El juez del 'caso mascarillas' en el Ayuntamiento de Madrid, Adolfo Carretero, ha acordado mantener la imputación por alzamiento de bienes que pesa sobre el empresario Luis Medina, investigado en esta causa, mientras no adquiera firmeza la sentencia dictada por un juzgado de Sevilla que le permitiría acceder a la herencia de su abuela Eugenia Fernández de Córdoba, por valor de 4.119.095,81 euros. Con este dinero, el aristócrata pretende hacer frente a la fianza de casi 900.000 euros que se le impuso al inicio de la instrucción, equivalente a las cantidades que habría obtenido en concepto de comisiones en el 'pelotazo' con material sanitario durante la pandemia.

Así señala en un auto dictado este jueves, al que ha tenido acceso El Periódico de España, en el que el titular del juzgado de Instrucción número 47 de Madrid da cuenta del resultado del exhorto que remitió en su día al Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla, donde se dirime el litigio hereditario. 

Según la información obtenida, la resolución que concede la legítima de 4,1 millones a Luceño ha sido recurrida, por lo que la decisión aún no ha adquirido firmeza. Por esta razón, "no procede el embargo de dichos bienes ni la desimputación por alzamiento de bienes" del investigado hasta que la sentencia de Sevilla sea firme, concluye el juez de Madrid en su auto, contra el que cabe recurso.

El delito de alzamiento de bienes que pesa sobre Medina se suma al de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por el que está siendo investigado. Medina solicitó librase de él mediante un ofrecimiento de sus derechos hereditarios, y el juez ya le contestó en mayo pasado que "se mantendrán los embargos hechos" por si fuese revocada la sentencia, que de momento se ha dictado en favor del hijo del Duque de Feria.

La imputación por alzamiento se funda en que "el investigado hizo sus disposiciones patrimoniales antes de un proceso de previsible iniciación, como así resultó, sin que tenga nada que ver que con posterioridad a los embargos dictados por este Juzgado, no haya hecho disposición patrimonial alguna", según señaló en su día el instructor.

Imputó este delito tras descubrir que en las cuentas de Medina solo había 247,26 euros, una cantidad insuficiente para afrontar la responsabilidad civil de los presuntos delitos investigados, que en su caso asciende a 1.216.984,33 euros. Previamente, el juzgado únicamente pudo embargar a este empresario el velero matriculado en Gibraltar de 325.515 euros, comprado con las comisiones.

Al ser preguntado por el propio Carretero sobre el destino del dinero que cobró de las comisiones presuntamente ilegales, Medina mantuvo que en su día el fiscal de Anticorrupción "no dijo expresamente que tuviera prohibido disponer" de sus bienes, algo que hizo porque no pensó "que hubiera nada irregular", y que nunca intentó "defraudar nada".

Según la investigación, el 2 de abril de 2020, apenas una semana después de obtener su comisión por las mascarillas, Medina ya había transferido 93.000 euros de su cuenta como primer pago a un armador de Países Bajos para la construcción del yate 'Feria'. Había obtenido como mediador en el negocio -mediante una carta que le acreditaba como agente exclusivo de la compañía EEE para el suministro y obtención de productos sanitarios- un total de 1.000.000 de dólares (916.000 euros) procedentes de Malasia y los transfirió a una cuenta personal.