Las agendas del comisario José Manuel Villarejo muestran cómo los mandos de la Policía presuntamente implicados en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, -una operación parapolicial controlada desde la cúpula del Ministerio del Interior denominada operación 'Kitchen' o 'cocinero'-, maniobraron para que no apareciera en los informes policiales del caso Gürtel y de los papeles de Bárcenas el nombre del expresidente del Gobierno José María Aznar. Así lo demuestran cuatro anotaciones, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, que evidencian la preocupación que tenía el clan policial porque las iniciales "J.M" se vincularan al expresidente del PP.

Las notas señalan que el abogado Javier Iglesias, quien en ese momento ejercía la defensa letrada del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, trasladó el 8 de mayo de 2014 a Villarejo, el responsable de las operaciones parapoliciales denominadas 'Kitchen' y "Operación Cataluña", la "sensación de protección sobre el informe iniciales de Aznar". Y justo un renglón más abajo, el comisario asegura que mantuvo una conversación con el entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) José Luis Olivera, máximo responsable de las investigaciones policiales del caso Gürtel y papeles de Bárcenas, "sobre las iniciales de AZN [Aznar]".

El letrado Iglesias fue la persona que acudió a la cárcel a entrevistarse con Bárcenas, quien en esos momentos amenazaba con tirar de la manta y acusar a los políticos del PP, entre ellos a Mariano Rajoy, de haberse lucrado de los ingresos en negro procedentes de la caja b del partido, que se nutría de fondos opacos de empresas españolas. Este abogado también llegó a defender al empresario Alfonso García-Pozuelo, gerente de la desaparecida Constructora Hispánica, una firma que pagó mordidas a los políticos implicados en la Gürtel.

"Boicot" de Olivera

Por su parte, el comisario Olivera, imputado en la 'Operación Kitchen', fue, según aseguró Villarejo a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el responsable de haber "boicoteado mil cosas" en beneficio de la formación conservadora. En el momento en el que se producen estas primeras anotaciones sobre "Aznar", la investigación policial había descubierto que un alto cargo del PP, cuyas iniciales eran "J.M", se había beneficiado de los pagos de la caja b del partido, pero también de los regalos del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, quien utilizaba su agencia de viajes, contratada por la formación de Aznar, para entregar las dádivas.

El 25 de mayo de 2014 Villarejo vuelve a hablar con Olivera, tal y como consta en las anotaciones, que según ha podido confirmar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA eran una guía de las grabaciones que realizaba el comisario: "Pendiente el asunto iniciales AZNAR", escribe el ex mando policial. Tan solo cuatro días después, el 29 de mayo de 2014, el comisario mantiene otra conversación con el abogado Iglesias, a quien Villarejo consideraba el enlace con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Y tras ese encuentro, escribe: "Jesús Merino. Quitar en JM (en vez de Aznar)".

En la declaración que realizó en el caso 'Kitchen' el inspector Manuel Morocho, jefe del Grupo XXI de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF-BLA) responsable de la investigación del caso Gürtel y de la pieza separada de los 'papeles de Bárcenas', denunció que sus jefes en la Policía le impidieron que incluyera en sus informes los nombres de los políticos del PP que habían cobrado de la caja b.

"Descargarle el cargador"

El 29 de abril de 2013 el inspector Morocho firmó el informe 39.199, en el que no se plantea la hipótesis de que las iniciales de "J.M." fuera Aznar. Tampoco se alude al expresidente del Gobierno en el "Anexo V" de este oficio policial, que sí aludía a otros políticos, como era el caso de Mariano Rajoy. Por esta y otras decisiones que perjudicaron a los políticos del PP, el Ministerio del Interior trató de apartar a Morocho de la investigación de Gürtel.

En una grabación adelantada por La Sexta, a la que ha tenido acceso esta redacción, el máximo cargo uniformado de la Policía, Eugenio Pino, evidencia su animadversión contra el inspector jefe del Grupo XXI de la UDEF, quien había señalado en sus informes al ex director general del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Juan Cotino: "Es para coger la pistola y descargarle el cargador en toda la cabeza", dijo.

