Nacido en un pequeño pueblo de Salamanca, Álvaro García Ortiz llevaba 18 años en Galicia cuando en marzo de 2020 fue nombrado segundo en la Fiscalía del Estado y tras la dimisión hace tres meses de Dolores Delgado dio el salto a la cima del Ministerio público. En su etapa como fiscal delegado de Medio Ambiente en la comunidad gallega, García Ortiz desmontó las tesis de la Xunta sobre “tramas incendiarias” y ejerció la acusación pública del Prestige. En su segunda visita oficial a Galicia analiza en una entrevista con este diario cómo ha sido su aterrizaje en la Fiscalía del Estado y cómo afronta una etapa marcada por el daño que ha causado el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. “No he recibido instrucción ni llamada alguna del Gobierno o de otro estamento; el fiscal general es independiente, autónomo y actúa con libertad”, aseguraba ayer Garblcía Ortiz a este periódico horas antes de participar en los actos del 40 aniversario del Ministerio Fiscal que organiza la Fiscalía Superior de Galicia en el pazo de Mariñán (Bergondo).
Tras casi 20 años en Galicia aterrizó en Madrid de la mano de Dolores Delgado, primero como su número dos y hace tres meses como fiscal del Estado. ¿Cómo está afrontando este salto, vertiginoso, mortal, no sé cómo calificarlo o cómo lo califica usted, que puso fin a una etapa en un área que es su pasión, Medio Ambiente, para tomar las riendas de la Fiscalía del Estado?
En el fondo ha habido un poco más de progresión. No es que sea normal ir de la Fiscalía de Santiago a ser fiscal del Estado, pero también hay algunos aspectos interesantes. Primero, una vida asociativa que te da visión y un conocimiento de la Fiscalía. Después, formar parte del Consejo Fiscal que también te la da y en la Secretaría Técnica dos años y medio, que por supuesto es el máster absoluto de lo que somos y de lo que queremos ser. Y al final, fiscal general del Estado, que es un honor inmenso, no se lo puede imaginar nadie lo que significa para un fiscal ser fiscal general del Estado. Es una trayectoria impactante para mí.
No había ni tomado posesión de su cargo y ya se puso en marcha una campaña de ataques contra su persona, don Alvarone, fiscal mandamás, y ahora informaciones sobre supuestas reuniones por la trama andorrana de la Operación Cataluña. ¿Cómo encajó esta purga mediática y que fue lo que más le dolió? ¿Llevará alguna de las acusaciones a los juzgados?
Bueno, yo creo que se ha intentado crear un personaje que no soy. Yo, soy un fiscal de carrera que lo único que ha hecho durante toda su vida es trabajar. Lo demás es una invención de un personaje que no existe. Y respecto a lo que se publicó, los hechos que no son ciertos están en manos de los tribunales y las opiniones, aunque sean opiniones groseras o que pueden no gustar, se quedan el terreno de la opinión. No tengo nada más que decir. Pero incluso descartando lo negativo; en positivo, soy un fiscal que lo que ha hecho durante toda su vida trabajar y de ahí no voy a salir y seguiré siendo fiscal después de ser fiscal general del Estado.
Ha llegado a la Fiscalía en un momento convulso para la Justicia, con la renovación del Poder Judicial pendiente desde hace casi cuatro años por el bloqueo político y la reciente dimisión de Lesmes. Es una estampa de lo politizado que está todo hoy en día, ¿la administración de Justicia no es ajena a este control político?
Hay que distinguir que es un órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano constitucional y, por tanto, un órgano de naturaleza política. Lo es. Es decir, forma parte de las instituciones del Estado. Y otra cosa es el ejercicio de la jurisdicción, pero el ejercicio de la jurisdicción no está politizado y el órgano de gobierno de los jueces se elige tal y como prevé la propia Constitución y la propia Ley Orgánica. Otra cosa, y eso es legítimo, que a uno no le guste cómo se realizan esas elecciones. Pero no quiere decir que la justicia esté politizada. La justicia es una cosa. El Poder Judicial o el ejercicio del Poder Judicial, otra.
¿Los jueces deben ser elegidos por jueces, no por el Parlamento?
