Una de las dificultades en la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) entre el Gobierno y ERC es que, además de tener que lidiar con las partidas destinadas al futuro, al 2023, hay que sortear las mochilas del pasado. En concreto, en el caso catalán, la bajísima ejecución de aquello que, previamente, se había presupuestado y pactado. Se trata de una negociación diferente, porque no solo tratan de 'arrancar' prebendas al Ejecutivo, sino que ambas partes negocian también cómo encontrar un sistema que dé las máximas garantías posibles de que aquello que se apruebe en las Cortes se gaste, finalmente, en el territorio catalán y no se quede en papel mojado.
Garantías, porque el talón de Aquiles de la inversión es ahora su ejecución. Y visto que las comisiones de seguimiento no sirven para analizar, detectar y poner remedio a la infraejecución, el Gobierno y ERC, según ha podido saber El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, estudian aplicar en Catalunya el sistema de 'encomiendas' ya en práctica en la relación bilateral con Euskadi y también, como recuerdan fuentes del Ministerio de Transportes, en Navarra. Se trata de ceder algunas de las obras, con su inversión garantizada, a la Generalitat para que sea ella la que las lleve a cabo. O lo que es lo mismo, sea para bien o para mal, si las obras cedidas no se ejecutan habrá que apuntarlo en el debe o haber de la administración autonómica. El porcentaje de cumplimiento que prevé la Generalitat para aquellas inversiones que dependen enteramente de ella es del 72%, el doble que la previsión estatal.
Si se toma como pauta el mensaje habitual de ERC en materia de inversiones, cabe suponer que el grueso de estas obras cedidas, que se están analizando una a una, corresponderán al ámbito ferroviario, que el Govern quiere potenciar en detrimento del viario. Así, por ejemplo, la intención del Estado de acabar la autovía B-40 de circunvalación al magma urbano barcelonés ha topado con la negativa de ERC, que siempre ha defendido que, en su lugar, se construya una 'ronda' metropolitana de tren entre Vilanova i la Geltrú y Mataró, pasando por Sabadell y Terrassa.
El Gobierno tiene previsto anunciar en los próximos días el pacto con ERC, según fuentes conocedoras de la negociación. El jueves el Congreso de los Diputados votará los Presupuestos Generales del Estado y los mandará al Senado para que continúen su tramitación. El partido republicano es clave para que el Ejecutivo de coalición cumpla con su compromiso de “estabilidad” y logre sacar sus terceras cuentas, las últimas de esta legislatura.
La comisión actual
Actualmente, hay una comisión de seguimiento de infraestructuras compuesta por representantes del Ejecutivo catalán y el Gobierno central, para analizar de forma conjunta los proyectos, pero se ha revelado insuficiente porque funciona casi como “un notario de los fallos, pero nada más”, afirman fuentes republicanas.
En los Presupuestos para el 2021, ambas partes acordaron crear esa comisión de seguimiento, aunque no fue una jugada visionaria de nadie. Baste recordar que en la disposición adicional tercera del Estatut del 2006, el texto reconocía un déficit inversor y un periodo de transición en que el porcentaje territorializado para Cataluña debía alcanzar un mínimo igual al peso demográfico de la comunidad en el conjunto del Estado, entre un 16% y un 17%. Es decir, las quejas y lamentos catalanes viene de lejos y, en alguna ocasión, por ejemplo ahora, con el Corredor del Mediterráneo, compartida con otros territorios.
Lo que en la Generalitat poca gente esperaba es que, una vez sellado el compromiso de una inversión con el beneplácito de la parte catalana (ahora, de ERC), la ejecución fuera tan cicatera. De los 2.068 millones de inversión presupuestada, solo se gastaron sobre el terreno unos 739, un 36%. Y , además, con el doloroso agravio de la Comunidad de Madrid, donde se presupuestaron 1.100 millones y, al final, se hicieron obras por importe de más de 2.000 millones. Un 184% contra un 36%.
La reunión de junio
Y, por si fuera poco, el adelanto de lo ejecutado en este 2022, en concreto en el primer semestre, tiene una melodía muy parecida a lo que se cerró en el 2021. Así, hasta el 30 de junio tan solo se había empleado el 16%. La última reunión de la comisión de seguimiento se produjo, justamente, en junio después de un cara a cara entre Pere Aragonès y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Ambos coincidieron en la visita a la sede de Google en Barcelona e improvisaron una reunión. El ‘president’ le volvió a insistir en que las promesas se quedaban año tras año sin cumplir, una denuncia que han arrastrado los sucesivos gobiernos catalanes. Lo único que acordaron es que la comisión de seguimiento se reuniera.
El aeropuerto
La negociación estrictamente presupuestaria tiene, además, otros frentes. La más importante es la otorgación de las propias partidas económicas, donde la Generalitat pretende recibir aquellos montantes que el Estado ya tenía previsto enviar a Cataluña, por ejemplo, a cuenta de la ampliación del aeropuerto, ahora bloqueada.
Fuentes de la negociación han señalado, asimismo, que la cuestión sobre un posible traspaso de Rodalies no se encauza en estas conversaciones, sino que son sujeto de estudio en la comisión bilateral Estado-Generalitat.