La preocupación del clan de Villarejo se debía a que en la primera página de la contabilidad B del extesorero del PP Luis Bárcenas aparecía, tras la entrega en abril de 1990 de 8 millones de pesetas (48.000 euros) por parte de "R.N", que una persona identificada con las iniciales "J.M" había percibido "en efectivo" de la caja opaca más de 1,5 millones de pesetas (9.000 euros). El extesorero del partido Rosendo Naseiro había sido imputado años antes por la supuesta financiación ilegal. La acusación fue finalmente archivada tras anularse las grabaciones que dieron pie a su imputación. En esa misma fecha, en abril de 1990, José María Aznar fue nombrado presidente del PP.

Aznar nunca fue imputado en este caso de corrupción ni en las sucesivas piezas separadas. La investigación judicial no pudo aclarar quién era en realidad la persona que cobró esos fondos opacos tras ser nombrado Aznar presidente del PP, ni tampoco la identidad de "Paco", a quien se le abonaron 500.000 pesetas (3.000 euros) por la declaración de la renta.

Aznar negó ser "J.M."

En el juicio de la caja b del PP José María Aznar negó, en su declaración como testigo, que las siglas "J.M" se refirieran a él, y rechazó de forma categórica haber cobrado ese dinero en negro. También desmintió que hubiera cobrado de la caja b de la organización de Francisco Correa, cuya documentación incautada prueba que había 'regalado' cantidades millonarias a "J.M", unas iniciales que la investigación atribuyó al exdiputado del PP Jesús Merino.

En cuanto a Merino, cuyo nombre también especifica Villarejo, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, también ha podido comprobar que se vio envuelto en la polémica sobre las iniciales "J.M.". La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), un organismo dependiente de Hacienda, atribuyó los pagos a estas iniciales a Merino, quien estuvo imputado varios meses por ello. Esta decisión soliviantó a este exdiputado del PP por Castilla y León, cuyo abogado dirigió un escrito al entonces instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, en el que se quejaba amargamente de que le hubieran implicado sin pruebas, simplemente porque su nombre y primer apellido tenían las iniciales "JM".

"Resulta verdaderamente llamativo el esfuerzo que, nuevamente, dedica la Onif para tratar de explicar el cobro por Jesús Merino de una serie de cantidades supuestamente procedentes del entorno de Francisco Correa", espetó el letrado del exdiputado, que también lamentaba que se atribuyera a su cliente las dádivas a la persona que se escondía tras iniciales "J.M.", que se interpretaban "a conveniencia" de los investigadores.

La "imaginación" de la Onif

"Como después de casi cinco años de intensa instrucción [...] no hay maneras de encontrar pruebas que lo incriminen, que confirmen que son suyas la "J" y la "JM" que aparecen en los papeles incautados, que acrediten que cobró cantidades del entorno de Correa, y que, finalmente, arrojen luz sobre los motivos por los que habría percibidos esos importes, nada mejor que echar mano tanto del histórico como de la imaginación", lamentaba el letrado, que logró que esta acusación concreta contra Merino fuera archivada por el instructor Pedreira.

Precisamente, un audio adelantado de forma parcial por La Sexta, que ahora publica esta redacción, evidencia que Villarejo confesó haber investigado sin aval judicial las cuentas del abogado que defendió a Bárcenas en 2013 y 2014, el exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, a quien consideraba el máximo responsable de que su cliente confesara la financiación ilegal del PP. En la grabación, el comisario Villarejo reconoce haber hecho pesquisas sobre los supuestos pagos en el extranjero al letrado, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Los integrantes de la policía política, entre los que se encontraba el comisario Villarejo, hurgaron en las cuentas privadas de Gómez de Liaño con la intención de encontrar dinero negro que le comprometiera. Para ello se pusieron en contacto con uno de los antiguos clientes del exmagistrado, que había sido condenado en 2010 a siete años de cárcel por su pertenencia al crimen organizado ruso.