Eso es una frase, pero detrás de esa frase hay una discusión mucho más profunda. Otros países igual de democráticos que nosotros, como Alemania, no tiene Consejo General del Poder Judicial, en otros el presidente del Gobierno o el jefe del Estado forman parte de ese Consejo del Poder Judicial. Modelos hay muchos. Lo importante es que sean modelos soberanos de cada país, constitucionales y que sean un reflejo de los poderes del Estado. Y a partir de ahí, abrimos una discusión, la que haga falta, que no hay que cerrarse absolutamente a nada. Pero no es lo mismo un órgano de decisión corporativa que un poder del Estado. La justicia emana del pueblo. No pasa nada por reflexionar sobre nuestras propias instituciones.
"Debemos resolver las macrocausas con especialización de los juzgados y refuerzos"
¿Falta responsabilidad en la clase política para evitar llegar a una situación como esta?
Estamos en un momento de espera ahora mismo y que puede que los grupos parlamentarios den una solución a esta situación. Por lo tanto, es mejor no hacer ningún comentario en este sentido, sino tener paciencia y esperar esta semana o el tiempo que sea necesario, que entiendo, según las informaciones, que no va a ser muy largo y ver solucionado el problema. Luego sí se podrá hacer crítica de todo lo que ha pasado.
Lo que sí es evidente que sí, que ha causado un daño a la imagen de la justicia.
Sí, es evidente. La justicia no sale fortalecida con todo esto.
Como fiscal lleva años reclamando la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sean los fiscales y no los jueces los que instruyan las causas. ¿Lo ve posible en su mandato?
Es una reforma a medio-largo plazo. Es muy difícil que pueda convertirse en proyecto de ley y con el tiempo que queda de legislatura se aprobado por las cámaras. Es una cuestión muy difícil, pero sería interesante dejar sentadas las bases. Era muy interesante que un texto legislativo accediera por primera vez al Parlamento y cambiara el modelo de justicia penal en este país, porque es una reforma inaplazable.
Esto en la práctica supone dar más poder a los fiscales, que tendrán la última palabra, como ahora lo tiene el fiscal del Estado, ya que el consejo fiscal solo le asiste pero en la toma de cualquier decisión usted puede prescindir de su criterio. ¿Ve excesivo el poder que se le concede al fiscal del Estado? ¿Debería revisarse?
Puede revisarse todo. No debemos cerrarnos a ningún modelo. Y desde luego, si el sistema de pesos y contrapesos de la toma de decisiones de una institución como es la Fiscalía es susceptible de mejora, pues afrontémoslo, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que el ciudadano confíe en que la justicia se va a ejercer por una institución y por un cuerpo que les represente.
Flaco favor hizo Pedro Sánchez a la Fiscalía cuando en el caso Puigdemont dijo que la Fiscalía depende del Gobierno…
Bueno, yo creo que la respuesta está en la ley, cómo nos organizamos y lo que somos.
Llamadas de presión del Gobierno, haberlas hailas… ¿Ha recibido alguna instrucción?
No he recibido ninguna instrucción ni llamada alguna del Ejecutivo ni de ningún otro estamento. Supongo que la gente que conoce las trayectorias profesionales de cada uno sabe el destino que puede tener esas llamadas. Pero repito, los que no han recibido ninguna.
¿El fiscal es todo lo independiente que él quiera ser, o en estos tiempos, con la actual politización el sistema de nombramientos, es imposible ser independiente?
El fiscal general del Estado es elegido por el Gobierno, pero a partir de ahí no puede cesarlo. Es decir, es absolutamente autónomo en su toma de decisiones Si no te pueden cesar, eres libre para hacer lo que quieras dentro de los márgenes legales, por supuesto. Efectivamente, es tu propio interior el que guía tu independencia, tu autonomía y tu libertad.
¿Con el actual sistema de nombramientos, es posible ser independiente, autónomo y tomar decisiones con total libertad?
