La polémica por las manifestaciones en las que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, comparó al PCE con el nazismo llegarán a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos vocales tendrán en su mano una posible sanción o bien el carpetazo definitivo al asunto. La asociación de juristas Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas-Red de Abogadas y Abogados Demócratas (FAI-RADE) ha recurrido en alzada el archivo de las actuaciones que dictó a finales del pasado mes de julio el Promotor de la Acción Disciplinaria, Santiago Senent, que incardina las manifestaciones del magistrado en el "uso legítimo de un derecho fundamental".

Para los denunciantes, sin embargo, el promotor adoptó su decisión pese a reconocer una "absoluta carencia de instrucción y de actividad investigadora alguna" sobre lo ocurrido, por lo que su decisión debería reconsiderarse o al menos realizarse alguna diligencia que permita aclarar lo sucedido antes de darle carpetazo definitivo. Consideran que los competentes para tomar esta decisión son los miembros del de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces.

Concepción fue denunciado por la organización de letrados tras manifestar un programa de televisión que "la democracia se pone en solfa desde que el Partido Comunista (...) forma parte del Gobierno". Además, en otras manifestaciones públicas se ha venido mostrando contrario a la exhumación de Franco y también criticó la Ley de Memoria Histórica. 

Concretamente, se busca que los vocales acuerden "incoar el oportuno expediente disciplinario para investigar y, sancionar, para el caso de así correspondiera, por así proceder en Derecho". Consideran que únicamente se valoraron por el promotor los principios de legalidad y tipicidad de la conducta del magistrado y su libertad de expresión, "sin la debida incoación de la instrucción disciplinaria (...) y sin valorar los principios de neutralidad de las instituciones y, en particular la neutralidad del poder judicial respecto de los partidos democráticos y su participación en la democracia y en sistema electoral y de partidos", según argumentan en el recurso de alzada al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al grupo Prensa Ibérica al igual que este medio.

A juicio de los recurrentes, solo "desde una absoluta carencia de entendimiento del lenguaje periodístico se puede confundir la emisión de opiniones de un 'ciudadano libre' (...) realizada dentro de las funciones que como parte del poder judicial y de relación con los medios de comunicación como tal institución le corresponde". Añaden que la resolución de Senent carece además de "la oportuna motivación jurídica, más allá de sesgadas citas jurisprudenciales, pero ajenas a los elementos de los tipos sancionadores que invoca".

Se le preguntó desde su posición de juez

En cuanto al fondo del asunto, los abogados progresistas insisten en que a Concepción no se le preguntó "sobre gustos personales, sobre gastronomía, sobre cinematografía o sobre cuestiones de actualidad, jurídicas o no, ajenas a su cargo, sino siempre desde su posición institucional, por lo que como tal debe ser considerada".

Añaden que sus palabras configuran "una parcialidad inadmisible para un poder del Estado, tanto respecto de otro poder del Estado, como es el ejecutivo, como respecto de cualquier ciudadano que perteneciente a dicho partido o que comparta ideología" e incluso la propia persona jurídica del Partido Comunista si se da el caso de que deba dirimir algún asunto en el que la formación esté implicada.

Las aseveraciones, además, "evidencian una importante carencia de formación democrática transversal, dado que el partido nacional socialista alemán, cuando participó de procesos democráticos sin haber ilegalizado partidos, ni haber impedido la participación, fundamentalmente, de la oposición comunista y socialista, no accedió al poder por las urnas, cabe señalar que es una comparación inadmisible para un país democrático".

La decisión de Senent fue la segunda que se dictó desde el CGPJ contraria a sancionar a Concepción. Ya en abril de 2021, la Comisión Disciplinaria del CGPJ rechazó incoar un expediente disciplinario a este magistrado. En su denuncia, el foro de abogados apunta hasta cuatro posibles conductas que habría cometido Concepción y que están tipificadas como muy graves por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que pueden conllevar la suspensión, el traslado forzoso e incluso la separación de la carrera. Entre ellas, la provocación reiterada de enfrentamientos graves con las autoridades de la circunscripción en que el juez ejerce, o la de dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones públicas felicitaciones o censuras por sus actos. 

Tras la publicación de la entrevista de Concepción, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez, designada a propuesta de IU, solicitó al presidente del órgano, Carlos Lesmes, que tomara "medidas gubernativas y disciplinarias" contra Concepción, si bien esta petición no tuvo consecuencias.