Seis días separan el 'mayda'y lanzado por el capitán del 'Prestige' tras una vía de agua a 28 millas de Finisterre del hundimiento del viejo monocasco cargado con 77.000 toneladas de fuel. Tras días de errática singladura, el viejo lobo de mar Apostolos Mangouras, entonces tenía 67 años, fue señalado como el responsable del "rumbo suicida" del buque que tiñó de chapapote más de 3.000 kilómetros de litoral, desde la desembocadura del Miño, en la frontera con Portugal, hasta el Atlántico francés.
Mañana se cumplen 20 años del gran estruendo en los tanques del petrolero con bandera de Bahamas, construido en 1976 y más largo que dos campos de fútbol. Hacía ocho días había partido del puerto de Venspils (Letonia) rumbo a Gibraltar y hacía tan solo seis meses la clasificadora ABS había certificado que era apto para navegar. Fue el comienzo de lo que acabó convirtiéndose en la mayor catástrofe medioambiental ocurrida en España y que derivó en el mayor proceso judicial de Galicia por el que se sentaron en el banquillo solo tres acusados: el capitán, el jefe de máquinas y el entonces director general de la Marina Mercante. Ni la empresa propietaria, la liberiana Mare Shipping, ni la certificadora que no vio fallo alguno de seguridad en el petrolero ni otros cargos públicos fueron juzgados por el desastre ecológico que, según informes de la Fiscalía, causó daños por casi 4.400 millones de euros.
Dos décadas después de aquel 'mayday' en medio de un fuerte temporal en aguas gallegas, el 'Prestige' sigue surcando los mares judiciales para lograr que el entorno del petrolero afronte el pago de las pérdidas ocasionadas. Pese a que el Tribunal Supremo cifró en su fallo de diciembre de 2018 en casi 2.000 millones las compensaciones, solo se podrán recuperar 1.000 millones de dólares (apenas 900 millones de euros), que es el importe de la póliza suscrita por la armadora con la compañía London P&I Club. El escenario donde España está librando el litigio final es Reino Unido, donde la aseguradora tiene su sede.
¿Cuándo terminará la singladura judicial de la marea negra? Partes personadas en el proceso ya daban por hecho hace un año que cumplido el 20º aniversario del hundimiento del petrolero no estaría resuelto el pago de los daños. Se cumplió la previsión. Hace apenas dos semanas, el fiscal general el Estado y exfiscal de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, reconocía en una entrevista con Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica, que era “difícil” saber cuándo se pondría fin a esta travesía judicial. “Si ya nos equivocamos durante toda la instrucción de cuánto iba a durar este proceso en España, es mucho más difícil hacer una previsión en tribunales extranjeros”, advertía a este diario el fiscal del caso 'Prestige'. “Pueden ser tres meses, seis meses… Como un año o incluso más. Es imposible saberlo”, añaden fuentes próximas al proceso diez años después de que arrancase el juicio en A Coruña y más de tres años desde que la Audiencia Provincial lanzó la orden para que el entramado del petrolero haga frente a los daños, intereses y costas.
Nueve años de instrucción
La maraña judicial del 'Prestige' arrancó en el pequeño juzgado de Corcubión con una instrucción que eternizó durante nueve años. Asumió el sumario más prolijo de la historia judicial gallega: casi 300.000 folios. Los cambios de juez, hasta seis magistrados se pusieron al frente de la investigación, las múltiples ramificaciones internacionales de la causa, sumado a las anomalías en los peritajes y el desacuerdo de la mayoría de las partes eternizaron la primera fase del proceso. “Los continuos cambios de juez hicieron perder tres o cuatro años”, apuntan fuentes personadas en la causa. Todo hacía presagiar lo que se avecinaba, un juicio descafeinado y una sentencia que finalmente no resolvería las controversias de la catástrofe medioambiental: cuál fue la causa del siniestro y qué opción hubiera sido mejor para minimizar el alcance de la marea negra.
Primer revés judicial
Antes de que comenzase el juicio en Galicia, el caso 'Prestige' ya había tocado otros puertos judiciales. Y lo hacía al otro lado del Atlántico; en EEUU, donde dos meses antes del arranque del proceso en A Coruña la Justicia dio carpetazo a la demanda de España contra la clasificadora ABS. El proceso que comenzó en 2003 en Nueva York se cerró en 2012 al no apreciar pruebas suficientes para culpar del accidente a la certificadora con sede en Houston que había avalado que el viejo petrolero era apto para navegar. Esta causa costó a las arcas españolas 30 millones.
