Este sábado 22 de octubre se cumple un año del escaño vacío en el Congreso que antes había ocupado por Alberto Rodríguez, que accedió a él en las últimas elecciones generales en la lista de Unidas Podemos (UP) por Santa Cruz de Tenerife, formación que abandonó al día siguiente de su salida de la Cámara. Es una situación totalmente inédita desde que la presidenta de la institución, Meritxell Batet le retiró el acta de diputado tras una sentencia del Tribunal Supremo por un delito de agresión a un policía en diciembre de 2014, durante una manifestación en La Laguna (Tenerife), que le condenaba a una pena de cárcel de 45 días de prisión, permutable por una multa de 540 euros, y a una pena accesoria de inhabilitación de sufragio pasivo.
Desde esa fecha, la Junta Electoral Central (JEC) ha emitido distintos requerimientos para la sustitución de Rodríguez por algunas de las personas que le seguían en la lista tinerfeña de aquellas elecciones, pero ninguna de ellas ha accedido a sustituirlo en un gesto de solidaridad, respaldado por la dirección de Podemos en Canarias, por considerar injusta tanto la condena del Supremo como la propia retirada de la acreditación parlamentaria por parte de Batet. El también exdirigente de la formación morada, tras rechazar el Supremo la revisión y anulación de la sentencia, se mantiene en estos momentos a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que presentó en su día contra la resolución que le apartó del escaño.
Aunque antes del verano pasado fuentes de la judicatura daban por inminente una sentencia del tribunal de arbitraje constitucional dándole la razón y restituyéndole en el puesto, posibilidad por la que apostaba de hecho la Fiscalía, se cumple el aniversario de la salida de Rodríguez del Congreso sin que se haya despejado la incógnita. Algunas fuentes creen que la sentencia saldrá con seguridad antes de finales de año, pero nadie se atreve ya a especular sobre los designios de un órgano sometido en estos momentos a su propia renovación y a una guerra política entre partidos. Tampoco hay novedad sobre la pretensión del grupo parlamentario de UP de sustituir en el escaño al que también fuera secretario de Organización de la formación morada durante dos años, y por tanto manteniéndose vació un asiento que puede ser clave en varias votaciones fundamentales en lo que queda de legislatura, entre ellas la que se producirá el próximo jueves sobre las enmiendas de devolución del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023, y las que sobre este mismo asunto tendrán lugar a finales de noviembre si la Cámara accede la próxima semana a su tramitación.
En todo este tiempo, el fantasma de Rodríguez ha sobrevolado el hemiciclo en algunas nerviosas votaciones para el Gobierno de coalición de PSOE y UP, e inspirando el acto rebelde de desagravio de sus compañeras de lista electoral, que no se han atrevido a mancillar con una presencia que considerarían traidora el templo en el que han convertido ese asiento parlamentario. Primero fue la número dos de la lista por Santa Cruz Tenerife en las pasadas elecciones, Fátima González, quien renunció a asumir el acta, pasando el turno a la tercera integrante de la candidatura, Patricia Mesa, que ni siquiera se ha molestado en responder a la comunicación de la JEC. Una situación que no tiene precedente jurídico dado que la normativa y el órgano electoral no marcan un plazo temporal para comunicar la aceptación o renuncia del escaño, prolongando de esta forma que el escaño siga vacío por ausencia de contestación a ese requerimiento.
El de Alberto Rodríguez se ha convertido en un caso sobre el que se han suscitado muchas y variadas controversias jurídicas y políticas por la forma inédita en que tuvo que abandonar el Congreso, que tiene una derivada judicial aún más compleja en la resolución que al respecto tiene que emitir el TC, y por la situación parlamentaria que provoca el hecho de que ninguna de las personas que podrían sustituirle estén dispuestas a ocupar el escaño. La sentencia inicial del Supremo provocó de entrada un enfrentamiento institucional entre este órgano jurisdiccional y la propia cámara legislativa que acabó no obstante con una polémica decisión de su presidenta puesto que ni la sentencia, ni la aclaración sobre la ejecución de la misma, ni los informes de los letrados de la Cámara, se pronunciaron claramente en ningún momento que la condena conllevara automáticamente la retirada del acta parlamentaria al entonces diputado, tal como acabó haciendo Batet.
Pendiente del TC
En el ámbito político y parlamentario, la salida de Rodríguez del Congreso provocó en un primer momento su abandono, con muchas críticas, de Podemos, que se han ido incluso recrudeciendo con el paso del tiempo, y un enfrentamiento de esta formación con la presidenta de la Cámara, de la que llegaron a pedir su dimisión e incluso amagando con querellarse contra ella por prevaricación. Este enfrentamiento ha quedado dormido en los últimos meses tanto por el distanciamiento entre Rodríguez y la dirección de Podemos, como por el ‘impasse’ que se ha abierto por el la batalla judicial del tinerfeño para recuperar el escaño. Si el TC le acabara dando la razón y considerando inconstitucional la retirada del escaño en la forma en que lo hizo Batet, según apuntaban algunas fuentes hace unos meses, la posición de esta quedaría en entredicho y no hay duda de que Podemos podría volver a la carga exigiendo su dimisión. Una situación muy comprometida para el PSOE y para el propio Gobierno central en el tramo final de la legislatura.
En el otro ámbito parlamentario, el de la aritmética de los votos con una mayoría de Gobierno de solo 155 escaños, un año de escaño vacío ha provocado no pocos sustos al Ejecutivo de coalición por lo apurado de muchas votaciones, y en algunos casos salvando leyes importantes por la mínima, o incluso por el error de algún diputado de la oposición, como ocurrió con la reforma laboral, que se aprobó por el voto afirmativo involuntario del diputado del PP Alberto Casero. La reiterada negativa a sustituir a Rodríguez por parte de las personas que le seguían en la lista electoral mantiene esta situación y la formación morada da por hecho que ese escaño lo tiene perdido a efectos parlamentarios durante el resto de la legislatura. Esta situación se ha visto complementada en su aspecto más esperpéntico por el hecho de que el otro escaño canario de Podemos, el de la grancanaria Meri Pita, también voló de la bancada morada al abandonar ésta el partido y pasarse al Grupo Mixto, aunque de momento sin votar de forma distinta a la de sus antiguos compañeros.
La otra variable política del aniversario del ‘escaño fantasma’ en el Congreso es la que tiene que ver con la incertidumbre que hay en el espacio de izquierdas alternativo al PSOE a pocos meses de las elecciones autonómicas y locales, y a poco más de un año teórico de las generales. Alberto Rodríguez anunció en su día la creación de un proyecto político de “carácter popular” y de “obediencia canaria” sobre la que todavía no hay ninguna concreción, mientras se especula con la posibilidad de que tanto él como los sectores que le apoyan en Canarias acaben confluyendo en Sumar, el proyecto abanderado por la actual vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Otra posibilidad es la de algún tipo de sociedad con la formación creada en las Islas de antiguos militantes de Podemos y que con la marca Reunir preside la ex diputada Carmen Valido.
