La Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha dictado una instrucción para que los fiscales retomen "sin demora" la supervisión de los centros de mayores en la región mediante visitas presenciales. Esta decisión se toma, advierte en una nota informativa, porque durante la crisis derivada de la pandemia se comprobó que se dieron algunas "situaciones de vulnerabilidad" de las personas mayores que se encuentran en las residencias y es su obligación velar por ellos y "extremar el celo" en el control, seguimiento y supervisión la labor inspectora de la Fiscalía.

Según ha podido saber El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, esta instrucción se retoma ahora porque durante la pandemia se suspendieron las visitas presenciales. En caso de detectar irregularidades, reza la nota, la Fiscalía lo trasladará "a la mayor brevedad posible a la autoridad administrativa y será la Fiscalía de la Comunidad de Madrid quien asumirá las labores de la coordinación de todas las fiscalías madrileñas en la materia".

Esta decisión se produce justo en el momento en el que la polémica por lo sucedido en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia ha vuelto a la primera línea de la política por dos cuestiones muy concretas. Por un lado, la petición de la oposición de crear diversas comisiones que debatan sobre este asunto en la Asamblea de Madrid. Aunque existen matices. Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos quieren una comisión que sirva para investigar lo sucedido en 2020 y establecer responsabilidades políticas, por el contrario, Vox ha sorprendido al PP registrando la petición de una comisión de estudio sobre las residencias de mayores. Rocío Monasterio asegura que no es su objetivo rebuscar en el pasado ni hurgar en la herido que esto creó en el Gobierno de Ayuso, sino que solo quiere mirar hacia adelante y analizar cómo mejorar las condiciones de las residencias. Sin embargo, en el PP temen que los grupos de la izquierda cojan el guante de Vox y aprovechen para reactivar este asunto precisamente en el final de la legislatura con el objetivo de desgastar al PP.

Además, la decisión de la Fiscalía llega solo un día después de que toda la oposición, salvo Vox, haya pedido la dimisión del número dos de Ayuso en el Gobierno de la Comunidad por las palabras pronunciadas precisamente a cuenta de la comisión solicitada por Vox: "Ahora sólo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a muchas familias que podrán volver a pensar '¿Se podría haber evitado la muerte de mi familiar?'. Creo que eso las familias ya lo han superado y volver a esto por interés electoral no es procedente.