El Supremo ha confirmado las condenas de los ERE en esta llamada pieza política, que juzga el procedimiento por el que la Junta de Andalucía repartió al menos 680 millones desde 2000 a 2009 de forma discrecional, arbitraria y sin cumplir los controles legales del reparto de subvenciones. El expresidente Manuel Chaves y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez y su exviceconsejero Rafael Salgueiro están condenados por prevaricación a penas de inhabilitación, junto a Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos; y Jacinto Cañete, ex director general de IDEA, ente público que libraba los pagos de los ERE.

Al margen de estas penas de inhabilitación, otros ocho condenados deben entrar en prisión condenados por malversación, además del expresidente andaluz José Antonio Griñán. Cuatro exconsejeros: Antonio Fernández, de Empleo (7 años y 11 meses de cárcel); José Antonio Viera, también de Empleo (7 años y 1 día); Carmen Martínez Aguayo, de Hacienda (6 años y 2 días); y Francisco Vallejo, de Innovación (7 años y 1 día). Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo (7 años y 1 día); Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación (6 años y 2 días); Juan Márquez, ex director general de Trabajo (al que se reduce el castigo a 3 años de encierro); Miguel Ángel Serrano, ex director general de IFA/IDEA (6 años y 6 meses), completan la nómina de quienes deben ir a la cárcel. La Audiencia de Sevilla condenó igualmente a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, a 7 años y 11 meses de cárcel, pero falleció en 2020. Sobre él giró la mayor parte de la instrucción de la jueza Mercedes Alaya. Fue la pieza clave.

Las penas de los ERE en la cúpula política distinguen entre varias órbitas: Presidencia, Hacienda, Empleo e Innovación con la Agencia IDEA, que dependía de esta consejería. También se distinguen entre varias etapas en la década que estuvo vigente la partida presupuestaria que fue a prejubilados y ayudas directas a empresas en crisis. Los condenados a cárcel tienen trayectorias muy diferentes.

El consejero que estuvo en la génesis

Antonio Fernández ya ha estado en prisión. El exconsejero de Empleo estuvo en la génesis del fondo de los ERE. Fue viceconsejero de Empleo (2000-2004) y después consejero (2004 a 2010). También fue presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que fue el primer organismo pagador de los ERE, de donde salían las transferencias, antes de pasar a la Agencia IDEA. A él le atribuyen haber ideado el sistema. La Audiencia consideró que era “plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos”. Vinculado al PSOE de Cádiz su situación se agravó cuando trascendió que él mismo se había incluido como prejubilado en un ERE que recibió estas ayudas públicas en la bodega jerezana González-Byass. Finalmente fue absuelto en esa pieza porque nunca cobró la ayuda. La jueza Mercedes Alaya lo envió a prisión como al exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, durante la fase de instrucción. Es el único de los condenados que ya ha pisado la cárcel.

En PSOE de Sevilla, en el punto de mira

José Antonio Viera precedió a Fernández en la Consejería de Empleo, que ocupó de 2000 a 2004. Junto a su sucesor, que entonces era su viceconsejero, tomó una decisión clave: sustrajo de control del Consejo de Gobierno las subvenciones al decidir que eran ayudas a trabajadores, que se computaban de forma individual y no por empresa. Así evitaban que superara los 1,2 millones de euros que obligaban a ser autorizadas desde el Consejo de Gobierno. Viera tenía un papel clave en el PSOE de Sevilla, donde ocupó la secretaría general desde 2004 hasta que dimitió en 2012 enfrentado a José Antonio Griñán y a quien había sido designada para sucederle, Susana Díaz. Su área de influencia, como ocurría con el exdirector general de Trabajo José Antonio Guerrero, estuvo en la Sierra Norte de Sevilla, una pequeña área cuyas empresas se llevaron el 61% de las ayudas directas de este fondo. Una zona de pocos habitantes que se embolsó 56,4 de los 85 millones repartidos en toda Andalucía bajo la fórmula de ayudas directas a empresas en crisis. Cuando Manuel Chaves y Gaspar Zarrías se dieron de baja en el partido y renunciaron a sus actas de diputados en el Congreso, Viera acabó su relación con el PSOE pero permaneció en el grupo mixto como diputado para seguir estando aforado.

La exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. EFE

La tecnócrata que se hizo el harakiri

Carmen Martínez Aguayo es médico en un ambulatorio sevillano, donde sigue pasando consulta sin que muchos de sus pacientes sepan que es una de las condenadas a cárcel en el caso de los ERE. Nada tuvo que ver con la maraña política que ideó el fondo. Ella aún no estaba allí cuando el sistema se gestó. Aterrizó en el Gobierno andaluz como viceconsejera de Hacienda (2204-2009) de la mano de José Antonio Griñán, a quien sucedería como consejera (2009-2013) cuando pasó a ser presidente. Formaba parte del grupo de los llamados tecnócratas, perfiles poco partidistas, sin pedigrí en el carné del PSOE, que eran despreciados abiertamente por quienes antes formaban parte del núcleo político. Para muchos de quienes conocen el caso de los ERE su condena a seis años de cárcel por malversación es la parte menos proporcionada de la sentencia. Hay un momento clave: cuando los ERE se convirtieron en un caso que cercaba al presidente Griñán por su etapa como consejero de Hacienda, ella reunió a los periodistas en la sede de la Consejería en un desayuno informativo. En la sala entró un carrito atestados de informes de la Intervención General de la Junta. Aseguró que era normal que cada día llegaran decenas de documentos de esa índole y que la mayoría ni siquiera se leían ni llegaban al consejero. Martínez Aguayo asumió la responsabilidad. Dijo que como viceconsejera nunca pasó esos informe de avisos a Griñán, hasta 15 que no encendieron en ningún caso la alerta roja ni avisaron de menoscabo de fondos públicos, y que fue ella quien los recibió.

El consejero del I+D

Francisco Vallejo fue el consejero de Innovación de la Junta, señalado en algunos momentos como el delfín con más posibilidades de suceder a Chaves en la presidencia. Sus lazos con el PSOE de Jaén y su fama de gestor solvente siempre le blindaron en cargos de relumbrón. Llegó al Gobierno andaluz como consejero de Salud, después sería de Obras Públicas y luego se convertiría en titular de Innovación, portador del halo de modernidad y competitividad que sus jefes buscaban para imprimir esa Segunda Modernización que se inventaron para Andalucía. Como curiosidad fue él quien descubrió a María Jesús Montero, actual vicesecretaria general del PSOE, cuando estaba en Salud y ella era subdirectora de un hospital. Vallejo se ha visto en el ojo del huracán de varios procesos judiciales, entre otros el de Invercaria, una sociedad riesgo que daba ayudas públicas. En ninguno ha prosperado su acusación más que en los ERE, una trama a la que aseguró a la juez le dedicó “diez minutos” de su gestión política. Su vinculación viene porque como consejero de Innovación era responsable de la Agencia IDEA, el ente público que libraba los pagos de los ERE.

Los cargos de la segunda fila

  • Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo de 2004 a 2010. Alegó a los informes de la Intervención defendiendo que las ayudas se concedían a su parecer de forma correcta y dejando por escrito que tenía perfecto conocimiento del funcionamiento del fondo de los ERE.
  • Jesús María Rodríguez, fue viceconsejero de Innovación de 2005 a 2010. Participó en los ‘consejillos’, las reuniones de viceconsejeros, con conocimiento sobre las ampliaciones presupuestarias y, según la setencia, conoció el mecanismo para la concesión de ayudas.
  • Juan Márquez, ex director general de Trabajo, al que el Supremo reduce el castigo a 3 años de encierro, sucedió a Francisco Javier Guerrero en la dirección general de Trabajo en 2008 por dos años, hasta 2010. Siguió repartiendo ayudas como su antecesor.
  • Miguel Ángel Serrano fue director general de IFA/IDEA desde 2004 a 2008, como director general de la Agencia, que era la que pagaba los ERE, firmó cuarenta convenios de ayudas laborales con Trabajo para pagar las ayudas.