La ministra de Igualdad, Irene Montero, sigue insistiendo en que las rebajas de penas y excarcelaciones que se están produciendo en aplicación de la ley 'sí es sí' se deben a una "interpretación errónea" por parte de los jueces, no a que la legislación sea incorrecta. Pero ha añadido una razonamiento más a su argumento de que el problema es que la judicatura española es "machista". Ha señalado que dado que existe una instrucción de la Fiscalía de 2015 que indicaba que no se podían rebajar condenas ya impuestas si entran dentro de la nueva horquilla de penas de una reforma del Código Penal, "nadie pudo pensar que si se bajaban las penas mínimas, eso podía conllevar reducciones de pena, porque existe jurisprudencia".
Asimismo, ha subrayado que ningún órgano consultivo les recomendó introducir en la ley una disposición transitoria para que la posible rebaja de penas no se aplique a las personas ya condenadas, algo que hubiera sido necesario dado que es un principio básico del Estado de derecho la aplicación retroactiva de las leyes cuando son más beneficiosas para el reo.
Además, la ministra, que se encuentra en el ojo del huracán desde que han empezado a trascender las primeras sentencias que rebajan las penas o excarcelan a condenados por abusos o agresiones sexuales, ha tachado en una entrevista en la Cadena Ser de "bulo" y de "mentira" que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtiera de las posibles revisiones a la baja.
Es cierto que el Poder Judicial no habló en su informe de los posibles efectos de la bajada de las penas mínimas, pero sí avisó de que "la reducción de los límites máximos" comportaría "la revisión de aquellas condenas en las que "se hayan impuesto las penas máximas conforme con la legislación vigente". Por eso, según la argumentación de la ministra de Igualdad, se corrigió el proyecto legal cuando este volvió a ser estudiado por el Consejo de Ministros en segunda vuelta, y "no se bajaron los tipos máximos". Fue un "empeño" del ministro de Justicia en aquel momento, Juan Carlos Campo, según ha reseñado.
Pese a sus argumentaciones, la decisión del Ministerio de Igualdad, respalda por Unidas Podemos, de responder al varapalo de las revisiones de penas con una crítica generalizada a la justicia "patriarcal" ha despertado la indignación en el poder judicial. Así, el CGPJ ha tachado de "intolerables" sus acusaciones y le ha recordado que "la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho Penal". Y también han criticado la actitud de la ministra las principales asociaciones judiciales.
