La revisión de la sentencia que absolvió a los 34 acusados en el proceso que dio origen al caso Brugal, el de las supuestas irregularidades en la adjudicación de las basuras del Ayuntamiento de Orihuela, se retrasa. El Tribunal Supremo, que había señalado para este miércoles su deliberación y fallo, sacó finalmente este punto del orden del día por cuestiones de reparto de trabajo y que nada tienen que ver con el fondo del asunto, según ha podido saber este medio.
El Supremo tiene que fijar ahora una nueva fecha "cuando por turno corresponda", según consta en la providencia en la que se notifica la suspensión del señalamiento, para revisar un fallo que exoneró de responsabilidad penal, entre otros, al empresario de las basuras Ángel Fenoll, cuyas grabaciones fueron el germen del Brugal, y a los exalcaldes populares de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente, esta última pendiente en la actualidad de la sentencia que la sección VII de la Audiencia Provincial tiene que dictar en el proceso del plan zonal de la Vega Baja.
Una resolución que, debido a este aplazamiento del Supremo, es más que probable que vea la luz antes de conocerse el criterio del Alto Tribunal sobre las intervenciones telefónicas y los registros anulados en el asunto de las basuras de Orihuela al entender la sala que lo enjuició, formada por los magistrados Gracia Serrano, José Teófilo Jiménez y Manuel Martínez Aroca, que vulneraban derechos fundamentales.
Contra este fallo presentó recurso de casación la Fiscalía, quien sostiene que la resolución tiene que anularse y celebrarse una nueva vista con un tribunal diferente.
La sección VII de la Audiencia de Alicante con sede en Elche absolvió a los 34 acusados de haber cometido irregularidades en la adjudicación del contrato de recogida de basuras y limpieza viaria de Orihuela tras declarar la nulidad de las principales pruebas de cargo en que se apoyaban las acusaciones. No solo invalidaron las intervenciones telefónicas que se practicaron durante tres años, y que eran esenciales para las tesis acusatorias, sino que anularon también registros domiciliarios, vigilancias policiales y hasta algunos documentos .
El juicio se celebró entre marzo y diciembre de 2019 a lo largo de 58 sesiones. Los hechos sucedieron entre 2000 y 2008, periodo en que fue adjudicado el contrato de basuras a la UTE integrada por Sufi S.L., Liasur S.L. y Gobancast S.L., que pasaría a denominarse UTE Orihuela Capital de la Vega Baja, por el Ayuntamiento oriolano que gobernaba el PP.
Además de los exregidores Medina y Lorente, en la causa figuraban ocho concejales, entre ellos algunos de la oposición en aquel momento, durante los mandatos municipales 2003-2007 y 2007-2011, así como representantes de las sociedades Colsur S.L. y Proambiente S.L., junto a trabajadores de ambas firmas y familiares directos y del entorno de Fenoll.
Un decena de delitos
Fiscalía y la acusación particular, ejercida en nombre del Ayuntamiento de Orihuela, que no recurrió al Supremo, consideraba a los acusados autores de delitos de fraude, prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, coacciones, y extorsión. Y pedían que fueran condenados a penas que oscilaban entre los nueve meses y los casi 38 años de prisión.
Sin embargo, tras analizar las pruebas que no fueron expresamente declaradas nulas, la sala consideró que no quedó debidamente acreditada la comisión de ninguna de esas infracciones penales.
El tribunal ya había anulado con anterioridad varios pinchazos porque, en su opinión, las resoluciones judiciales que los amparaban adolecían de la suficiente motivación jurídica o no daban cobertura a nuevos delitos descubiertos de forma casual. Esa nulidad alcanzaba a todos los dispositivos móviles usados por los acusados.
La resolución del Supremo es importante para todas las piezas que se desgajaron de la operación Brugal, entre las que además del Plan Zonal se encuentra la del Plan General de Alicante, pendiente del recurso de casación interpuesto por la Fiscalía y la de las basuras de Calp, recientemente sentenciada y contra la que ya se han anunciado recursos.
