Las negociaciones en el seno del Gobierno de coalición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado se apuran siempre hasta el último minuto. Así fue en los octubres de los dos últimos años y esta vez no está siendo diferente. Pese a lograr un pacto fiscal la pasada semana, PSOE Unidas Podemos no están siendo capaces aún de alcanzar un acuerdo sobre las cuentas públicas para 2023, pese a que la intención del Gobierno es poder aprobarlo este martes en el Consejo de Ministros. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, sentenció a última hora de este lunes en la Cadena SER: "a estas horas no hay acuerdo", y reconoció que las diferencias con los socialistas son "profundas". "Voy a negociar sin levantarme de la mesa hasta el último minutos por el bien de mi país, espero que el PSOE haga lo propio", dijo, sin aclarar si en las próximas horas se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para desencallar las negociaciones. 

Socialistas y morados estuvieron inmersos en una intensa negociación hasta el final del día y las sensaciones en ambas formaciones eran que el acuerdo estaba cercano. Incluso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se había aventurado a mostrar, minutos antes de las palabras de Díaz, su confianza en alcanzar un pacto en las próximas horas, en declaraciones a Efe. La situación recuerda a anteriores negociaciones que, con las conversaciones atascadas, se acabaron resolviendo con un encuentro en Moncloa entre Pedro Sánchez y el entonces líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Díaz no quiso entrar en las cuestiones que han provocado las desavenencias entre los dos socios, aunque lanzó varios dardos a los socialistas: "Me pregunto cómo es posible que en un Gobierno progresista tengamos que discutir algunas cuestiones que son obvias". Fuentes cercanas a la dirección del partido morado sostienen que uno de los conflictos se centra en el rechazo del PSOE a dotar de presupuesto a la ley de familias, impulsada por Ione Belarra, para poner en marcha un cheque bebé universal de 100 euros mensuales o ampliar los permisos de maternidad a seis meses. En Unidas Podemos sostienen que los socialistas pretenden rebajar muchas de estas propuestas.

La vicepresidenta también puso el acento en la necesidad de reactivar la tramitación de la ley de vivienda, bloqueada en el Congreso desde hace más de seis meses. Díaz sostuvo que no hay acuerdo tampoco en torno a esta norma que nació al amparo de las dos anteriores negociaciones presupuestarias. Además, la líder de Sumar apuntó a otras cuestiones que podrían estar tensando la negociación como revertir los recortes del PP en materia de desempleo, de tal forma que las prestaciones para los parados se vean incrementadas o subir el IPREM (Indicar Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que afectaría al alza al cálculo del ingreso mínimo vital, de las pensiones no contributivas y de distintas rentas autonómicas. 

La fiscalidad

Por lo pronto, PSOE y Unidas Podemos solo han sido capaces de negociar un paquete fiscal que, aún así, a los morados les resulta insuficiente. En concreto, incluye bonificaciones en el IRPF para las rentas por debajo de los 21.000 euros, así como rebajas para autónomos y pymes, mientras se aumenta la tributación de las rentas del capital superiores a 200.000 euros. Además, impulsarán un ley para implementar un nuevo impuesto para los patrimonios de más de tres millones de euros. El Ejecutivo calcula que, en conjunto, estas medidas lograrán una mayor recaudación de 3.144 millones de euros en dos años (2023 y 2024). 

Por otro lado, se incluirá en el proyecto la bajada del IVA al 4% de los productos de higiene femenina, preservativos y anticonceptivos no medicinales. Tanto Unidas Podemos como los principales socios parlamentarios intentaron introducir esta medida en las pasadas cuentas públicas, pero se encontraron con el rechazo del PSOE. 

Las bases

El proyecto de Presupuestos del Estado para 2023 se está construyendo sobre la base de un nuevo cuadro macroeconómico que rebaja del 2,7% al 2,1% la previsión de crecimiento del PIB para el año próximo, según ha avanzado este mismo lunes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

Además, las cuentas de 2023 se están encuadrando dentro del techo de gasto aprobado por el Gobierno y que fue sometido a la consideración del Congreso de los Diputados el 22 de septiembre. El Gobierno ha fijado el techo de gasto en 198.221 millones de euros , el 1,1% más que en 2022. Sin incluir los recursos europeos de fondo 'Next Generation' el techo de gasto asciende a 173.065 millones, el 1,9% más que en 2022. Dentro de este techo de gasto se incluye el acuerdo para la subida del sueldo de los funcionarios alcanzado este mismo lunes entre el Gobierno y UGT y CCOO, que incluye un incremento de las retribuciones para 2023 del 2,5% fijo más otro punto variable (hasta el 3,5%) en función de la evolución de los precios y del PIB.

En las cifras del Presupuesto también habrá una transferencia de 19.888 millones para la Seguridad Social, lo que supone un alza del 8,1% con respecto a este año. Por encima de este techo de gasto se situará la subida de las pensiones en 2023 de acuerdo a la inflación media entre noviembre de 2021 y 2022, una cifra que podría estar en el entorno del 8%. También se sitúa por encima del techo de gasto el importe de las medidas contra la crisis energética que el Gobierno decida prorrogar o aplicar en 2023, como podría ser la extensión de la rebaja del IVA de la luz y del gas más allá de diciembre de 2022, aunque cualquiera de estas decisiones se adoptará más adelante, según viene repitiendo la ministra de Hacienda María Jesús Montero.