Álvaro García Ortiz tomará posesión el próximo lunes de su cargo como nuevo fiscal general del Estado, pero su llegada al despacho principal del palacio de la madrileña calle Fortuny, tras la polémica que suscitó su elección por parte del Gobierno el pasado mes de julio, no parece que vaya a ser pacífica. Desde algunos ámbitos de la carrera ya se le piden cuentas por su labor anterior, y se cuestiona la actuación preponderante que el hasta ahora jefe de la Secretaría General Técnica ha venido teniendo durante el mandato de su antecesora, Dolores Delgado. 

El vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en el Consejo Fiscal, Salvador Viada, ha solicitado la inclusión en el orden del día del próximo Consejo Fiscal, el primero que García Ortiz presidirá como fiscal general, de un punto dirigido a que aclare las razones por las que asumió la responsabilidad de intervenir en dos dos asuntos de los denominados "de especial importancia", cuando según el Estatuto estas competencias están reservadas al fiscal general. Se trata de los casos Stampa y Miguel Ángel Blanco.

El primero de ellos se refiere a la no designación de Ignacio Stampa, uno de los fiscales que investigaba el 'caso Villarejo', para una plaza fija en Anticorrupción, lo que supuso su salida de la causa. El asunto generó una fuerte polémica después de que este fiscal solicitara al Ministerio de Justicia una indemnización por lo que considera una decisión irregular y acusara a Delgado y a García Ortiz de maniobrar para justificarla, manteniendo abierta de modo artificial una investigación interna que se había incoado contra él tras una denuncia de Vox.

Según Viada, en este caso García Ortiz hizo llegar legar ciertas sugerencias al instructor de las diligencias contra Stampa sin que exista sin rastro documental de la intervención de la entonces fiscal General Delgado, que es a la que correspondía ser destinataria de las comunicaciones por ser un asunto de "especial importancia" según establece el artículo 25 de Estatuto Fiscal.

En cuanto al caso abierto en la Audiencia Nacional contra los dirigentes de ETA que habrían ordenado el asesinato del concejal popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, la polémica surgió tras conocerse la renuncia del fiscal del caso, que recibió una orden de sus superiores de no acusar por encontrar prescrito el asunto. La decisión habría partido de García Ortiz como jefe de la Secretaría General Técnica.

Viada quiere que García Ortiz justifiqué cuál era "el título jurídico" que le otorgaba asumir la responsabilidad de destinatario de las comunicaciones de los fiscales jefes en ambos asuntos. Considera que lo ocurrido contradice lo señalado en el Estatuto, que prevé que los miembros del Ministerio Fiscal pondrán en conocimiento del fiscal general "los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer". No se dice nada de que estos temas correspondan al jefe de la Secretaría Técnica.

"Quiero trasladar al Consejo Fiscal la importancia de lo que aquí se está haciendo -señala el escrito que el vocal de APIF ha remitido al Consejo Fiscal-. El jefe del Ministerio Público es el fiscal general del Estado. Hay un orden de sustitución de quien ostenta la jefatura del Ministerio Fiscal en caso de no poder ejercer su función".

A su juicio, las garantías de imparcialidad en el funcionamiento de la institución que tienen los fiscales "solo son efectivas si quien es el jefe del Ministerio Fiscal ejerce como tal en estas cuestiones, y no es sustituido por quien aparentemente carece todo título y legitimación para actuar por su propia iniciativa".