Los empresarios ucranianos en búsqueda y captura Oleg Etnarovich y Sergii Motsman han reclamado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que expida una citación con al menos 40 días de antelación para que las autoridades de Kiev permitan su salida de Ucrania, en plena contienda con Rusia, y puedan desplazarse a España, país en la que son conscientes de que serán arrestados, según consta en un escrito de 23 de septiembre, al que ha tenido acceso El Periódico de España, de Prensa Ibérica.

"Una vez en posesión de dicha resolución/citación, mis representados deberán presentar tal señalamiento a la Autoridad Militar ucraniana, traducida al ucraniano, junto con los billetes de ida y vuelta, obteniendo así la preceptiva autorización", explican en el documento, en el que pese a saber que sobre ellos pende una orden de arresto garantizan al juez su presencia en España: "Esta parte se compromete a informar al Juzgado de la fecha de llegada para que tenga lugar la detención y comparecencia en la fecha que al efecto se señale, vuelos y demás contingencias necesarias en orden a dar satisfacción a la comparecencia".

La Justicia española acusa a estos empresarios ucranianos, en el seno de la operación Yakir, de haber formado parte de una organización criminal que se supuestamente se encargó de blanquear en España dinero procedente del tráfico de armas en países africanos. Pero al no comparecer en la Audiencia Nacional, el juez Moreno dictó una orden de detención contra ellos, que ahora no pueden salir de Ucrania por la guerra con Rusia.

Autorizar su salida

Según el documento enviado a la Audiencia Nacional, la Autoridad Militar de Ucrania exige a los investigados como requisito para autorizar su salida "un señalamiento y una fecha de regreso previsible".

Los abogados de los dos reclamados han hecho esta petición al juez después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apuntara "la posibilidad de una expresa petición por los interesados a las autoridades ucranianas" para que se les permita salir del país para declarar en España. Pero con el compromiso de volver a su país "a ejercitar sus derechos-deberes que, como ciudadanos ucranianos, les impone la actual situación de guerra con la vecina Rusia", especificaban los magistrados.

Sin embargo, esta alternativa no ha sido aceptada por las autoridades de Ucrania, según relatan los abogados defensores, que explican el el origen del problema que han tenido sus clientes: "Por la ausencia de una resolución judicial en la que se cite expresamente a mis representados para prestar declaración como investigados en la sede de ese Juzgado en Madrid (España), en una fecha y hora concreta, con determinación, igualmente, de la fecha o momento en el que mis representados podrán regresar a su país".

Tráfico de armas

La operación policial Yakir se inició después de que el ciudadano español Aleksejs Dircenko, originario de Letonia, denunciara al ucraniano Viktor Murenko por extorsión. Según consta en el decreto dictado por el jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, al que ha tenido acceso El Periódico de España, la investigación policial puso de relieve la existencia de "un entramado delictivo dedicado al tráfico de armas, soborno y blanqueo de capitales".

Estos hechos habrían sido cometidos en España bajo la supervisión del empresario Vadim Alperin, conocido con el sobrenombre de "rey del contrabando", y cuyos lugartenientes serían, según Anticorrupción, Murenko y Dircenko. Además, esta actividad delictiva estaría relacionada, según los investigadores, con la denominada "red Odesa", a la que se le atribuye el control del contrabando de armas a través de los puertos de esta ciudad ucraniana. Los abogados defensores rechazan la veracidad de las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción.