El Poder Judicial propone extender las pulseras de control telemático a hijos de mujeres maltratadas

En España, casi 3.000 víctimas de violencia de género en riesgo alto de ser agredidas por su pareja o expareja llevan estas pulseras de geolocalización como medida de seguridad para garantizar que no se quebrante la prohibición de aproximación. Desde 2009, más de 12.000 mujeres las han portado y en ninguno de estos casos se ha perpetrado contra ellas un ataque mortal. Son un instrumento útil, aunque su tecnología debe afinarse.

Ahora, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial ha puesto encima de la mesa la posibilidad de utilizar dispositivos de control también para proteger a los hijos e hijas de las víctimas. Plantea el Observatorio que se indague en la creación de nuevas categorías de dispositivos que se adapten a su edad, capacidad y desarrollo.

En agosto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habían detectado a 913 menores en situación de riesgo de violencia vicaria: 5 en riesgo extremo; 90, alto y 818, medio, según los datos del sistema policial de seguimiento de víctimas VioGén. Desde 2013, 47 niños y niñas han sido asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres en crímenes vicarios.

Un pequeño mecanismo que no estigmatice

"Hay que estudiar la posibilidad de que los menores también puedan ser beneficiarios de esta herramienta. Entendemos que el dispositivo puede estigmatizarlos, por eso pedimos que se estudie la posibilidad de desarrollar uno que esté más camuflado, como en una mochila, un reloj, un llavero o un colgante", explica a El Periódico de España, medio del grupo Prensa Ibérica, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona.

A la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, responsable de las pulseras Cometa de geolocalización que portan mujeres maltratadas, no le gusta la propuesta: los dispositivos emiten alertas y alarmas que requieren actuación policial inmediata, precisan madurez para su manejo e interfieren en la vida cotidiana, con un impacto "medio-alto". Por ejemplo, el sistema pita si se queda sin cobertura o tiene batería baja. Esta realidad puede resultar delicada para chicos y chicas en edad escolar, por no mencionar que supondría un recuerdo constante de la violencia de género y el riesgo al que están expuestos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género destacan a este diario que ha sido "una sorpresa" encontrar esta propuesta en una guía del Observatorio del CGPJ "sin debate ni reflexión previos en la comisión de seguimiento de dispositivos de la que forma parte el CGPJ además de Interior, Justicia, la Delegación y la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer": "Es una propuesta no reflexionada, no debatida que ha sorprendido a expertas en violencia de género e infancia y en tales condiciones ha ido a una guía", lamentan.

Sin embargo, la presidenta del Observatorio Incide en que se trata de una propuesta para analizar el desarrollo un dispositivo de posicionamiento GPS de dimensión reducida, no estigmatizante, que permitiera a los y las menores en riesgo comunicar con un mero gesto una situación de alerta que conllevara su protección inmediata, "de forma que se minimice, en la medida de lo posible, la incidencia de la violencia en su adecuado desarrollo personal".

Un sistema genera problemas

La magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer de Castilla-La Mancha, Cira García, advierte de que debería ser un sistema nuevo porque el que existe "genera muchos problemas" y no es "admisible para un niño": el objeto diseñado debería ser invisible y permitir que la víctima no estuviera pendiente de él.

"En las víctimas jóvenes, el hecho de llevar el dispositivo supone estigmatización cuando van al instituto o a los centros escolares. ¿Qué vas a hacer con los niños? No puedes exigir que lo lleven siempre consigo y siempre cargado", reflexiona.

Desde el CGPJ se insiste en que habría que adecuar los dispositivos a la edad de las víctimas menores, de forma que se garantice su seguridad sin pedirles que efectúen ningún tipo de llamada ni de actuación.

El actual sistema Cometa de pulseras para víctimas, cuenta la magistrada, tiene fallos y genera alertas falsas que generan "muchísima intranquilidad y sensación de inseguridad" a las mujeres. Además, no se puede implantar en poblaciones pequeñas porque "salta continuamente".

El Observatorio habla de "reiteración de incidencias en su instalación y funcionamiento" que se traduce en un "ingente número de alertas" que se activan por cuestiones técnicas que nada tienen que ver con una situación real de riesgo.

"En algunos casos, las constantes comunicaciones de alerta, a veces en horas de la madrugada, producen una situación de ansiedad en la víctima. Lo que, a la postre, le genera un evidente daño psicológico y una tensión emocional tales que prefiere la desinstalación del dispositivo aun a riesgo de renunciar al ámbito de protección que, pese a las incidencias apuntadas, indudablemente le dispensa", indica el Observatorio. Por esto, pide una revisión y perfeccionamiento del sistema Cometa "a la mayor brevedad posible" para ampliar su cobertura y la precisión de localización. 

La Delegación asegura que las pulseras Cometa se mejorarán tecnológicamente en 2023 con fondos de la Unión Europea, con el objetivo de aumentar su accesibilidad y comodidad, pero señala que es inviable desarrollar otros dispositivos por su seguridad antihackeo y la duración de las baterías, que precisan de una geolocalización constante, algo que a su vez impide impulsar una simple app.

Proporcionalidad entre riesgo y medida invasiva

La magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Esther Erice, incide en que "es necesario que haya una proporcionalidad entre lo que supone mediatizar la vida del menor mediante una medida invasiva y el riesgo que corra".

"Creo que hay que afinar cuál ha de ser el medio adecuado, no solamente desde el punto de vista técnico, antes tenemos que saber qué les supone psicológica y afectivamente un mecanismo de este tipo", añade Erice.

A su juicio, lo primero que se ha de hacer para proteger a pequeños y pequeñas es mejorar los medios de detección para saber que existe un riesgo y de qué entidad es. A partir de ahí, "establecer proporcionalmente la medida de protección que corresponda y siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y tratando de que interfiera lo mínimo posible en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Para evitar así cualquier victimización secundaria, que lo vivencien con un alcance que los responsabilice o los señale como inmersos en esta problemática y les recuerde constantemente que lo están".

También la magistrada de Castilla-La Mancha hace hincapié en la necesidad de que haya valoraciones del riesgo de los menores en los atestados policiales, como se hace con las mujeres en Viogén.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género subraya que España ha dado importantes pasos adelante en la protección de niños y niñas frente a los agresores machistas desde que en 2015 la ley los incluyera como víctimas directas de la violencia de género. Especialmente a raíz de las modificaciones legislativas del año 2021 para evitar la relación paternofilial con el maltratador.

Sin embargo, en su 'Guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia de género', el Observatorio anima a profundizar en medidas para determinar la situación de especial riesgo que afrontan la víctima y sus hijos e hijas y valorar la seriedad y la inminencia de las amenazas que padecen.

En su capítulo final aboga precisamente por estudiar el desarrollo de estos dispositivos telemáticos para los casos en los que los más pequeños estén en riesgo extremo o alto.