El fiscal general del Estado es nombrado por el Ejecutivo. Eso no quiere decir que esté politizado, quiere decir que es la elección que ha tomado el constitucionalista. Nuestro sistema se ha diseñado con que sea el Ejecutivo el que nombre al fiscal general del Estado. ¿Por qué? Pues simplemente porque es normal que el ejercicio de la política criminal que diseña el Ejecutivo cuente con una persona, en este caso, que muestre cierta conformidad con esa política criminal en general, es decir, en este caso violencia de género, derechos humanos, protección de las personas vulnerables. Imaginemos otro escenario en el que el fiscal del Estado Estado estuviera en contra de lo que quiere ejecutar o hacer el Gobierno. Ese es el modelo constitucional, porque, como digo, podemos cambiarlo si no pasa nada, pero es el modelo presidencial. Eso no quiere decir que esté politizado el fiscal general, quiere decir que la Constitución dice que lo designa el Gobierno porque ejecuta o desarrolla una política criminal en el mismo sentido en el que las puede intentar hacer el Ejecutivo. Pero es nuestro modelo; en Alemania, el fiscal general también lo designa; en Francia se parece más a un departamento ministerial; en Austria, exactamente igual. Quiero decir que los modelos hay muchos y nosotros debemos elegir cuál. No, no quiere decir en sí mismo que el modelo sea malo. Tenemos que madurar qué modelo queremos.
Sus casi 20 años en Galicia están marcados por su papel como fiscal en el juicio del Prestige y el haber desmontando la trama de incendiarios defendida por la Xunta Casi dos décadas después del hundimiento del viejo petrolero, todavía se ha cerrado la singladura judicial, pendientes en Londres sobre el pago de la indemnización. ¿Cuánto puede demorarse el dictamen final en los tribunales de Reino Unido?
Realmente es muy difícil saberlo. Si ya nos equivocamos durante toda la instrucción de cuánto iba a durar este proceso estando España, es mucho más difícil hacer una previsión en tribunales extranjeros. La reflexión que tenemos que hacer es que, efectivamente, tenemos que buscar instrumentos de resarcimiento con las compañías que han sido condenadas o declaradas culpables de hechos que han ocurrido en España más ágiles y más y más directos a través de todos los instrumentos que la cooperación internacional nos pueda conceder. Pero no es fácil. Ellos defienden sus intereses y nosotros los nuestros. Y al final nos toca ir a un campo de fuego de juego, que es ajeno. Entonces, paciencia y hacer bien el trabajo y mucha profesionalidad. A ver si somos capaces de que los intereses de España prevalezcan.
Con la salida del Brexit y el arbitraje que exige la aseguradora de la armadora, ¿hay riesgo de que el cobro de la indemnización se vaya al traste (solo mil millones de dólares de la póliza)?
Bueno, el Brexit añade dificultades jurídicas a cualquier instrumento de cooperación. Pero vamos a seguir trabajando y a ver si esas posibles dificultades se superan.
El error de base es que un juzgado como el de Corcubión asumiese la instrucción y que no fuese la Audiencia Nacional la que juzgase un caso de esta envergadura, con ramificaciones internacionales.
A estas alturas, el resultado es una sentencia del Tribunal Supremo español que debe ejecutarse y conseguirse la indemnización en el extranjero. Hoy es no es relevante. Sí lo pudo ser en cuanto a medios de investigación y capacidad de un juzgado y el desbordamiento de un juzgado pequeño.
En el 13º aniversario de la catástrofe del Prestige, en una entrevista a LA OPINIÓN A CORUÑA, del grupo Prensa Ibérica, usted ya cuestionaba que se seguía sin órganos especializados para macrocausas. ¿ Se deberían crear esas estructuras especializadas para macroprocesos que permitan resolverlos en un tiempo razonable, no en diez o veinte años?
Debemos resolver la cuestión de las macrocausas en España, o a través de la especialización o a través de la intensificación de medios. Es verdad que se ha avanzado y es verdad que tenemos algunas causas cercanas que efectivamente se han instruido en menos tiempo. Pero nunca debemos dejar de avanzar en ese sentido: la especialización de los tribunales o la concentración de medios son las dos posibles soluciones a esto. Las macro causas son muy difíciles de gestionar por la justicia en general y por la justicia española en particular.
Casi dos décadas después, ¿otra travesía judicial en un caso como este puede eternizarse en los juzgados, que no se pueda sentar en el banquillo a un armador fantasma y que la indemnización por parte el entramado del barco se limite a la póliza del seguro, cantidad muy alejada del volumen de los daños cuantificados?
