En el Congreso, es tan política la decisión de tramitar a toda velocidad una ley como la de demorar un procedimiento. Si el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en plena ofensiva de la oposición por la tragedia de Melilla del mes de junio, no ha dado señales de vida en la Cámara desde hace siete días es porque, detrás, hay una intención política. Como la hay detrás de la pretensión del Gobierno de tener dos nuevas leyes en el BOE antes de fin de año: la del impuesto a bancos y a eléctricas y la de reforma del Código Penal. En el Congreso, sí, la política condiciona casi todo.

El pasado 8 de noviembre, antes de comparecer ante la comisión de gastos reservados del Congreso (la de secretos oficiales) para explicar a qué dedica Interior esas partidas que por seguridad nacional no se pueden publicitar, el ministro expresó su voluntad de ir de nuevo a la Cámara a contar más detalles sobre lo que hicieron las fuerzas de seguridad del Estado cuando decenas de migrantes procuraron cruzar la valla fronteriza de Melilla. Matizó, tras manifestar su disposición y disponibilidad, que la elección de la fecha dependería de los grupos parlamentarios. Su gabinete no cursaría una comparecencia a petición propia.

También dejó clara su intención de facilitar a los diputados los vídeos que aún no se conocen. Son cinco horas de imágenes lo que quieren ver los representantes de ERC, EH Bildu, PNV y hasta el PP, aunque en la dirección popular las prioridades no responden al mismo orden. Según diputados como Jon Iñarritu, el reportaje de la BBC sobre lo acontecido en la frontera, así como imágenes vistas en los medios con posterioridad, demuestran que "gran parte de los hechos ocurrieron en territorio español". "Marlaska --añadió-- debe comparecer y dejar de negar la evidencia como lleva haciendo cuatro meses".

Siete días más tarde, ni rastro de la comparecencia del ministro. Tampoco señales de los vídeos. Sólo el silencio; solicitudes hechas por correo electrónico que no se contestan y deseos que caen en el vacío. El PNV, por medio del diputado Mikel Legarda, quien formó parte de la delegación parlamentario que viajó a Melilla el pasado 7 de noviembre, ha manifestado su enfado sin tapujos.

A través de un comunicado, exige la entrega "inmediata" de las imágenes a los diputados de la Comisión de Interior y verbaliza la denuncia: “Ocho días después del viaje a Melilla no sabemos nada”. No es verdad, a su juicio, que hubieran visto "un solo segundo" de esos vídeos durante el periplo por la ciudad autónoma y es "grave", a su entender, que se dé por supuesto que tales imágenes son "accesibles".

El grupo vasco aboga por fijar ya una fecha para que el ministro de Interior acuda a la Comisión correspondiente y puedan proyectarse las imágenes.

Fuentes consultadas por EH Bildu plantean lo mismo: comparecencia e imágenes, todo junto o por separado, eso no es tan primordial. Lo fundamental, para la formación vasca, es que Marlaska diluya las lagunas y los vacíos de su relato sobre los acontecimientos trágicos del 24 de junio, cuando fallecieron 23 migrantes como mínimo. Organizaciones civiles han elevado la cifra a unas 40. Ha pedido que asista el ministro, ha pedido el visionado de las imágenes y ha pedido una comisión de investigación. ERC secunda las demandas de los independentistas vascos.

Ahora bien, incluso aunque Unidas Podemos se alinee con los grupos nacionalistas e independentistas, ninguna de las reclamaciones tiene garantizado el desenlace. De los objetivos propuestos por la oposición, también el PP, cuyo papel en esta polémica resulta crucial, es la comparecencia de Marlaska el que ha cogido más cuerpo. El pasado día 2 de noviembre, los populares registraron la solicitud dirigida al ministro. EH Bildu tiene otra. Prácticamente nadie pone en duda la conveniencia de que el titular de Interior vuelva a exponerse al debate en el Congreso tras el que hizo ante el pleno en septiembre. Sólo falta la fecha, por tanto.

Otro objetivo es la comisión de investigación. La Mesa de la Cámara, este lunes pasado, calificó la propuesta, como era de esperar. La Junta de Portavoces deberá a partir de ahora incluir este punto en el pleno siguiente, o bien excluirlo, lo cual aparcaría la medida hasta el próximo periodo de sesiones (enero-junio de 2023). Dado que PSOE y PP no comparten la idoneidad de la comisión de investigación, ya que puede infligir daño a la reputación de unas fuerzas de seguridad que en Melilla están mal equipadas, y en consecuencia, desprotegidas, la opción está abocada al fracaso. Así se pronuncian fuentes de ambos partidos.

Ábalos preside la comisión

La comparecencia de Sánchez ante el pleno es una posibilidad que no cabe descartar por el momento. El PP la ha pedido ante "la falta de respuesta" de Marlaska. "Está claro que no quiere comparecer", apuntan fuentes del grupo popular. Por ello, han elevado la mirada y se dirigen ya al presidente. Al final y al cabo, afirman, es quien calificó la actuación policial con un "bien resuelto". Las imágenes conocidas estas últimas semanas no se corresponden con la versión que dio el ministro de Interior en una sesión plenaria de septiembre. "Alguien no está contando la verdad", zanjan.

Al ser una comparecencia ante el pleno, la Junta de Portavoces tiene que pronunciarse y determinar cuándo será. El precedente de septiembre no es halagüeño porque dicho órgano parlamentario tenía dos peticiones encima de la mesa: la de Marlaska y la de Sánchez. Para salvar al presidente, el PSOE acordó la de Marlaska. Esto puede ocurrir de nuevo en pocos días.

Las fuentes de EH Bildu sospechan de "la burocracia parlamentaria". Ahí estaría la causa del retraso y de la falta de noticias. Temen que haya un doble juego en el Gobierno, doble juego que en el Congreso es ya un clásico. Por un lado, en público, mostrar disponibilidad. Lo hizo Marlaska hace una semana. Por otro, en privado, retrasarlo todo. Denuncian fuentes de cuatro grupos que esto es justo lo que está haciendo la Mesa de la Comisión de Interior, cuya mayoría, tres miembros, es de PSOE y Unidas Podemos. Preside el exministro José Luis Ábalos. En el PSOE, consultados por esta suspensión de los acontecimientos políticos, reconocen que no saben nada.