Había expectación por ver si el anuncio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avisando de que no iba a cumplir las medidas de ahorro energética aprobadas el lunes por el Consejo de Ministros, era una decisión unilateral o una insumisión coordinada que aplicarían todas las comunidades del PP. Andalucía dejó claro que sí cumplirá esas medidas que son de obligado cumplimiento para empresas y administraciones y recomendaciones en el caso de los hogares. El consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, aseguró que “un recurso no exime de su cumplimiento”, tras avanzar Madrid que estudia recurrir la norma al Tribunal Constitucional y suavizar sus posiciones iniciales.

“Las cosas son como son”, señaló Sanz, que evitó confrontar con la presidenta Díaz Ayuso y pero sí dejó claro que Andalucía no está en esa guerra. De hecho, a diferencia de su compañera de filas, Juan Manuel Moreno defiende en su discurso como prioridad la lucha contra el cambio climático, aboga por convertir Andalucía en líder en producción de energías renovables y acabar con la dependencia energética de otras fuentes y no duda en defender que “tener conciencia medioambiental no es de derechas ni de izquierdas”, como aseguró frente a Vox días atrás en su discurso de investidura en el Parlamento. Nada que ver con los planteamientos de su compañera de filas en Madrid, Moreno defiende una "revolución verde" en su comunidad.

Sin consenso

En relación con la normativa plan de ahorro energético, y según publica este martes El Periódico de España, Andalucía ha defendido que este fue uno de los asuntos que el presidente Moreno llevó la semana pasada a Moncloa como iniciativa en su reunión con el presidente del Gobierno. “Le trasladamos la prioridad de Andalucía por abordar estos asuntos”, defendió el consejero de Presidencia andaluz, Antonio Sanz. La comunidad andaluza evitó en todo momento embestir contra el real decreto de plan de ahorro energético y tampoco mostró ninguna objeción o reticencia a su aplicación. “Sobre la normativa sí lamentamos que no se haya consensuado ni con las comunidades autónomas ni con el sector”, señaló Sanz.

“He puesto el énfasis en lo que nos interesa de verdad de la norma. Nos gustaría que se hubiera hecho de otra manera porque no se ha consensuado. Sí se coincidió en la reunión con Sánchez en que era un tema fundamental, el del ahorro energético, y además que no son solo eran medidas para lo inmediato. Más allá de la corbata o la no corbata, lo que interesa es si Andalucía tiene un modelo y como lo vamos a desarrollar. Vamos a defender lo que le interesa a los andaluces", defendió Sanz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

“Creemos que con este tipo de normativas se debe buscar consenso sobre estas estrategias a seguir”, incidió el titular de Presidencia. “Quedan muchas decisiones por analizar cuando conozcamos el real decreto”, agregó el responsable de la Junta sobre si Andalucía se plantea como Madrid acudir al Tribunal Constitucional. Después insistió en que en cualquier caso están obligados a cumplirla. Las competencias de inspección y sanción están en manos de las autonomías. Ayuso anunció en un primer momento que no apagaría la luz de los edificios públicos ni de los escaparates de los comercios porque, a su juicio, eso generará "inseguridad" y espanta "el turismo y el consumo". Madrid después ha matizado que irá al Constitucional.

Andalucía, líder en renovables

El Gobierno andaluz insistió en que lo que le “preocupa y ocupa principalmente” es poder fijar las bases de un modelo que prime a las energías renovables y que en ese sentido llevó Moreno un paquete de propuestas a Sánchez, con la aspiración de que Andalucía escale entre las primeras comunidades en producción de energía verde y sostenible y duplique su capacidad en diez años y sume diez gigavatios. Como ya sostuvo Moreno en su reciente investidura el objetivo es que en los próximos diez años la comunidad andaluza pueda llegar a la totalidad de la energía que consume actualmente en producción de renovables. Para eso plantea como prioridades que se agilicen los trámites para poder sumar más potencia y haya una simplificación administrativa y menos trabas burocráticas para estos proyectos.