El juez del conocido como caso mascarillas no da "ningún valor probatorio" a los supuestos correos del empresario malayo San Chin Choon, en los que defendía a los comisionistas investigados por supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid, y le ha emplazado a que viaje a España para declarar en el juzgado.
El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, deja bien claro en una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, que no va a volver a cursar ninguna comisión rogatoria más a Malasia ni va a practicar ninguna declaración por videoconferencia, y emplaza al empresario a que comparezca ante su juzgado.
Lo hace porque los correos que supuestamente remitió en verano, en los que certificaba que los investigados, Alberto Luceño y Luis Medina, eran agentes exclusivos de su empresa, Leno, y que la operación efectuada con ellos fue correcta no tienen "ningún valor probatorio" si no los ratifica ante el juez, "respondiendo a todas las preguntas que le hagan las partes sobre los mismos y demás cuestiones de interés para la causa".
Por ello insta "al que dice ser San Chin Choon para que señale en caso afirmativo las fechas en que puede comparecer ante este juzgado".
Este empresario, que fue quien consiguió el material sanitario que después Luceño y Medina vendieron al Ayuntamiento, sorprendió este verano dirigiéndose al juzgado por correo electrónico en el que señalaba que el "precio habría sido el mismo" sin ellos porque "no vendes a un precio más alto porque haya agentes", y defendió que "sin ellos no habría habido operación".
El magistrado Carretero ya rechazó enviar una nueva comisión rogatoria a Malasia, cuyo Gobierno exigió "reciprocidad" a España, "incluyendo el respeto a la pena de flagelación para que pueda ser aplicada a los extraditados de España a Malasia por el mismo delito que investigamos y que está penado en ese país asiático".
En esta causa, en la que recientemente el juez ha aceptado personarse la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria, se investiga si los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, pudieron haber estafado al Ayuntamiento en la operación de compraventa de material sanitario al inicio de la pandemia, con la que se habrían embolsado 6,6 millones de dólares.
