El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la segunda Estrategia estatal destinada a erradicar la violencia contra las mujeres. La primera estrategia caducó en 2016 y desde entonces está vigente el Pacto de Estado contra la violencia de género. No obstante, era necesario renovar la hoja de ruta que guía al Gobierno y fortalece la coordinación porque así lo indica la 'ley sí es sí' -puesta en cuestión en estos días porque ha supuesto la rebaja de algunas condenas- y la necesidad de adaptar las políticas al Convenio de Estambul, que establece que se deben implementar medidas contra todas las formas de violencia machista, no sólo las que se dan en el ámbito de las parejas.

Las estrategias no tienen rango de ley pero normalmente sirven para mejorar la coordinación entre todos los ministerios implicados, en este caso en acabar con un problema estructural que ha dejado ya 1.171 asesinadas desde 2003. La Estrategia contiene 267 medidas estructuradas en cuatro ejes de actuación: actualización de las responsabilidades de los poderes públicos; sensibilización y detección; protección y respuesta coordinada.

Las campañas

El grueso de las medidas, 148, se concentran en el eje de sensibilización y detección, dentro del cual el Gobierno se compromete a realizar campañas de concienciación social para "prevenir la demanda de servicios vinculados a la explotación sexual y de la pornografía que naturaliza la violencia sexual", así como contra las violencias machistas en el ámbito del deporte o dirigidas a los hombres. A este respecto, la campaña gubernamental en torno al 25 de noviembre de 2022, Día internacional contra la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se dirige por primera vez a los hombres, para "interpelarlos como causantes de las violencias contra las mujeres y, al mismo tiempo, como parte imprescindible" en la solución, según ha argumentado el Ministerio de Igualdad.

Asimismo, la Estrategia contiene el compromiso de impulsar medidas contra la "violencia política" que sufren algunas dirigentes feministas, el establecimiento de "recursos especializados dirigidos a hombres" para la prevención de la violencia, la firma de convenios con expertos para que los agresores reciban "intervenciones realizadas por profesionales especializados" o el establecimiento de "procedimientos" que faciliten la denuncia de los episodios de violencia que se ejerce por medios digitales.

En el capítulo de protección, destaca la intención de proporcionar recursos habitacionales con una plaza para víctimas de delitos de violencias machistas por cada 10.000 habitantes y el acceso prioritario para las afectadas por delitos sexuales al parque público de vivienda.