Moncloa sigue ganando tiempo para que amaine su mayor crisis de credibilidad por la reducción de condenas a delincuentes sexuales tras la entrada en vigor de la ley del 'sí es sí', pero la polémica sigue vapuleando al Gobierno sin tregua. La consigna de esperar a que el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado arrojen luz no está sirviendo de mucho porque obvia el papel y la responsabilidad del propio Ejecutivo en la aprobación de una ley con evidentes lagunas y porque estas instituciones no ofrecerán una solución global. Al menos, el Supremo, que se pronunciará caso por caso en función de los recursos sobre delitos sexuales que reciba.
De nada está valiendo el clamor existente en el PSOE, con prácticamente todos los barones pidiendo una rectificación urgente en la ley como gesto político, a sabiendas incluso de que no sirve de nada porque la corrección sólo serviría para las agresiones que se cometan a partir de ahora. Pero en Moncloa la preocupación es máxima porque saben que este asunto desgasta enormemente al Ejecutivo, aunque la cara visible del proyecto sea Irene Montero. Tanto los ministros socialistas como Yolanda Díaz son conscientes de ello.
"El daño no es a Unidas Podemos, sobrepasa en la calle a la valoración de un Gobierno que hasta ahora se había enfrentado a temas muy complejos como la pandemia, el volcán o la crisis, poniendo por delante los intereses generales". Ahora, destacan fuentes cercanas al Ejecutivo, "aparece como un inepto".
La crisis permanece congelada a la espera del regreso a España del presidente del Gobierno que, tras participar en Bali (Indonesia) en la cumbre del G-20 viajó hasta Corea del Sur, de visita oficial, donde permaneció hasta este viernes. Será a partir de su vuelta, según apuntan fuentes del Ejecutivo, cuando se podrá ofrecer una respuesta política. "Todos esperan que sea el presidente quien se defina y es que realmente es el único que tiene ese poder", corroboran fuentes socialistas.
"Todos esperan que sea el presidente quien se defina y es que realmente es el único que tiene ese poder"
Hasta ahora se ha intentado resistir en pie bajo la fuerte tormenta política, pero el Gobierno ha actuado muy descoordinado. No se ha percibido con claridad si se plantea o no cambiar la ley -los matices cambiaban en función de quién hablara- y Moncloa no ha tenido ningún control sobre la réplica del Ministerio de Igualdad. La prueba es que su línea de defensa fue tildar a los jueces de "machistas" y sostener que no están aplicando bien la ley. El enfrentamiento con el Poder Judicial ha sido de tal calado que la parte socialista del Ejecutivo ha tenido que salir a defenderlo y la mayoría de barones, en este punto, han discrepado públicamente con Montero.
Otras fuentes del partido sostienen que sí se ha tratado de dar una respuesta política con el llamamiento de Sánchez a esperar que los tribunales unifiquen doctrina, aunque asumen que ha podido percibirse como insuficiente. Pero, defienden, que "a diferencia de otras materias en las que la rapidez evita el desgaste, en este caso hay que ponderar y no precipitarse a pesar de la erosión".
La dependencia de Podemos
Pero aunque la vuelta del presidente permitirá a él y a su núcleo abordar en toda su crudeza esta crisis, la realidad es que Pedro Sánchez tiene muy poco margen si quiere conservar la integridad del Gobierno. Su control sobre los ministros de Unidas Podemos es relativo porque si quisiera hacer una remodelación tendría que pactarlo antes con ellos.
El presidente no pudo opinar sobre el nombre de los ministros que aportó su socio de coalición y tampoco tiene totalmente en su mano la sustitución de Montero, salvo que quisiera dar un golpe en la mesa. Y eso significaría romper con Podemos, que es precisamente lo que no quiere. "Ese el problema que tenemos". Moncloa, aseguran distintas fuentes, quiere mantener intacto el Ejecutivo, pese a la ruptura visible entre Díaz e Pablo Iglesias, que mantiene toda su influencia en Podemos.
La mayoría en juego
No sólo por mantener el Gobierno, sino porque se quedaría sin mayoría. Sánchez cohabita con Podemos, que ha cerrado filas en una férrea defensa de Montero, y sus socios parlamentarios, que ya han reclamado cambios en la ley del 'sí es sí'. Y no puede prescindir de ninguna de las partes si quiere mantener los 176 votos de la mayoría absoluta en el Congreso, menos aún en plena tramitación de los Presupuestos 2023, las últimas cuentas que se aprobarán en esta legislatura.
El goteo de excarcelaciones y rebajas de penas a agresores sexuales podría ser sofocado con depuración de responsabilidades dentro del Consejo de Ministros. Pero al tratarse de una coalición, la posibilidad de cesar a algún cargo de Igualdad amenaza con hacer saltar por los aires el propio Gobierno. Los socios minoritarios viven un momento de especial complejidad, con dos alas abiertamente enfrentadas.
Por una parte, Yolanda Díaz como líder del espacio, junto a Alberto Garzón, de IU, y Joan Subirats, de los comunes; y por otra, las dos máximas representantes de Podemos, Ione Belarra y Montero, que han endurecido sus posiciones dentro del Consejo de Ministros, y ya no se limitan a hacer oposición solo al ala socialista, sino que también cargan contra la vicepresidenta segunda.
La ruptura entre Díaz e Iglesias
Podemos ha optado por hacer oposición al Gobierno desde dentro del Gobierno. Una postura que les permite disfrutar de la proyección, visibilidad y recursos económicos que les brindan las instituciones, pero sin renunciar a las críticas feroces al ala socialista y a la propia Yolanda Díaz, a quien acusa de ser tibia en sus planteamientos frente a la "claridad ideológica" del partido.
En este repliegue identitario han devuelto a primera plana perfiles duros como el de Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero, que lanzan ataques de calado que dirigentes de la actual dirección no podrían permitirse. La crisis del 'si es sí' no sólo ha afectado al Ministerio de Igualdad, sino en toda la organización, donde ven a Irene Montero como una posible competidora de Yolanda Díaz para ser candidata a las generales.
Y la gestión de la crisis de los morados también ha ido encaminada en ese sentido, con una estrategia de victimización de la dirigente de Podemos y una dura ofensiva contra la falta de respaldo de la vicepresidenta segunda del Gobierno.
Un cese por parte de Sánchez en Igualdad sería fácilmente empleado por los morados para persistir en esta estrategia y endurecer su oposición o, en último extremo, abandonar el Gobierno bajo ese pretexto. Algo que dinamitaría la actual mayoría progresista, al tiempo en que precipitaría una ruptura entre Díaz y Podemos para los próximos comicios, disminuyendo las opciones de reeditar un Gobierno progresista.
El margen del presidente es, por tanto, muy limitado. Sánchez depende de que el espacio a su izquierda resista y que se presente unido a las próximas elecciones si quiere continuar en la Moncloa. Pero, a la vez, el Gobierno necesita superar esta profunda sima. Por eso no es descartable algún tipo de encuentro a tres bandas -el presidente, Díaz y Belarra y Montero- o la mediación del Félix Bolaños con Podemos para intentar pactar una solución.
