El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a depositar su confianza en Juan Carlos Campo, que será uno de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por la cuota del Gobierno. Fue el primer ministro de Justicia del Gobierno de coalición pero se prescindió de él en julio de 2021, pese a ser el hombre que aprobó y defendió los indultos a los condenados por el 'procés' independentista frente a las feroces críticas de la oposición, la Fiscalía y el propio Tribunal Supremo. 

Ahora llega al Tribunal Constitucional (TC) junto a la jurista y asesora del Ministerio de Presidencia Laura Díez, facilitando un vuelco del órgano de garantías hacia una sensibilidad mayoritariamente progresista. Su nombramiento cura el sinsabor que le dejó su sustitución por Pilar Llop, tras apenas año y medio en un Consejo de Ministros en el que chocó especialmente con el Ministerio de Igualdad a cuenta de la calidad técnica de alguna de sus propuestas, como la de la ley del 'solo sí es sí'

Durante esta etapa, Campo tampoco tuvo éxito en las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una labor en la que se empleó de forma singular siendo interlocutor del Gobierno frente al que fuera responsable de Justicia del Partido Popular, Enrique López. Ambos se conocían muy bien de su época de vocales en este órgano, donde se erigieron en portavoces de sus respectivos sectores progresista y conservador.

Más político que juez

Nacido en Osuna (Sevilla) en 1961, ingresó en la carrera judicial hace 34 años y ha ejercido en la Audiencia Provincial de Cádiz y recientemente en la Audiencia Nacional -donde se ha mantenido apartado de las causas de trascendencia política- aunque la mayor parte de su trayectoria ha transcurrido en terreno político, tanto en la Junta de Andalucía como en el Ministerio de Justicia o como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ello le confiere una visión muy completa de la problemática judicial española.

Llega al Tribunal Constitucional sin pasar por el Tribunal Supremo, desde la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la que llegó en septiembre del pasado año. Allí coincidió brevemente dos de los magistrados que ingresaron en el órgano de garantías en la renovación acometida ahora hace un año, Ramón Sáez y Concepción Espejel, aumentando la cuota de penalistas con la que cuenta ya este órgano.

Iglesias le llamó "machista frustrado"

Campo llegó a Justicia en enero de 2020 en sustitución de Dolores Delgado, que había sido nombrada fiscal general. Se trataba del "eterno aspirante" al puesto, pues solía aparecer en todas las quinielas como 'ministrable' siempre que ha habido un Gobierno socialista. Fue presentado como el hombre perfecto para pilotar la "desjudicialización" del asunto catalán, y desde esta posición fue el encargado de motivar jurídicamente y aprobar los indultos que llevaron a la excarcelación de Oriol Junqueras y del resto de líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo. Menos de un después ya había sido destituido por Sánchez, lo que se leyó como un intento del presidente de lavar la imagen del Gobierno tras la polémica decisión.

Durante su paso por el Ministerio, Campo impulsó las leyes de eficiencia -organizativa, procesal y digital- cuyo remate está dirigiendo ahora Llop. Políticamente, destacó su enfrentamiento con Montero y el exvicepresidente segundo Pablo Iglesias, que llegó a manifestar que "en las excusas técnicas hay mucho machista frustrado", en respuesta a sus reparos respecto de determinados aspectos del proyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual -ley del "sólo sí es sí-'.

Finalmente, Igualdad se apuntó el tanto de presentar el texto en el Consejo de Ministros antes de la fecha simbólica del 8 de marzo de 2020. Desde Justicia trataron de desinflar la imagen de enfrentamiento entre los socios de Gobierno asegurando que ambos departamentos compartían el espíritu de la ley y habían trabajado "codo con codo" en el proyecto, contribuyendo los de Campo con mejoras técnicas. Iglesias terminó reconociendo que no pensaba en el ministro cuando realizó sus afirmaciones.

El nuevo magistrado del Tribunal Constitucional accedió a la carrera judicial en 1987, adquiriendo dos años después la categoría de magistrado. Diez años después consiguió el doctorado en Derecho por la Universidad de Cádiz. Fue entonces cuando comenzó su trayectoria política saltando de la Audiencia Provincial de Cádiz a Director General para las Relaciones con la Administración de Justicia por la Junta de Andalucía, cargo en el que permaneció hasta el junio del año 2000. Entre el año 2001 y 2009 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del PSOE, de donde salió para ser nombrado secretario de Estado del Ministerio de Justicia, un departamento al que volvió años después ya como ministro.