El empresario Ángel Ávila detalló este lunes en el juicio el trato de favor al Grupo Cursach que vivió desde dentro y el "acoso" sufrido cuando se marchó a la competencia. Ávila, personado como acusación particular en el proceso, aseguró haber recibido preavisos de las inspecciones policiales durante los ocho años que trabajó para el magnate. "Cada noche, Sbert o Bergas me llamaban para decirme si estaban los [policías] buenos o los malos", aseguró. Tras su salida de la empresa en 2007 para irse a la competencia, empezó su "calvario". "Sbert me amenazó y empecé a recibir visitas continuas de la Policía Local", afirmó. "Sbert me ha arruinado la vida", declaró el empresario, que reclama 9,5 años de prisión para Cursach y su mano derecha y una indemnización de 8,5 millones de euros.
Ávila fue entre 1999 y 2007 director de la discoteca Pachá cuando estaba en manos de Cursach. "Conozco muy bien los pasos que daba el Grupo Cursach para acabar con el enemigo", sentencia. En su declaración apuntó a Miguel Estarellas, agente de la Policía Local de Palma que fue procesado y falleció antes del juicio, como autor de los chivatazos a los negocios de Cursach. "Venía muy a menudo a avisar de cosas. Iba a hacer una medición de sonido y vino media hora antes para avisarme", afirmó Ávila. "Cada noche recibía la llamada para decirme si estaban los buenos y podía excederme de volumen y de horario, o estaban los malos y tenía que ir con cuidado. Es muy cómodo trabajar así. También nos avisaban de inspecciones de Trabajo", añadió. También aseguró que en una ocasión él mismo, Sbert y el director de Tito’s, Jaime Lladó, fueron a la Jefatura de Policía y hablaron con un mando para que realizara una redada antidroga en un negocio que competía con Pachá.
Ávila contó que este trato de favor a los negocios de Cursach lo sufrió en sus carnes a partir de 2007, cuando se marchó y pasó a ser socio y director general de Level, otra discoteca del Marítimo. Cuando empezó a llevar turistas en autobús al negocio, una práctica que hacían "todas las discotecas". "Sbert me llamó y me dijo que dejara de hacerlo. Le dije que no y me amenazó. Que ya sabía a qué atenerme. Y a partir de ahí empezó el calvario de visitas continuas, casi diarias" de la Policía Local. "Venía Estarellas por cualquier tontería y me hacían inspecciones ridículas para molestar", afirmó, señalando de nuevo al agente fallecido. "Me decía que Sbert le mandaba. Era una persecución", afirmó. Ávila reconoció que había problemas con las licencias del negocio y que utilizaban tiqueteros de forma irregular, pero aseguró que existía una «campaña de acoso» porque no se sancionaban las mismas irregularidades de los negocios de Cursach. «"Todas las deficiencias las tenían también sus discotecas", aseguró.
El empresario aseguró estar enemistado con Sbert a raíz de esta situación: "Creo que está obsesionado conmigo. Dijo que hasta que yo no viviera debajo de un puente no iba a parar". De Cursach, en cambio, dijo tenerle "aprecio" para sorpresa del magnate, que realizó un aspaviento en el banquillo al oír sus palabras.
Otro testigo que fue propietario de la discoteca Level apuntó que el "hostigamiento" comenzó cuando llegó Ángel Ávila al negocio. Hasta entonces "fue denunciado como cualquier otro local", pero "empezaron a machacarlos y fue un desastre", señaló. De los años anteriores dijo que solía estar pendiente de cuando Tito’s apagaba las luces a la hora límite. "Entonces sabía que había inspecciones", dijo en relación a supuestos preavisos al grupo Cursach.
En la sesión del lunes declaró también una funcionaria del Ayuntamiento de Palma que llevó a cabo inspecciones en Tito’s, Megapark y Pachá por encargo del juzgado tras la detención e ingreso en prisión de Cursach y Sbert en 2017. Según explicó, comprobó que en todos ellos había un "montón de anomalías". Afirmó que es «amiga íntima» de la pareja del juez Penalva, pero negó que eso hubiera influido en su labor. También rechazó haber detectado tratos de favor en la concesión de licencias a los negocios de Cursach a lo largo de su larga trayectoria en Cort.
Además, otros dos agentes de la Policía Local de Palma que declararon como testigos se desdijeron de sus declaraciones en la fase de instrucción, en las que habrían señalado irregularidades de otros agentes. Ambos señalaron al exfiscal Miguel Ángel Subirán de haber guiado su declaración y aseguraron que entonces tenían "pánico a entrar en prisión". Los dos policías negaron que haber presenciado actos ilegales o situaciones de acoso por parte de la Patrulla Verde.
