El PP estudiará recursos de inconstitucionalidad ante las novedades que los partidos del Gobierno pretenden incluir en la reforma del Código Penal, pensada inicialmente para derogar el delito de sedición, y que al final afectará a otras muchas cuestiones. Las enmiendas a ese texto conocidas este viernes incluyeron una sorpresa destinada a desbloquear definitivamente los nombramientos del Tribunal Constitucional. En concreto, se modificará la ley orgánica del poder judicial y la del TC para castigar a los vocales del CGPJ que se nieguen a la designación de los magistrados pendientes en el Constitucional. Además, la reforma del Código Penal también tocará el delito de malversación a raíz de una propuesta de ERC negociada con el Partido Socialista.

Todos esos cambios a ojos del PP sirven “al único objetivo de entregar el Código Penal a aquellos de quien depende Pedro Sánchez” y “copar el TC con ministros o altos responsables de la Moncloa”, denunció la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, en referencia a los nombramientos que ya aprobó el Consejo de Ministros para los dos magistrados que deben ser designados por el Ejecutivo: el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y la ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez.

“En mitad de un puente, entre polvorones y villancicos, estamos viendo que Sánchez es capaz de cualquier cosa”, comenzó Gamarra en su comparecencia, poniendo el acento en la “nocturnidad y alevosía” con la que el Gobierno está actuando. Sobre todo, porque se tratará de una reforma completamente exprés: el Gobierno aspira a aprobar esta reforma del Código Penal en apenas una semana a las puertas de la Navidad.

Gamarra elevó el tono durante su comparecencia para afirmar que “el único bien jurídico a proteger ha pasado a ser el Gobierno de Sánchez” y criticó a PSOE y Unidas Podemos de estar propiciando “un mercadeo con la ley” sin precedentes. La portavoz popular advirtió que su formación “no se quedará callada ante la deriva autoritaria” de Sánchez y aseguró, mirando a los electores, “que no es una cuestión de derecha o izquierda” sino de “igualdad entre los 47 millones de españoles”.

Presión en Bruselas

No concretó qué recursos de inconstitucionalidad presentarán, porque fuentes del PP reconocen que “habrá que estudiar a fondo” cuáles podrían prosperar. En Génova admiten que reformar el Código Penal no es inconstitucional de por sí y, por eso, buscan un análisis en profundidad. Su rival por la derecha, Vox ya se ha adelantando anunciando ese recurso, además de insistir en la moción de censura y enviar una dura carta a las instituciones europeas exigiendo actuar cuanto antes contra el propio Gobierno de España.

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El PP sí dejó claro, como ya ha hecho en otros momentos, que acudirá también a Europa. “Denunciaremos la toma de las instituciones ante la UE como hicimos en su día. Cuando gobernemos derogaremos todas aquellas medidas que desprotegen al Estado de derecho y volveremos a tipificar el delito de sedición y cualquier forma de corrupción”, dijo Gamarra exponiendo su hoja de ruta si es que los conservadores llegan a la Moncloa.

El PP confía en que Bruselas pueda sumarse a las críticas del Ejecutivo teniendo en cuenta que su queja fue lo que frenó la primera reforma de la ley orgánica del CGPJ en 2020, cuando PSOE y Unidas Podemos registraron una modificación en el Congreso para rebajar las mayorías de la renovación del poder judicial. Fuentes populares, sin embargo, renegaron de la fórmula de presión ejercida por Vox.