El comienzo del próximo curso político tiene fecha: el 25 de agosto. Es el día que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha elegido para celebrar un pleno extraordinario que avale o derogue el decreto estrella del verano, el del ahorro energético. Fuentes de la Cámara han informado a los medios sobre el orden del día, que es ambicioso. Además del citado decreto, el de los incendios forestales y el del nuevo sistema de cotización de los autónomos. Pero no sólo. En julio, el Senado cambió algunas leyes, entre ellas la del "sólo sí es sí", y como es preceptivo, toca al Congreso la ratificación de tales modificaciones o su descarte. Será una sesión larga.

Fuentes del grupo parlamentario popular comentaban a este medio que su periodo de descanso acabará el domingo 21. El lunes, vuelta al trabajo. Primero porque el martes habrá Consejo de Ministros. Y segundo porque el Congreso acabará con el letargo de agosto con una convocatoria de la Diputación Permanente, el 24, y con el pleno del día siguiente. "Vuelve el baile", dice otra fuente del PP.

El verano sigue su curso, ya en el tramo final. Políticamente ha producido una polémica grande y duradera, la que ha rodeado al decreto de ahorro energético que el Consejo de Ministros aprobó el 1 de agosto. La cita del Congreso era esperada porque todos las normas de este rango han de ser convalidadas o derogadas durante los 30 días siguientes. Si bien el Gobierno ha logrado que sigan en vigor todos los que ha activado, menos uno sobre la tesorería de los ayuntamientos, los debates se han convertido en test políticos exigentes. Que se lo digan al diputado del PP Alberto Casero, quien con su error permitió que el de la reforma laboral sobreviviera por un solo voto.

El decreto de ahorro energético, que establece medidas sobre regulación de temperaturas de las calefacciones y aparatos de aire acondicionados en comercios y sedes institucionales, así como sobre horarios de apagado de alumbrados, no tiene por ahora el apoyo del PP. Tampoco el de Cs. Es previsible que tampoco el de Vox. Nuevamente la expectación reside en ERC, PNV, EH Bildu y las formaciones pequeñas, toda vez que entre PSOE y Unidas Podemos no parece que haya fisuras al respecto.

Pedro Sánchez. EFE

Ninguna de estas formaciones mencionadas ha avanzado que votará a favor. Les genera dudas. El Gobierno vasco, de hecho, ha impulsado su propio plan. No le parece mal el contenido, así se ha manifestado la consejera del ramo, pero se ha cuidado mucho de anticipar la posición. Las abstenciones podrían valer al Gobierno, aunque evidentemente generarán mucha incertidumbre.

El decreto de autónomos y el de incendios forestales, a priori, no plantearán problemas, así como la revisión de las enmiendas del Senado, una de las cuales resultó muy llamativo. Una mayoría en esta Cámara, impulsada por el PP, pero también por ERC, apoyó una propuesta de JxCat sobre el cumplimiento del Convenio de Estambul en materia de abortos. Era sencillamente añadir una letra. La enmienda salió adelante para estupor del PSOE, que en un primer momento pensó que era un error. No lo era.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, acusó al PP de torpedear una norma esencial en la lucha contra la violencia sexual, pero no pudo hacer otra cosa que esperar la fecha de regreso del proyecto al Congreso. Ya la conoce. Pase lo que pase con esa enmienda de la formación catalana, tendrá ley después del 25 de agosto. Y es una de sus leyes bandera.

Aparte de lo que muestren las votaciones, el foco de interés se pondrá en el plano político. Existe expectación sobre la salud de la fortaleza del Gobierno de coalición ahora que las encuestas no son favorables. Las estimaciones de voto de los sondeos públicos y privados dan primero al PP de Alberto Núñez Feijóo. Habida cuenta de la distancia que se está abriendo entre socialistas y populares, como precisamente ha demostrado el decreto energético, Pedro Sánchez se ha propuesto atar el resto de legislatura al bloque que le ató la investidura. El bloque progresista.

Sin embargo, no son pocas las veces que esta mayoría se ha resquebrajado (ley de los planes de pensiones, ley audiovisual, por citar dos ejemplos, aunque hay más) y la legislatura, a la que resta menos de año y medio, se ha adentrado en una fase en la que los errores y los contratiempos se pagan más caros.