El primer Consejo Fiscal que preside el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha aprobado este miércoles los informes sobre varias iniciativas legislativas del Gobierno como la ley trans, la de bienestar animal y la que regula la figura de los alertadores o 'whistleblowers' en temas de corrupción.
Tras tomar posesión de su cargo el pasado 5 de septiembre, García Ortiz lo ha hecho este miércoles como Presidente del Consejo Fiscal en un acto celebrado en la sede de la Fiscalía General del Estado.
En esta primera reunión con el nuevo fiscal general, el Consejo Fiscal ha aprobado además otro informe sobre el anteproyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes en los modos de transporte, según informa la Fiscalía General en una nota de prensa.
Una ley LGTBI "necesaria"
En relación con el anteproyecto de la llamada ley trans, el Consejo Fiscal ha estimado necesaria una ley LGTBI que garantice un trato igual y respetuoso y valora que el anteproyecto incluya herramientas destinadas a prevenir y eliminar la discriminación en todos los ámbitos de la vida social, además de prever medidas tanto preventivas -sensibilización, formación- como de protección -asistencia a las víctimas- y de reparación.
En cuanto al anteproyecto de ley de bienestar animal, el Pleno del Consejo ha considerado muy positiva la creación de un marco normativo a nivel nacional que establezca criterios comunes en esta materia, en la que existe una regulación dispar en las diferentes comunidades autónomas.
Considera también destacable la colaboración entre las distintas administraciones públicas y el protagonismo que se da en el anteproyecto a las instituciones profesionales dedicadas a la protección animal.
Medidas de protección para los informantes
Respecto a la directiva sobre alertadores o 'whistleblowers', el Consejo Fiscal agradece que se establezcan medidas de protección para los informantes de cualquier tipo de infracción del ordenamiento jurídico y anima al Ejecutivo a continuar impulsando medidas legales de este tipo para facilitar estos testimonios, que son esenciales para conseguir sentencias condenatorias.
Ante el Consejo Fiscal, de mayoría conservadora, el nuevo fiscal general ha anunciado también los "avances en los trabajos de elaboración de una instrucción sobre la dación de cuentas del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, así como de la Consulta sobre prescripción planteada por el Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional".
Se trata de la consulta que planteó el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, a raíz de la diferencia de criterio con el fiscal Vicente González Mota entorno a la prescripción o no de los delitos de secuestro y asesinato imputados en julio a tres exdirigentes de ETA por supuestamente ordenar el asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco hace 25 años.
Días antes de que el juez tomara declaración este verano a dos de esos imputados, el fiscal jefe, Jesús Alonso, optó por comunicar sus dudas a la Secretaría Técnica, órgano que dirigía entonces Álvaro García con Dolores Delgado como fiscal general.
La respuesta llevó a González Mota, que defiende que no hay prescripción, a decidir dejar este caso y hacerse cargo de él Pedro Rubira, que no descarta que haya prescrito si bien defiende seguir con la investigación.
A raíz de esta polémica y con motivo de su comparecencia ante el Congreso a finales de julio durante los trámites para su nombramiento, García Ortiz anunció que consultaría a la Junta de Fiscales de Sala si el secuestro y asesinato del edil ha prescrito y negó, como algunos le acusaban, de haber dado "directrices de ningún tipo" en este caso.
Durante la reunión, el fiscal general ha anunciado además que llevará próximamente a la Junta de Fiscales de Sala una Circular relativa a la modificación legislativa del delito de hurto y otra sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal.