Los delitos transnacionales y aquellos que se cometen en diversos países por diversas personas o personas jurídicas son muy complicados de investigar y de llevar a juicio. Yo creo que el hecho de que el juicio del Prestige se consiguiera celebrar y hubiera una sentencia condenatoria, podemos considerarlo bueno pese al tiempo pues algo se consiguió y se logró hacer. No me gusta decir como algo positivo, pero sí destacar que se consiguió hacer. Creo que eso también es un pequeño reconocimiento.
Una de las demandas históricas de Galicia es una fiscalía anticorrupción, ¿la habrá?
Hay que examinarlo. Ahora mismo no estoy precisamente en eso directamente, que es que el panorama ha cambiado y tenemos que examinarlo, a ver si efectivamente la sociedad gallega o la justicia gallega demanda una Fiscalía anticorrupción. Estamos en postpandemia y no estamos recuperando todavía esos proyectos.
En materia de incendios, ve suficientes las actuales penas de prisión, limitadas a casos muy graves. La práctica totalidad se resuelven con multa...
Depende de la conducta del de la persona que causa el incendio. Las penas son proporcionales al reproche de la conducta, no por endurecer las penas, que son ya bastantes años de prisión, se será más eficaz en la lucha contra los incendios. Como hemos dicho muchas veces, son muchos los factores, muy difícil la investigación y tenemos que seguir progresando. Pero no, no sé si una política de agravamiento de las penas que sí debe ser proporcional a la culpabilidad de la conducta del incendiario, nos va a llevar a evitar más incendios. Es un tema muchísimo más complejo que endurecer o mitigar las penas.
¿Se debería ir hacia una reforma del Código Penal para aplicar las penas de cárcel en épicas de riesgo, como ocurre en Portugal?
Cualquier propuesta que tenga efectos de prevención general o prevención especial, pues, será bienvenida. A lo mejor sí que podemos ser más imaginativos en la aplicación de algunas penas sin especificar cuáles, pero efectivamente, cada delito merece una respuesta a lo mejor diferente y se puede avanzar en eso.
¿Qué es lo que más echa en falta de su etapa en Galicia?
Vivir en Galicia. Vivir todos los días en Galicia.
“La Fiscalía no paga ningún peaje del Gobierno a Bildu por su posición sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco”
Dos decisiones de Fiscalía que han creado polémica. Una de ellas ja sido el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala del Supremo.
Todo está previsto, excepto el supuesto de que un fiscal sea fiscal general del Estado. Esa laguna hay que rellenarla con lógica y con coherencia. Y la lógica y la coherencia es que esa persona que ha sido fiscal general del Estado ocupe uno de los más altos puestos, que es la primera categoría. Eso por un lado. Segundo, eso es lo que de facto se ha hecho ya con Segarra y con Ortiz Úrculo. Y en tercer lugar, el curriculum de Dolores Delgado, incluso antes de ser ministra o fiscal general, era lo suficientemente impresionante como para ser fiscal de Sala. Si añadimos ser una servidora pública como ministra del y además después fiscal general del Estado, yo creo que es incontestable.
Sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el fiscal del caso considera que los 20 años de prescripción empiezan a correr desde la fecha de la detención de los imputados, en octubre de 2004, la Fiscalía General hace el computo desde el momento de asesinato. Algunos ven en esta posición de Fiscalía en un “peaje” impuesto desde el Gobierno tras los recientes pactos alcanzados con Bildu
Eso no responde a la realidad. La Fiscalía siempre, absolutamente siempre, actuó y actuará para averiguar, investigar y conocer los crímenes de ETA. Ningún fiscal en este país, ni nadie ni quiere ni tiene intención de cambiar ese rumbo o cambiar ningún principio en ese sentido. La discusión en términos jurídicos, que es como debe plantearse, la resolverá la Fiscalía acudiendo con el auxilio de la Junta de Fiscales de Sala y será esa Junta de Fiscales con el fiscal general que intentarán adoptar una postura. No voy a decir de consenso, pero sí jurídicamente aceptada por todos, que es lo que se trata, dar una solución jurídica a un problema jurídico, despejando cualquier otro contenido tan emocional y, desde luego, tan radicalmente falso como que haya peajes que pagar ni nada parecido.
