Todavía no tienen una citación oficial de la Audiencia Nacional, pero los ministros de Defensa y del Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, tienen previsto imitar al de la Presidencia, Félix Bolaños, y declarar por escrito ante el juez José Luis Calama, una vez que les cite oficialmente como testigos para investigar el espionaje con Pegasus que sufrieron ambos en sus móviles, al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Pese a que el magistrado es partidario de las declaraciones por videoconferencia para poder solventar con repreguntas las dudas que le puedan surgir al oír las primeras respuestas, y a la vez permiten evitar el desplazamiento de los miembros del Ejecutivo a la Audiencia Nacional, fuentes jurídicas señalan a este diario que ambos ministros optarán por ejercer su derecho a hacerlo por escrito, como hizo Bolaños. El ministro que denunció el espionaje a los miembros del Gobierno se decantó por contestar un cuestionario, aun a riesgo de que fuera completado con nuevas cuestiones que el juez considerara conveniente hacerle a partir de las respuestas que ofreciera.
Las mismas fuentes insisten en que al ser tanto Marlaska como Robles los perjudicados por el ataque no podrán aportar mucho a las pesquisas que está desarrollando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 a través de otras vías. El magistrado acordó citarles y elevar un suplicatorio al Consejo de Ministros para hacerlo factible y que se desclasifiquen los documentos necesarios para que puedan declarar ante él, trámite que aún no se ha producido.
Otras diligencias
En declaraciones a La Sexta, la propia Robles señaló que tiene poco que decir al juez y destacó la dificultad que entraña el caso para poder dar con la identidad de los autores del ataque que sufrieron ella y sus compañeros del Ejecutivo, y que también se intentó cometer con el ministro de Agricultura, Luis Planas.
El magistrado ya ha tomado declaración a otros testigos. Se trata, además del ministro Bolaños, de la exdirectora del CNI Paz Esteban y del autor del informe del Centro Criptológico Nacional que se hizo sobre los ataques y que fue utilizado por la Abogacía del Estado para presentar las denuncias que dieron origen al procedimiento.
Además ha cursado una comisión rogatoria para viajar a Israel para poder tomar declaración allí como testigo al máximo responsable de NSO Group, la empresa propietaria del software Pegasus, que fue el utilizado en el ataque a los miembros el Ejecutivo, ocurrido en mayo y junio del año pasado, en los días de máxima tensión con Marruecos por la entrada de 10.000 personas por la valla de Ceuta.
En el viaje, si finalmente es autorizado por las autoridades israelíes, acompañarán al magistrado el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y los representantes de la Abogacía del Estado adscritos al caso, así como los de las asociaciones Prolege y Apedanica que se hayan podido personar en el procedimiento, tras abonar la fianza de 10.000 euros que el juez les impuso para poder ejercer la acusación popular.
