No habrá terminado agosto y el ritmo político habrá pasado casi de 0 a 100. La calma de las últimas semanas -discusiones habituales a parte- será sustituida en los próximos días por un ritmo frenético que no dará descanso hasta 2024. Empieza un curso político con claros tintes preelectorales -primero, serán los comicios autonómicos y locales en mayo y, después, los generales a final de año- en el que el Gobierno pretende sacar adelante los últimos Presupuestos de la legislatura y aprobar una intensa agenda legislativa. El primer reto -termómetro de la cohesión del bloque progresista en el Congreso- será obtener esta misma semana el visto bueno de la Cámara Baja al plan de ahorro energético que aprobó el Ejecutivo a principios de agosto.

Las contadas apariciones de políticas durante el parón de agosto quedarán atrás el próximo martes. El Consejo de Ministros se reunirá de nuevo este martes, dando el pistoletazo de salida a un intenso ciclo político. Al día siguiente, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, reunirá a la Diputación Permanente para debatir las peticiones de comparecencia de una decena de ministros y el jueves convocará un pleno extraordinario en el que el Gobierno deberá superar su primera prueba del curso. Los dimes y diretes sobre el plan de ahorro energético se cristalizarán en una votación en la que el Ejecutivo no tiene, por el momento, asegurados los apoyos.

Buscando los apoyos

La continuidad de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros el 1 de agosto, entras las que está la regulación de la temperatura en comercios e instituciones o los horarios de apagados de alumbrados, está en el aire. PP, Vox y Cs han rechazado el real decreto-ley, lo que vuelve a situar el foco en ERC, PNV, EH Bildu y los partidos minoritarios. Todos se han cuidado mucho de revelar cuál será el sentido de su voto, aunque ninguna de las formaciones se ha mostrado totalmente en contra de las medidas.

El resultado de la votación del jueves, en la que también se debatirán el decreto de los incendios forestales y el del nuevo sistema de cotización de los autónomos, servirá para tantear la salud del bloque progresista después de que Pedro Sánchez virara a la izquierda en el debate del estado de la nación. Ante un curso frenético, afianzar una mayoría en el Congreso es imprescindible si el Ejecutivo quiere sacar adelante su agenda legislativa. No obstante, el calendario electoral está en contra y la proximidad de los comicios hará más difíciles los pactos a ambos lados del espectro ideológico.

Energía y cuentas públicas

Solventada esta primera semana, en la que también se aprobará la ley del solo sí es sí en la Cámara Baja, el Ejecutivo tiene por delante numerosos frentes abiertos. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, avisó que el Gobierno presentará en septiembre un plan de contingencia con medidas más severas para lograr un ahorro de un 7% de su factura energética. Con las medidas ya implantadas el Ejecutivo espera recortar entre el 4% y el 5%.

A la par correrán las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Los últimos de la legislatura, si se logran aprobar. El pacto entre socialistas y morados deberían cerrarse a principios de octubre, para poder remitirse cuanto antes al Congreso y empezar a dialogar con el resto de partidos. El pasado año, el Gobierno logró el apoyo de ERCPNVBilduPDECatMás País-EquoCompromísPartido Regionalista de CantabriaNueva Canarias Teruel Existe. Una mayoría holgada de 188 votos que será difícil reeditar, sobre todo con el compromiso de Sánchez de elevar el gasto en Defensa. Algo que hasta Unidas Podemos rechaza.

Construir alianzas

Entre los planes del Ejecutivo está sacar adelante casi una decena de leyes muy simbólicas en los próximos meses. La primera será la ley del solo sí es sí que se aprobará en el Congreso este jueves después de que una triquiñuela del PP impidiera su ratificación en julio en el Senado. También verá la luz la ley de Memoria Democrática en las próximas semanas. Por otro lado, el Gobierno pretende sacar adelante la proposición de ley para crear dos nuevos impuestos temporales a la banca y a las grandes energéticas antes de que termine 2022. Más difícil será desatrancar la ley de vivienda, que pese a tramitarse de urgencia, lleva cuatro meses estancada en el Congreso, o la derogación de la llamada 'ley Mordaza', donde los dos partidos del Gobierno no son capaces de alcanzar acuerdos con el resto de fuerzas.

La aritmética parlamentaria para sacar adelante esta agenda legislativa promete bastante tensión. Los socios parlamentarios habituales del Ejecutivo deberán transitar la delgada línea entre aprobar leyes con las que estén de acuerdo y dar demasiado aire a PSOE y Unidas Podemos a tan solo unos meses de que se convoquen las elecciones en la mayoría de comunidades autónomas y en todos los municipios. Además, tanto socialistas como morados arrancarán pronto los preparativos para los comicios. Los primeros, poniendo a punto a sus candidatos y, los segundos, adentrándose en lo que será una negociación complicada para construir candidatura amplias. Y todo esto con la vista puesta en las elecciones de diciembre de 2023.