La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al exministro, Jorge Fernández Díaz, y ha paralizado la comisión rogatoria solicitada por Andorra en la denominada Operación Cataluña, como hizo recientemente con el expresidente, Mariano Rajoy, y con el exministro, Cristóbal Montoro.

En dos autos fechados el pasado 18 de noviembre, a los que ha tenido acceso EFE, la Sección Segunda de la audiencia madrileña se pronuncia de la misma forma en que lo hizo dos días antes sobre Rajoy y Montoro: corrige su decisión del pasado mes de octubre y ordena que se tenga a Fernández Díaz por personado en el procedimiento y que se admita el recurso de reforma en el que solicitaba la no tramitación de la comisión rogatoria.

Se trata de una decisión contraria a la que tomó la misma Sección Segunda en octubre, cuando los magistrados consideraron que la alegación de este recurrente -como el resto- era acertada y que el recurso de reforma que presentó debió de ser admitido, pero que la pretensión había perdido fundamento al partirse de la base de que la comisión rogatoria ya había sido devuelta al Principado de Andorra, cuando esto no se había producido.

Conocidos estos hechos y con el criterio favorable de la Fiscalía, la Sección Segunda declara la nulidad del primer auto en defensa de la tutela judicial efectiva de Fernández Díaz, representado por el letrado Jesús Mandri, y retrotrae el proceso al momento anterior.

Detallan los magistrados que en octubre dieron por hecho que la comisión rogatoria se había devuelto a Andorra basándose en una diligencia de ordenación del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid del 20 de julio, en la que se decía que "el exhorto ha sido devuelto a las autoridades judiciales de Andorra", y también en un informe de la jueza del 24 de septiembre en el que decía que el 14 de junio "se acordó la devolución del exhorto por el mismo conducto de su recibo".

Y añade que la Fiscalía llegó a la misma conclusión en un informe redactado en septiembre.

Los magistrados detallan que desconocen el estado actual de la comisión rogatoria, fuera del hecho de que ya ha sido devuelta a las autoridades judiciales de Andorra y de que el pasado 20 de octubre estaba aún en el Ministerio de Justicia, ya que ese día la Sala de lo Contencioso-Adminitrativo suspendió la devolución acordada.

Este procedimiento judicial es consecuencia de la querella que presentó contra Rajoy y otros dirigentes del PP el Institut de Drets Humans de Andorra y el expresidente de la Banca Privada d'Andorra (BPA), quienes piden investigarle por supuestas presiones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el "procés".

Los autos dados a conocer recientemente se refieren a la vía penal del proceso, diferente al proceso contencioso-administrativo, en el que recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) levantó la paralización de la comisión rogatoria cursada por las autoridades de Andorra para comunicar la imputación del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al exministro, Jorge Fernández Díaz.