Una vez aprobada de forma definitiva la reforma del Poder Judicial que emplaza al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde por cuota antes del próximo 13 de septiembre, el presidente del órgano de Gobierno de los jueces, Carlos Lemes, no perderá ni un minuto para impulsarla, ante el temor de que desde un determinado sector de esta institución se intente torpedear la obligación.

Así lo señalan a El Periódico de España fuentes del Consejo, que explican que, aunque no figure en el orden del día del Pleno que se celebra este jueves, la cuestión será planteada por Lesmes para tantear disponibilidad de fechas y empezar a trabajar sobre el sistema para elegir a los candidatos, dado el estrecho margen impuesto. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha sido reformada para obligar al CGPJ a hacer sus nombramientos en un plazo de tres meses, pero éste empezó a correr el pasado 12 de junio, cuando acabó el mandato de los magistrados del TC que hay que sustituir.

El propio Lesmes se refirió el viernes pasado a las dificultades de alcanzar el consejo requerido, que es de doce vocales. "Es necesario que los vocales se pongan de acuerdo en dos candidatos en un número muy importante y me esforzaré que esa situación se dé, pero tampoco la puedo garantizar, lógicamente", reconoció.

La intención de avanzar ya el asunto, comunicada a algunos miembros del órgano, se produce una vez la reforma se ha aprobado y tras su previsible publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves, según las mismas fuentes. Al ser ya algo definitivo, hay que establecer un plan de trabajo.

La competencia para fijar los plazos y la fecha del Pleno de nombramientos es de Lesmes, pero debido a que el encargo coincide con las vacaciones estivales, lo esperado es que el presidente tantee en primer lugar la disponibilidad de fechas de los vocales. El pleno o plenos que se celebren -pues no se descarta que se necesite más de una sesión- deben convocarse antes del 13 de septiembre, pero teniendo en cuenta el acto formal de apertura del Año Judicial al que acude el Rey, y que previsiblemente se celebrará en la semana que arranca el día 5 de dicho mes.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido en enero de 2020. EFE

Esto es porque desde que se dio a conocer la enmienda del PSOE que impone plazos al CGPJ, desde el sector conservador de este órgano se advirtió de que la reforma de la LOPJ es vinculante en lo concerniente al procedimiento, pero "no puede serlo en su resultado porque lo que no puede es comprometer la esencia en la toma de decisiones discrecionales de un órgano colegiado de plural composición".

Además de los candidatos de consenso, que se pactarían antes de celebrarse el Pleno de septiembre, cabe la posibilidad de que algunos vocales presenten individualmente sus propios candidatos y que también lleguen propuestas 'extra' por parte de determinados magistrados del Tribunal Supremo para que se valoren sus candidaturas, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Peligro ante un "falso progresista"

En todo caso, el ambiente está tan viciado ya en el CGPJ -ante el hastío que provoca que lleve en funciones desde hace más de tres años y medio-, que desde el sector progresista se advierte de que está en peligro la 'tradición' según la cual los nombramientos del CGPJ para el Tribunal Constitucional se corresponden siempre con un magistrado conservador y otro progresista, en aras al equilibrio de sensibilidades de este órgano. 

Al tener el sector conservador un total de once votos, únicamente haría falta que otro vocal se deslice hacia sus posiciones para tener la mayoría necesaria para poder optar incluso por dos magistrados conservadores para el TC. Otra posibilidad es que se cuele a un magistrado "falso progresista" que, en principio, pueda concitar el consenso.

Si esta situación se produce, el Tribunal Constitucional ya no tendría la mayoría de siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores que ansía el Gobierno, sino un tribunal fracturado en dos bloques de seis magistrados que precisaría el voto de calidad del nuevo presidente que se nombre para deshacer empates. Este sería el escenario ante debates de calado como los referidos a los recursos contra la ley del aborto, la eutanasia o la ley educativa (Ley Celaá).

Entre los nombres de consenso que empiezan a sonar, el del magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Pablo Lucas Murillo, jurista muy reputado y ponente, entre otras, de la sentencia que facilitó la salida del cuerpo de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Según las fuentes consultadas, Lucas no parece despertar antipatías en el sector conservador, si bien obligaría a ausentarse de la votación a su hermano, el vocal Enrique Lucas.

También aparecen en las quinielas el experto en mercantil Ignacio Sancho, de corte muy conservador, e incluso el de destacados miembros de la Sala de lo Penal como son Pablo Llarena, Antonio del Moral o el presidente Manuel Marchena; mientras que del lado más progesista se habla de Eduardo Espín, José Manuel Bandrés, Ricardo Bodas y de las magistradas Pilar Teso o Ana Ferrer.