidos. Eso no evita el enfado de la oposición, sea de izquierdas o de derechas, haya un Gobierno de izquierdas o de derechas. 

Tampoco obvia anomalías procedimentales. Que los ponentes del PP y de Cs protestaran era esperable. Que lo hiciera el de Junts no tanto. Se pronunció el del PNV, Mikel Legarda. No es un proceso ortodoxo, dijo, pero también denunció que se llevaba haciendo desde hace décadas. “Nos nos rasguemos las vestiduras”, zanjó.

Al PP y a Cs les molesta algo que creen que lesiona el artículo 23 de la Constitución: si el trámite es tan acelerado y brusco, apenas disponen de margen para intentar modificaciones a su juicio pertinentes. 

Si los grupos de la mayoría progresista transaccionan una enmienda (pactan un texto sobre la base de otros previamente registrados) y la llevan a la ponencia sin comunicar cuál es y en qué consiste, y si además la incorporan al informe precisamente en virtud de su mayoría, las formaciones que no han participado en la negociación se encuentran de pronto con un fragmento de una ley que en ningún momento han podido analizar y sobre el que nada han podido sugerir.

30 de noviembre de 2022

A la Mesa del Congreso han llegado dos escritos de amparo del PP. Uno versa sobre las enmiendas 61 y 62 de la proposición de ley que cambia el Código Penal. El otro relata los hechos ocurridos el 30 de noviembre durante la reunión de la ponencia de la Comisión de Igualdad encargada de hacer el informe sobre la ley trans. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha accedido a él. 

Algunos de los sucesos que relata son llamativos. A esa sesión no acude Carmen Calvo, la presidenta, lo que el reglamento no impide. No obstante, es común que esté la máxima autoridad de dichos órganos para asegurar la buena marcha de los trabajos y proteger la necesaria imparcialidad. Son las representantes del PSOE y de Unidas Podemos las que, en ausencia de la exvicepresidenta del Gobierno, se arrogan la dirección del debate. La atribución no gusta a la oposición de derechas.

Al poco de comenzar, las ponentes socialistas y “moradas” avisan de que en esa misma sesión se votará el informe junto a una serie de enmiendas transaccionadas. La representante de Cs, Sara Giménez, según fuentes presenciales, toma la palabra para protestar por la secuencia temporal fijada. Es “la primera vez”, dice, que los pasos de constitución de la ponencia y de votación del informe prácticamente se funden. “Es una fórmula parlamentaria completamente fuera de lugar”, sentencia después de denunciar que su papel va a quedar completamente neutralizado.

En este lance, que retrasa los trámites formales de constitución de ponencia y posterior desarrollo, las diputadas de los grupos que sustentan al Gobierno recalcan que hay apremio y urgencia. “No se puede esperar más”, apunta el PP que dijeron. “Hay que acabar antes de fin de año”, es lo que arguyeron, indica una fuente presencial. Otro ponente irrumpe entonces y pronuncia estas palabras, muy ilustrativas de lo que está sucediendo en el Congreso desde hace semanas, en donde la velocidad legislativa se ha vuelto altísima e intensa: “Antes de fin de año no se acaba el mundo”.

Según reseña el PP en su escrito, el proceso muestra numerosas irregularidades. Una de ellas es, a su entender, la presencia en la ponencia de la diputada socialista Andrea Fernández a pesar de que no es ponente. No ha sido designada como tal por su grupo. Para los populares, es “un hecho gravísimo”. Otras fuentes rebajan la gravedad. “Ha estado en otras ponencias de la Comisión a pesar de no ser ponente”, apuntan.

Otra irregularidad, a criterio del PP: los/las ponentes fueron informados por los letrados, una vez hecha la convocatoria, que el objeto de la sesión sería la constitución y la fijación de un calendario de trabajo. Empezada la reunión se informa que, además, se votará el informe. “Es de una falta de rigor increíble”, protesta una diputada, según fuentes presenciales.

