Tal y como adelanto el 'president' Pere Aragonès la semana pasada, ERC ha mantenido la "coherencia" en el voto y ha votado en contra, este jueves, de la petición de reconsideración de la suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlament y diputada. En la reunión de la Mesa de la Cámara todos los partidos han desempeñado el papel esperado y, por tanto, la mayoría que apartó del cargo a la presidenta de Junts se ha renovado. Borràs puede ahora dirigirse a instancias internacionales. Según el órgano, la petición de Junts no se ajusta a los casos previstos para una rectificación de este calado.
Precisamente a este tecnicismo se ha acogido, por ejemplo, la CUP para explicar su posición contraria a la reconsideración. Tratando así de evitar que se hicieran lectura políticas: "Hemos tomado esta decisión siguiendo estrictamente consideraciones técnicas y jurídicas", detallaron los anticapitalistas en un comunicado.
La mayor novedad ha sido la introducción en la petición de reconsideración del dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU, hecho público en la víspera, y en la que se sancionaba la violación de los derechos políticos de cuatro expresos independentistas (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull) por parte del Estado al apartarlos de sus actas de diputado por estar acusados del delito de rebelión. Así, Junts ha presentado este jueves una nueva petición de reconsideración a la Mesa del Parlament sobre la suspensión de Borràs como presidenta de la Cámara basándose en el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
En el documento, Junts asevera que es "evidente que las mismas conclusiones (del dictamen) son aplicables" a Borràs, y que por este motivo la Mesa debe reconsiderar su decisión del pasado 28 de julio.
"Resultaría paradójico que, así como en el día de ayer el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó sobre la violación de los derechos reconocidos en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el día de después acabe reconociendo que el propio Parlament, por medio de su Mesa ha violado los mismos derechos a la MH Laura Borràs", añaden en el escrito.
Con todo, piden dejar sin efecto la decisión de la Mesa del 28 de julio y garantizar así a Borràs "los derechos reconocidos en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Cíviles y Políticos restituyéndole el pleno disfrute de sus derechos y obligaciones como diputada y presidenta" del Parlament.
El cambio no pilló por sorpresa a ERC. De hecho, el mismo miércoles, tras la publicación del dictamen, se generó un trasiego de mensajes entre republicanos y posconvergentes en los que estos, apuntan fuentes de Esquerra, ya anunciaron su intención de tratar de llevar el agua de la ONU al molino de Borràs, generando cierta indignación en ERC. "Lo que tendría que ser un día de alegría para todos lo convierten en un episodio más de batalla. Y es obvio que no se trata del mismo caso, Borràs irá a juicio por corrupción", apuntó el mismo miércoles por la noche una fuente del partido republicano.
Precisamente, tras la reunión de la Mesa, la presidenta del grupo de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, percutió en la no homologación de casos. Recurriendo a la paradoja, incluso: "Quien quiera comprara la implicación de Jordi Turull en la celebración del 1-O con las acusaciones de corrupción a Laura Borràs, se equivoca", dijo la también secretaria general adjunta de ERC quien añadió que "la mayoría del 52% es para avanzar hacia la independencia, no para tapar corruptelas".