Imputados
“Es obvio que hay más gente implicada en el siniestro, tanto responsables políticos como no políticos”, lamentó el presidente del tribunal del 'Prestige', Juan Luis Pía, al término del juicio. Quienes sí podían haber tenido responsabilidad desde el punto de vista civil son algunas partes del escurridizo entramado empresarial del petrolero, concretamente su armadora, Universe Maritime, y la certificadora de navegabilidad ABS. Pero la justicia fue incapaz de sentarles en el banquillo.
Sentencia sin culpables
Fue un juicio “largo”, “árido” y “descafeinado”, como apuntan partes personadas Así se esperaba. Pero lo que no estaba previsto es que la Audiencia de A Coruña dictase el 13 de noviembre de 2013, en el undécimo aniversario del hundimiento del 'Prestige', una sentencia sin culpables, ya que eximió de cárcel y del pago de daños a los tres acusados. Y como responsable de las deficiencias del petrolero señaló a la clasificadora ABS, ausente en el juicio.
Giro radical del Supremo
Los recursos interpuestos ante el Supremo dieron un giro de 180 grados al fallo de la Audiencia de A Coruña. Hubo que esperar cinco años por la sentencia definitiva en los tribunales españoles. El Alto Tribunal además de elevar a 2.000 millones las indemnizaciones declaró como responsables civiles subsidiarias de la catástrofe a la naviera del barco, sin activo financiero alguno, y a la aseguradora británica, London P&I Club, con quien la armadora tenía suscrita una póliza de 1.000 millones de dólares, una cifra alejada de la abultada factura de la catástrofe que dejó la marea negra.
El litigio final en Reino Unido
Los afectados por los daños del 'Prestige' ya cobraron las indemnizaciones, unas partidas ya adelantadas por las distintas administraciones y el Fondo de Indemnización por Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac). La batalla se libra ahora en Reino Unido, donde la aseguradora tiene su sede. Una sentencia dictada el pasado mes de junio por el Tribunal de Justicia de la UE da la razón a España para proceder al cobro de la póliza del seguro de la armadora: el arbitraje en Londres no puede bloquear la condena a la aseguradora del 'Prestig'e dictada por un tribunal de otro estado miembro. Es decir, los magistrados del TJUE, en contra de las tesis de su abogado general, dan prioridad a la sentencia del Supremo sobre el pago de los daños frente a las maniobras legales de la aseguradora del petrolero que intentó blindarse con un laudo arbitral en un tribunal de Londres para bloquear la ejecución de la sentencia. Con el arbitraje, la compañía londinense pretende que España se atenga a las normas de derecho mercantil británico y a las condiciones de las cláusulas de la póliza. Es decir, que cualquier reclamación debería estar sujeta a ese arbitraje y que la aseguradora solo estaría obligada a pagar si antes lo hace el armador, algo que no se ha producido ya que esquivó el proceso judicial. Pese al espaldarazo del Tribunal de la UE a la reclamación de España, el cierre de la causa se plantea todavía difícil debido al Brexit, la complejidad del sistema legal británico y la resistencia que London P&I Club se propone seguir ejerciendo en los tribunales.
¿Otro caso 'Prestige' es posible?
Expertos en seguridad marítima coinciden en que otro 'Prestige' es posible ya que, advierten, sigue habiendo grandes agujeros en la legislación europea. Tras la catástrofe medioambiental en aguas gallegas, la UE prohibió la entrada en puertos europeos de buques monocasco como fuel pesado, pero esto no impide que circulen por aguas comunitarias. Los ecologistas denuncian deficiencias en la legislación y el régimen de responsabilidad en el transporte marítimo que, denuncian, “siguen protegiendo los intereses de la industria petrolera”. Con el régimen actual, la responsabilidad de un vertido queda limitada únicamente al propietario del buque, con lo que gerentes, fletadores, armadores y dueños de la carga quedan exentos.
Instrucciones complejas
En el ámbito judicial, el fiscal general del Estado reconoce la necesidad de resolver las macrocausas en España para evitar que se eternicen en los juzgados, “o bien a través de especialización o de la intensificación de medios”. Se trata de una vieja reivindicación que como fiscal de Medio Ambiente en Galicia ya había puesto sobre la mesa en los sucesivos aniversarios de la catástrofe medioambiental. “Si se demoran los casos sencillos, las instrucciones de procesos como el 'Prestige, mucho más”, advierte uno de los abogados en la causa, quien coincide en demandar oficinas que presten apoyo al juzgado que le toque un asunto complejo y así evitar que los macroprocesos no tarden décadas en poner fin a su singladura judicial.
