La Audiencia de Sevilla ha solicitado un informe a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si la cárcel para los condenados en el caso ERE, entre otros el expresidente andaluz José Antonio Griñán, deben entrar en prisión ya o aguardan a que se resuelvan los indultos solicitados.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado del auto dictado por la sección primera de Audiencia de Sevilla de ejecutoria de la condena de los ERE ratificada semanas atrás por el Supremo. El escrito pide a la Fiscalía que informe sobre la solicitud de suspensión de la condena a cárcel para los exviceconsejeros de Empleo, Agustín Barberá, y de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, así como los exconsejeros Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, todos como el expresidente José Antonio Griñán, condenados a penas privativas de libertad al sumar a los delitos de prevaricación el de malversación en el caso de los ERE. Los abogados de estos condenados han solicitado la suspensión de la pena de cárcel mientras se tramitan los indultos solicitados al Gobierno. El auto señala que cabe recurso de súplica en el plazo de tres días.

El auto de ejecutoria de la condena de los ERE resuelve además que el resto de condenados por prevaricación a penas de inhabilitación cumplan desde ya su castigo. El Supremo dictó para 18 exaltos cargos, incluidos los anteriormente mencionados junto a otros como el expresidente Manuel Chaves o la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez y el de Presidencia Gaspar Zarrías, penas de inhabilitación que ya son firmes y no admiten recursos. El auto señala que debe procederse a su ejecución en estos casos “adoptando las medidas precisas para ello”, tanto en lo respecta a “la inhabilitación absoluta” como a la “condena en costas”. 

El Supremo confirmó para Griñán una condena de seis años de cárcel, por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en el caso de los ERE porque considera que actuó "conociendo todas las irregularidades que se estaban produciendo" con anterioridad de su llegada al cargo como Consejero de Economía. La sentencia señala que tanto Griñán como su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, condenado a una pena de inhabilitación por prevaricación, "establecieron un sistema de concesión de ayudas sociolaborales para evitar todo control administrativo, disponiendo del dinero público de forma discrecional y al margen de toda legalidad". El fondo de ayudas públicas repartió durante una década más de 680 millones de euros mediante un sistema discrecional y arbitrario, según la justicia, que pagó las prejubilaciones a más de 6.000 trabajadores inmersos en Expedientes de Regulación de Empleo (EREs).

Voto particular

Dos de las magistradas emitieron un voto particular para desmarcarse de las penas por malversación para Griñán y otros cuatro excargos de la Junta de Andalucía, ya que considera que la sentencia supone “un arriesgado salto en el vacío”, pues atribuye a los cinco acusados que eran ajenos a la Consejería de Empleo “un dolo eventual de difícil encaje en el delito de malversación, con respecto a un resultado fraudulento producido por terceros”.

El abogado de Griñán presentó al Supremo un incidente de nulidad como paso previo a pedir amparo al Tribunal Constitucional. Su abogado sostuvo que el expresidente andaluz fue “condenado sin sentencia” durante cincuenta días, el tiempo que transcurrió desde que se desveló el fallo en julio y se conocieron los argumentos en septiembre, y ello supuso una vulneración de sus derechos fundamentales. Su abogado también pedirá al Constitucional la suspensión de la ejecución de la condena que evite la entrada de Griñán en prisión, o logre su salida inmediata si el ingreso ya se hubiera producido”. En paralelo, la familia del expresidente andaluz, así como de otros acusados, ya han solicitado un indulto que deberá resolver el Consejo de Ministros y que apela a razones de “humanidad”, por la edad de los condenados, y de “ejemplaridad”, por sus trayectorias políticas sin tacha antes de los ERE.