Fue un “debate acalorado”, señala el PP en el escrito enviado a la Mesa del Congreso. Tras él, se procedieron a las votaciones. Primero, si se habrían de hacer más sesiones de ponencia. Rechazado. Segundo, si se incluyen en el texto las enmiendas transaccionadas. Aceptado. Los ponentes del PP y de Vox pidieron entonces conocer la redacción de las novedades añadidas al informe. Una diputada del grupo socialista respondió que no tenían por qué conocerlas. Sin embargo, fuentes presenciales apuntan que a la ponencia se le dieron fotocopias con las propuestas transaccionadas.

13 de diciembre de 2022

Fuentes de la Mesa de la Cámara remarcan que el martes pasado, en la reunión semanal, no hubo tensión por los procedimientos que se han ido sucediendo en este final de año. Otras fuentes creen que la habrá porque se están lesionando los derechos de los diputados de la oposición.

En la Junta de Portavoces celebrada unos minutos después sí que hubo un conato de tensión. El portavoz socialista, Patxi López, cuentan fuentes presenciales, pidió la celebración de un pleno extraordinario el jueves siguiente para dar salida a la proposición de ley que reformaba el Código Penal y, por medio de enmiendas, las leyes del poder judicial y del Tribunal Constitucional. Hubo protestas. 

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, pidió al secretario general, Carlos Vicén, que hiciera un informe sobre las tramitaciones que se estaban llevando a cabo, tanto por el ritmo de las mismas como por acoger enmiendas sin conexión temática con la norma a tratar. Se le dijo desde la Mesa que el secretario general actúa a instancias de la Presidencia, de la mayoría de la propia Mesa o de la mayoría de la Junta de Portavoces. No se cumplió, en la reunión, ninguno de los tres supuestos. Además, se aceptó la celebración del pleno extraordinario.

Tomó la palabra el diputado valenciano de Compromís, Joan Baldoví, para expresarse a favor de dicho pleno. A la vez llamó la atención sobre los procedimientos que se están haciendo. Intervino Gabriel Rufián también. Reseñó que los trámites encajan en el proceder parlamentario y pidió a la derecha que cesara en sus ataques a la institución.

Entre los partidos con representación en la Cámara se ha generalizado la sensación de que se está yendo demasiado rápido. Fuentes socialistas y de Unidas Podemos recuerdan que nada de ello es ilegal ni tiene por qué ser irregular. Efectivamente, y además es algo que está establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las mesas de las comisiones son soberanas. Son los órganos parlamentarios, junto con la Mesa, encargados de encauzar los procesos legislativos. Todos los requisitos formales que siguen las leyes están respaldados por una mayoría parlamentaria, extensión de la mayoría que confeccionaron los electores en las generales de noviembre de 2019. 

La presidenta, Meritxell Batet, fue rotunda el jueves, en contestación a las peticiones de PP, Vox y Cs para suspender el pleno extraordinario. Defendió “la potestad legislativa” del Congreso, así como su “autonomía”. Podrán gustar mucho, poco o nada algunos procedimientos, pero los avala la mayoría. Y en una democracia deliberativa como la española, esto es clave.

Ahora bien, tal y como el portavoz del PNV, Aitor Esteban, subrayó hace unas semanas en Radio Euskadi, quizá se está yendo demasiado rápido con algunas leyes. Lo recalcó a colación de la polémica causada por ‘la ley del sólo sí es sí’. Ha habido tres notorios durante el último mes: la aprobación de la ley de los gravámenes a los bancos, energéticas y grandes fortunas (en el que confluyeron disputas por las enmiendas incongruentes presentadas por PSOE y Unidas Podemos, la del impuesto a los ricos, sin ir más lejos, y por las prisas); la del Código Penal y la de la ley trans, que saldrá del Congreso rumbo al Senado el jueves.

Las previsiones apuntan a una relajación de los plazos tras el parón navideño y el mes de enero, que es inhábil, pero todas las fuentes consultadas coinciden: el final de 2022 está siendo de “infarto”, y esto ha llevado al límite al propio reglamento. Y a los propios letrados. Es habitual verles caminar por el Congreso con enormes ‘tochos’ de papeles bajo el brazo. La velocidad legislativa agota.