La carrera lanzada por el PP la semana pasada para bajar impuestos ha tenido uno de los efectos que buscaban los conservadores: romper la unidad de discurso del PSOE. Pedro Sánchez no ha podido evitar los nervios de sus barones, que se enfrentarán a elecciones autonómicas el próximo mes de mayo, y está viendo cómo se están sumando a la competición promovida por los populares. El socialista Ximo Puig (Comunitat Valenciana) empezó este martes y su compañero de filas Javier Lambán (Aragón) no descarta hacerlo si pone de acuerdo a su cuatripartito (PSOE, PAR, CHA y Podemos).

El presidente valenciano aplicará una de las medidas que Alberto Núñez Feijóo lleva exigiendo desde el pasado mes de abril: la deflactación del IRPF. Esto es, ajustar los tramos de ese impuesto para evitar que el aumento del sueldo para compensar la inflación conlleve un salto de escalón que acabe perjudicando al contribuyente.

Puig anunció este martes, durante el debate sobre el estado de su comunidad, que hará una rebaja del IRPF retroactiva a las rentas hasta 60.000 euros, aumentará los mínimos exentos (se beneficiarán 33.000 contribuyentes) y aumentará el 10% en todas las deducciones fiscales autonómicas (la inflación anual de agosto llegó al 10,5%).

Solbes, en 2008

La última deflactación del IRPF la impulsó Pedro Solbes, en 2008, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces, la inflación ha escalado más de un 20% en España, pero la estructura del impuesto no ha variado, por lo que se ha producido una subida fiscal silenciosa. En estos momentos son siete comunidades las que han comunicado ajustes ese tributo en la parte que es de su competencia: Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla y León, Galicia y Euskadi.

El Gobierno va a intentar poner freno a esta vía de agua que se le ha abierto con Puig y tiene previsto presentar el próximo jueves su propuesta fiscal. En el plan se incluirán detalles sobre el nuevo impuesto a las grandes fortunas y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, aseguró que la filosofía global es "avanzar en la justicia social" y que "paguen los que más tienen". Sobre la mesa tiene una medida para subir el IRPF del 23% al 27% el tipo al que tributan ingresos a partir de 140.000 euros.

Rodríguez pidió "responsabilidad" a todas las comunidades, por tanto también a Puig, para que no desatiendan el sostenimiento del Estado del bienestar (sanidad, educación, dependencia...), que se apoya en los impuestos de los ciudadanos. La ministra evitó chocar con el presidente valenciano, algo que también intentó Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, al justificar su decisión de bajar impuestos en la presión de Compromís, socios en el Ejecutivo autonómico.

Los equilibrios que tuvieron que hacer Rodríguez y López para no desacreditar la decisión de Puig de deflactar el IRPF después de descartar esa medida solicitada por Feijóo durante meses procuró otro día de alegría al PP. Tras haber bajado el Gobierno el IVA a la luz y el gas, una demanda de los conservadores, los populares vuelven a considerar que el PSOE va a rebufo con el ajuste del IRPF para mitigar el impacto de la inflación. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, aprovechó para decir que el "sanchismo" empieza "a tener claros síntomas de debilidad", por no haber podido controlar a Puig, y pidió al presidente del Gobierno que apruebe la deflactación del IRPF con carácter general, que no es el tramo autonómico.