El Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ha rechazado el recurso del expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel y mantiene su decisión de llevarlo a juicio por el caso de la desaladora. 

La magistrada que instruye la pieza separada del llamado caso La Sal contra el exjefe del Ejecutivo regional dictó un auto el pasado 17 de octubre en el que establecía la continuación del procedimiento contra el investigado al considerar que intervino "en todos los pasos que condujeron a la adquisición de la desaladora por acción u omisión cooperando de ese modo a su ejecución", por lo que lo considera responsable de las decisiones adoptadas por el Gobierno.

Además, dio un plazo de 30 días a la Fiscalía y las acusaciones particulares personadas para solicitar la apertura del juicio oral. De hecho, la acusación popular ha solicitado penas que suman 13 años de cárcel por los delitos de malversación y fraude en las subvenciones, además de 15 años de inhabilitación por prevaricación, tal y como informó La Opinión, del grupo Prensa Ibérica.

Valcárcel presentó entonces un recurso de reforma, que ahora ha sido desestimado, según han informado fuentes del TSJ de la Región, en el que señalaba que se ha producido "un giro copernicano" en el procedimiento, dado que la magistrada está a un paso de sentarlo en el banquillo después de que la Audiencia Provincial le obligara a reabrir la investigación a la que había dado carpetazo, mientras que en 2021 había decidido el archivo del procedimiento.

Valcárcel sostiene que las decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno que presidía para firmar los contratos de una desaladora que permitiera disponer de caudales a la Región no encontró ningún tipo de impedimentos ni en los Servicios Jurídicos ni en la Intervención de la Comunidad. Recuerda igualmente que la decisión de crear el Ente Público del Agua, el órgano que firmó los contratos con las empresas del grupo ACS, fue aprobada por mayoría en la Asamblea Regional.

La investigación sobre la participación de Ramón Luis Valcárcel en las actuaciones que llevaron a la firma de los contratos con las empresas del grupo ACS para la construcción de la desaladora de Escombreras se ha instruido de forma paralela a la que ha seguido el Juzgado de Instrucción Número 5, en el que están procesados el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá y varias decenas de ex altos cargos del Ejecutivo regional, de las compañías que participaron en la construcción de la desaladora y de los equipos de asesores jurídicos.

La resolución notificada hoy por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial.