El PP suspende las conversaciones con el Gobierno sobre el CGPJ por el impulso a la reforma de la sedición

El PP ha anunciado esta tarde que ha suspendido las negociaciones por la voluntad de Pedro Sánchez de modificar el Código Penal y recortar las penas. En un comunicado, el partido conservador exige "garantías" del jefe del Ejecutivo de que no modificará ese delito y no facilitará "el camino" a los que quieren "combatir" el Estado.

A las ocho y media de la tarde, los populares han anunciado su decisión y han pedido al PSOE que decida "si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el Partido Popular o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional". 

ERC está presionando a Sánchez para que cumpla su palabra de "homologar" las penas por ese delito a las que se imponen en otros países europeos, donde son mucho menores. En España, si el que lo comete es cargo de autoridad, la condena de cárcel es de 10 a 15 años. 

En una conversación por teléfono, Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido a Sánchez abordar "juntos" cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal. El líder del PP le ha recordado que el partido socialista prometió esto último cuando se presentó a las últimas elecciones.

Bolaños negó la reforma

Según la nota enviada por los populares a los medios de comunicación, es "una incongruencia insalvable" pactar el reforzamiento del Estado, con la reforma del CGPJ, a la vez que el Ejecutivo de coalición "pacta con otros partidos", en referencia a ERC, "desproteger" a ese Estado. "Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España", señala el comunicado. 

Los conservadores apuntan que el portavoz del Gobierno en este asunto, Félix Bolaños, había trasladado a Esteban González Pons, que "no estaba" en los planes del PSOE "acometer" la "modificación" del delito de sedición.

El proceso que iba a acabar con un poder judicial caducado durante casi cuatro años ha terminado por estallar por las buenas palabras del Gobierno a ERC sobre el compromiso de abordar la reforma de la sedición. Los gestos de Sánchez a los republicanos han puesto en aprietos al PP. La presión que está recibiendo el líder popular desde las esferas empresarial y judicial madrileñas para que no se renovara es considerable, según fuentes de esos dos ámbitos. Hay quien incluso ya había advertido a Feijóo directamente de que sería un "error fatal para el PP" que aceptara a Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. Como informó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, fuentes cercanas a los populares señalan que ya estaba pactado, aunque formalmente la elección de Conde-Pumpido depende de una votación posterior del propio tribunal.  

El resbalón de Montero

El momento de máxima tensión llegó este jueves por la mañana en el hemiciclo del Congreso, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en medio del debate de las enmiendas a los Presupuestos, hizo unas declaraciones ambiguas en las que se podía entender que el Ejecutivo iba a llevar con diligencia al Congreso una propuesta legislativa para acortar las penas y beneficiar así a los dirigentes del 'procés' huidos. Sus palabras se cruzaron como un inesperado viento gélido en el acercamiento de posiciones sobre el poder judicial logrado por Bolaños y Pons. 

Montero tuvo que salir a aclarar que ella no había dicho nada distinto a lo expresado días antes por el jefe del Ejecutivo. Sánchez aseguró en Bruselas el viernes que mantenía su "compromiso de legislatura" de "homologar" las penas para ese delito con las que se imponen en algunos países europeos, donde son menores. Pero no puso plazos ni concretó nada, porque no "hay una mayoría" parlamentaria suficiente, en su opinión, para aprobar la reforma legal.

Pocos minutos después de que la ministra matizara, el propio Feijóo se vio obligado a reaccionar. El jefe de los populares estaba invitado a mediodía a dar una charla en un foro en Santander y desde allí tuvo que improvisar una respuesta a la polémica que se había montado por la ambigüedad de Montero. Feijóo elevó el tono al reclamar a Sánchez que aclare si elige "sobrevivir" en la Moncloa y agradar a ERC o "proteger" la democracia, aunque evitó romper con él en ese momento. 

Feijóo, eso sí, aseguró que si llega a gobernar España, está decidido a "agravar las penas de sedición y rebelión" y a tipificar esos delitos "de forma precisa". El conservador, además, recordó que su partido ya ha reclamado en varias ocasiones que ve necesario volver a introducir como delito la mera convocatoria de un referéndum ilegal.

Sánchez daba el acuerdo por cerrado

A pesar de todas estas turbulencias del jueves por la mañana, parecía que el pacto aún aguantaba. Según el presidente del Gobierno "está listo". Según el PP, aunque hay "avances" en las conversaciones, no hay un acuerdo cerrado.

Las palabras del dirigente socialista llegaron desde una comparecencia junto al presidente de Suráfrica, Cyril Ramaphosa. El jefe del Ejecutivo abordó sin remilgos el tema de la modificación en el Código Penal para reiterar que "una cosa es la agenda legislativa" y otra "el cumplimiento estricto" de las "obligaciones constitucionales".

"Y ese llamamiento es el que quiero hacer", remarcó. Sánchez recordó que el CGPJ lleva casi cuatro años bloqueado y que su último presidente, Carlos Lesmes, ha dimitido. "Estamos ante una crisis constitucional sin precedentes", enfatizó. Aunque el PP lo matizó después, el presidente del Gobierno mantuvo que "el acuerdo está listo, está preparado" y sólo falta la respuesta final del Génova ."¿Queremos renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional? El Gobierno de España dice 'sí' de manera rotunda", concluyó.